En fechas recientes se han incrementado los casos de extorsión o cobro por derecho de piso a los comerciantes ambulantes de esta capital, quienes son forzados a pagar cuotas a grupos delictivos a cambio de no ser asaltados, secuestrados o afectados en sus bienes patrimoniales o mercancía. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tan sólo en el periodo de enero a julio de este año se iniciaron mil 290 averiguaciones previas por denuncias de ese tipo.

Un informe de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de esa dependencia detalla que el número total de querellas recibidas en los primeros siete meses de este año refleja que, en promedio, diariamente se presentaron 6.1 quejas de tentativa de extorsión ante la procuraduría, y al avanzar en la averiguación iniciada se comprobó que en 715 casos sí se concretó ese ilícito.

Tal fue el panorama expuesto por el diputado local del PRD Leonel Luna, quien precisó que los datos oficiales de la PGJDF muestran un problema que está afectando gravemente a los capitalinos, por lo que planteó hacer más severas las penas para los delincuentes que incurran en esas conductas.

En conferencia de prensa, el legislador detalló que uno de los sectores sociales que se han vuelto objeto de extorsiones son los vendedores informales, quienes son víctimas ya no sólo de aquellos que eran conocidos como sus líderes, sino ahora hasta de personas cercanas a ellos, quienes son parte de grupos delictivos o se hacen pasar como tales.

Detalló que la forma de operar de esos sujetos consiste en obligar a los ambulantes a pagar lo que se conoce como derecho de piso, es decir, una cuota por el uso del espacio físico donde ofrecen sus mercancías.

Luna Estrada precisó que mediante ese pago los comerciantes garantizan ser protegidos de eventuales daños, ya sea en su persona o en los bienes que comercializan, o peor aún, son amenazados de ser sujetos de un delito mayor, como el secuestro, lo que lleva a que el afectado sucumba ante tales peticiones.

Añadió que, según denuncias, esas anomalías se han presentado fundamentalmente entre vendedores informales de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La propuesta que ayer formuló el diputado local es reformar la última parte del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, que agregaría una causal al delito de extorsión e incrementaría las penas a quien resulte responsable.

Resaltó que de ser aprobada esa modificación quedaría especificado que el delito de extorsión se agravará cuando se obtenga un lucro económico a manera de cuota o pago para permitir la realización de la actividad comercial a la que se dedique el sujeto pasivo, calificativo que –dijo Luna– permitirá aumentar el tipo penal básico en una mitad de la sentencia.

Actualmente el delito de extorsión se castiga con una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 100 a 800 días de salario mínimo.