Los fiscales federales antidrogas desconocen el paradero del testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) identificado con el sobrenombre de Emilio, cuyas declaraciones llevaron a prisión en 2009 a 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos a 12 alcaldes de diversos partidos políticos, revelaron a La Jornada fuentes del Poder Judicial Federal.

Emilio, cuyo nombre real se oculta para proteger su identidad, es un ex integrante del cártel de La Familia que tras ser detenido, a principios de 2009, se acogió al programa de testigos protegidos y decidió colaborar con las autoridades ministeriales que en ese momento emprendían una investigación contra alcaldes y funcionarios de la administración del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

La declaración de este testigo colaborador de la PGR es la prueba toral con la que el gobierno del presidente Felipe Calderón abrirá un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para quitar el fuero al diputado perredista Julio César Godoy Toscano, medio hermano de Godoy Rangel.

Apenas el pasado jueves Godoy Toscano tomó protesta como legislador ante el pleno de diputados en San Lázaro, después de haber permanecido más de un año prófugo de la justicia, y pese a que existe en su contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada, la cual, por ahora, no podrá cumplimentarse debido al fuero de que goza el flamante diputado.

Desde hace casi un año no responde a las citas judiciales

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas este fin de semana, entre noviembre de 2009 y febrero pasado, autoridades del juzgado primero distrito con sede en Nayarit, a petición de varios abogados de ex funcionarios estatales y municipales implicados en el llamado michoacanazo, citaron a comparecer en diversas ocasiones a ese juzgado a Emilio, pero el testigo jamás acudió.

Las autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) justificaron el incumplimiento del mandato judicial mediante un oficio en el que informaron que el compareciente, sin previó aviso, abandonó el sistema de resguardo de testigos protegidos, según indicaron las fuentes consultadas.

La desaparición de un llamado testigo protegido no es algo nuevo en México.

En su edición del 13 de diciembre de 2009, La Jornada publicó que una investigación hecha durante años por la magistrada federal Lilia Mónica López Benítez documenta que al menos 80 por ciento de los más de 100 testigos protegidos que la PGR tenía bajo custodia en 2002 no pudieron sostener sus testimonios ante autoridades judiciales, ya que abandonaron el sistema de colaboradores del Ministerio Público y aún se desconoce su paradero, o debido a que fueron asesinados.

Ése y otros datos reveladores fueron recogidos por López Benítez, quien sostuvo que “en la mayoría de los casos los testigos protegidos han sido ejecutados, incluso en el momento mismo de la protección, cuando están en las instalaciones de la SIEDO o en cualquier lugar donde las autoridades los tengan bajo cuidado”.

La misma preocupación la comparte la ministra Ólga Sánchez Cordero, quien aseguró, también en entrevista con este diario, que “esto de los testigos protegidos es sumamente delicado. Yo te voy a confiar algo: en alguna ocasión, por ahí de 2002, teníamos varios expedientes de procesados y también de sentenciados por delincuencia organizada en la primera sala de la Suprema Corte. Te puedo decir que los dizque testigos protegidos, cerca de 20 o 30, no recuerdo bien, muchos de ellos ya habían sido ejecutados”.

El testigo protegido de nombre Emilio llevó a prisión a 12 alcaldes de Michoacán –sólo uno de ellos permanece en la cárcel– y a varios funcionarios cercanos a la administración del gobernador Godoy.

Tal fue el caso del ex procurador de Justicia de Michoacán, Miguel García Hurtado, quien el pasado viernes recuperó su libertad luego de permanecer más de un año en prisión.

De las 35 personas detenidas en esa operación, que se inició en mayo de 2009, 29 ya están libres.