Contra la supervía
a supervía poniente es un proyecto perverso, porque para facilitar el tránsito de unos cuantos afecta negativamente la calidad de vida de muchos: ignora el derecho de la infancia a espacios de juego y movilidad segura; elimina áreas importantes para los adultos mayores, para sus baños de sol y caminatas diarias, necesarios para su salud. Además, altera la ecología de grandes zonas, la dinámica natural de los flujos de agua y despoja de sus viviendas y de su vida comunitaria a muchas familias.
La ciudad de México parece cada vez más una hechura del doctor Frankenstein, pues hace muchos años que la planeación urbana prácticamente no existe. Se construye a capricho, sin visión de futuro y pensando, sobre todo, en jugosas ganancias por autorizar licencias de construcción, lo mismo para gasolineras en zonas de riesgo que para departamentos de dimensiones Liliput, o vías rápidas que han mostrado no ser solución, ni siquiera en el corto plazo, a vialidades saturadas de automóviles (diseñados como expresión de prepotencia y no de acuerdo a las dimensiones de la ciudad y el número de sus habitantes), se fomenta el uso del automóvil y se amplían las zonas de estacionamiento prohibido como si se tratara de asegurar las ganancias de grúas y estacionamientos.
Por este camino se nos condena a todos: a los adultos a vivir en estado permanente de estrés, y a niños y jóvenes a cárceles de cemento, a encierros solitarios y menos oportunidad de juego cuando, con mucho menos de lo que se calcula gastar en la supervía, se les podrían ofrecer áreas deportivas y plazas de encuentro, así como invertir en transporte público, que será lo único que en el mediano plazo hará viable el desplazamiento en el DF.
Lo bueno de este proyecto, sin embargo, está en la oportunidad de que los ciudadanos se ejerciten y enseñen a los niños a participar en la defensa de sus derechos. Pues queda claro que cada vez será más necesario que los ciudadanos podamos organizarnos para acotar decisiones de gobernantes, los cuales no toman en cuenta la opinión ni las necesidades reales de la mayoría.
Tal vez haya que buscar nuevas fórmulas para la democracia que eviten el dispendio en salarios inútiles de jueces y legisladores, para dar paso a consejos ciudadanos que, voluntariamente, se constituyan para rechazar o aprobar proyectos de trascendencia social y se disuelvan una vez resuelto cada conflicto. De modo que todos los ciudadanos y los expertos, en cada caso, podamos ir decidiendo la ciudad y el país que queremos para nosotros y para nuestros hijos.
