n su informe a la Asamblea Legislativa, la semana pasada, el jefe de Gobierno del Distrito Federal marcó con claridad su posición en relación con la política de seguridad en la capital del país. Se inclinó por acciones preventivas y no por la represión, contrastando con ello la actitud que desde el inicio de este desordenado sexenio ha sostenido el gobierno federal y que nos tiene sumergidos en una especie de confusa guerra civil, en la que cada vez hay más violencia y crueldad y, lo peor de todo, más incertidumbre.
Esta actitud es claramente distinta y ajena a la que ha provocado una confrontación en la que suceden verdaderas batallas y persecuciones cruentas entre fuerzas públicas y criminales, donde cada vez más frecuentemente no hay prisioneros ni heridos, tan sólo bajas definitivas de quienes son calificados sin más, como sicarios
, lo que parece que a los ojos de los poderes públicos federales es suficiente para justificar su eliminación.
En la capital, la opción es por acciones dirigidas no sólo a combatir a la delincuencia con los procedimientos legales a su alcance, sino que se privilegian principalmente medidas preventivas encaminadas a segar las causas de la violencia y de la inseguridad. La estrategia en la urbe no es de choque ni se basa en considerar a los que violen la ley como enemigos: se trata de buscar por diversos medios una mejoría social de la población, para evitar las causas que propician en la ciudad el surgimiento de zonas y ambientes criminógenos.
En su informe, el titular del Ejecutivo del Distrito Federal da preferencia a la justicia social a partir del crecimiento económico con equidad y por el reforzamiento de lo que ha sido llamado el tejido social; claramente expresa que no es con más policías o más armamento con lo que se resolverán los problemas de la seguridad de nuestra gran metrópoli.
Pone el énfasis en el respeto a los derechos humanos individuales y a los derechos de la comunidad urbana; esta posición se ha ido abriendo paso en el discurso y en la práctica de quien gobierna la ciudad de México. En los hechos se corrobora con el mantenimiento de los programas sociales heredados de la administración anterior y con la implementación de nuevos, que están ya mostrando sus efectos; especialmente destacó el apoyo a jóvenes que se encuentran estudiando, las oportunidades para quienes no pueden hacerlo formalmente y otras medidas de ese carácter, que van dando en su conjunto buenos resultados.
El informe del martes 21 es por ello alentador; entre las dos opciones extremas con las que se puede enfrentar la inseguridad, sin descuidar la represión legítima de la autoridad cuando se cometen delitos, el gobierno de la ciudad se inclina por la prevención. Lo peor en esta materia es enfrascarse en una escalada de violencia que provoca más violencia y lo más razonable es atender a las causas que generan la inseguridad y no conformarse con combatir los efectos.
A jóvenes a los que la sociedad no ofrece, cuando inician su vida productiva, sino incertidumbre, desempleo y futuro incierto, no se les puede exigir que cumplan estrictamente con las reglas de una convivencia que beneficia a otros y que para ellos sólo representan restricciones, reprimendas y persecuciones. Es muy fácil concluir que es en esos ambientes marginados en los que la delincuencia organizada recluta a sus nuevos integrantes y más difícil es tratar de modificar desde adentro las situaciones de marginación y desesperanza.
Por ello, la respuesta socialmente válida es la que han dado durante una larga década los gobiernos de izquierda de la capital, respuesta que consiste en atender las causas profundas de la delincuencia y no reducir todo a perseguir y encarcelar.
Es muy importante poner el acento en la prevención y desterrar la intolerancia que lleva a extremos cada vez más graves en los que buena parte de los males que sufre la sociedad provienen de las mismas medidas tomadas para, supuestamente, defender y cuidar la convivencia. Los daños colaterales, como se les ha denominado, con un eufemismo hipócrita, no son sino crímenes, no siempre atribuibles a los delincuentes. Frecuentemente son policías o soldados los que disparan en contra de los ciudadanos, impulsados por el nerviosismo y la tensión que una guerra provoca, pero de ninguna manera justificables.
Todo lo que vaya encaminado a fortalecer los lazos sociales y a facilitar la convivencia entre los ciudadanos, todo lo que signifique tolerancia cuando esta sea posible y destierre intolerancias que desatan desgracias mayores, será bienvenido en estos difíciles momentos por los que pasa el país.
Alienta saber que hay servidores públicos que mantienen la congruencia de una línea política inclinada a resolver problemas y no a eludirlos o a solucionarlos creando problemas mayores y más graves.
