Para el constitucionalista Clemente Valdez, la batalla que inició la actual administración contra el narcotráfico debe hacer reflexionar sobre dos aspectos: ¿Es función de los gobiernos perseguir y encarcelar a las personas adultas que estando plenamente conscientes del daño que pueden causarles algunos productos deciden consumirlos, como es el caso del tabaco, alcohol, de las drogas clasificadas y de muchos alimentos? Y asumiendo que algunas de las drogas seleccionadas en las leyes causan daños a la salud, ¿es conveniente poner en peligro la seguridad de la población para tratar de suprimir el consumo de esas drogas?

En un documento denominado Confusión de objetivos, el especialista subraya que si hay algo que la historia nos enseña, es la frecuencia con la que los gobiernos se equivocan en sus propósitos, confunden los medios con los fines y, en la búsqueda de objetivos que consideran convenientes, desencadenan males mayores que aquellos que buscaban combatir.

Subraya Valdez que la primera obligación de los gobiernos es garantizar la seguridad de los habitantes contra la violencia.

Sin la seguridad elemental en las calles, en el campo, en sus casas, en sus escuelas, todo lo demás sale sobrando. Se trata de algo prioritario, antes que el desarrollo económico, antes que la protección contra la explotación por sus compatriotas o por los extranjeros, antes que la educación y antes que la atención a la salud.

Se trata, antes que todo, de la seguridad física, de la integridad personal de los seres humanos que forman la población contra los ataques violentos de todo tipo de grupos e individuos.

Señala en su escrito que en 1919 el gobierno de Estados Unidos, preocupado por los desastrosos efectos que causaba el alcoholismo a escala individual y familiar, y por la violencia que generaba, prohibió la producción y venta de licor. Sin embargo, 14 años después derogó la disposición, porque para aquel entonces las buenas intenciones del gobierno habían causado daños enormes a la seguridad de los habitantes, un crecimiento brutal de la criminalidad y de la extorsión de comerciantes y empresarios; secuestros, consolidación de alianzas entre grupos criminales, etcétera.

En México, enfatiza, probablemente con la mejor intención, el gobierno federal, inició una guerra contra el narcotráfico, lo que ha provocado “un incremento de la delincuencia en todos los campos, muy parecido al que se dio en Estados Unidos.

“Desgraciadamente lo que empezó como declaración de una guerra metafórica contra ciertas sustancias seleccionadas como ‘drogas’, puede desembocar en una guerra total entre grupos armados oficiales y extraoficiales que acabe completamente con la seguridad de los seres humanos que, hay que recordarlo, es la primera razón de ser de cualquier gobierno.”

Por tal razón, enfatiza, lo oportuno de las dos preguntas mencionadas, porque los gobiernos deben aceptar que hay conductas nocivas a los mismos individuos que las ejecutan, que no se pueden erradicar totalmente de las sociedades y cuya persecución oficial directa causa daños mayores que los que esas conductas ocasionan, puntualiza.