Miente el juez que diga que todos los asuntos que llegan a su juzgado los resuelve bajo la misma óptica, como también (miente) aquel juzgador que sostenga que se pone una venda en los ojos antes de emitir y decidir hacer pública una sentencia, asegura el magistrado de circuito José Ángel Máttar Oliva, para quien la transparencia en el Poder Judicial Federal (PJF) es indispensable en aras de fortalecer el estado de derecho de cualquier país democrático.

El experimentado juzgador, quien saltó a la fama en 2005, cuando ordenó la aprehensión del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio, agrega que el acceso a la información en México es un derecho constitucional de cualquier ciudadano y sugiere que sus colegas amplíen sus criterios para que aumente el número de resoluciones judiciales publicadas en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), bajo el concepto de fallos considerados asuntos relevantes.

La Jornada hizo público en su edición de ayer el resultado de una estadística del CJF relativa a la base de datos de las sentencias ejecutoriadas y resoluciones públicas relevantes generadas por los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Las cifras documentadas revelan que de diciembre de 2004 a diciembre de 2009 los juzgadores federales han transparentado 926 fallos definitivos. Se trata de una cantidad ínfima de sentencias públicas, sobre todo si se toma en cuenta que en el país hay más de 700 juzgados y tribunales a nivel federal, y que en promedio cada órgano jurisdiccional resuelve alrededor de mil litigios por año.

Sobre la estadística que evidencia que los más de 600 juzgadores federales del país han optado en los cinco años recientes por no hacer públicas la mayoría de sus sentencias, Máttar dice que esta tendencia debe cambiar para favorecer la transparencia.

No acostumbro hablar a favor o en contra de otros juzgados. Sólo puedo decir que en el tribunal a mi cargo sí se favorece la transparencia y soy un convencido de que el camino correcto que favorece al PJF es el de la transparencia, dice en entrevista el encargado del único tribunal unitario penal de circuito en el estado de Quintana Roo, con jurisdicción exclusiva para esa entidad.

Agrega que varias de las sentencias que su tribunal ha enviado al CJF para su publicación en la página web, por alguna razón que desconozco no se hicieron públicas, por lo que sugirió que todas las resoluciones de asuntos relevantes se publiquen en cuanto sean declaradas definitivas e inatacables o, como dicen los abogados, cuando la sentencia esté debidamente ejecutoriada.

Los jueces debemos tener claro que no tenemos nada que ocultar y que abrir nuestras resoluciones al escrutinio de la sociedad nos ayuda a todos. El silencio de un juez no abona a la credibilidad de la institución que representa.

Refiere que el buen juez “debe tomar en cuenta el impacto que tenga en la sociedad alguna sentencia que firme como criterio básico para hacer pública una resolución. Lo importante es alejarnos de cualquier protagonismo mediático y no utilizar nuestras resoluciones para buscar fama o prestigio público, sino contribuir a dilucidar alguna cuestión de carácter público. Individualmente, los jueces debemos ampliar nuestro criterio en aras de la transparencia para ver qué asuntos sí, y cuáles no, deben hacerse públicos, sobre todo porque muchos compañeros se escudan en el supuesto de que todos los asuntos que resuelven cada día son igual de importantes para ellos, con el argumento de que cualquier justiciable es igual ante los ojos de la justicia.

“Nada más falso que eso. Los criterios para definir cuándo estamos frente a un caso relevante y de trascendencia parten de la persona y del hecho. Se tiene que ver la singularidad del caso, quién es el justiciable y/o el impacto que nuestra resolución pueda tener en la sociedad.

Por ejemplo, si se tratara del primer asunto singular, como es una orden de aprehensión contra un ex presidente de la República, como me ocurrió con el caso de Luis Echeverría, pues por supuesto que se fue a asunto relevante. O si se trata de uno relacionado con el secuestro de Diego (Fernández de Cevallos), por supuesto que sería relevante. Ningún caso puede ser igual a otro, concluye.