n un reporte presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el organismo da cuenta de un brusco encarecimiento en los precios de granos básicos: entre julio y septiembre, los costos internacionales del trigo aumentaron hasta 80 por ciento; los del maíz lo hicieron en 40 por ciento y los del arroz, con un comportamiento más moderado, crecieron 7 por ciento. La volatilidad de los precios de los cereales fue calificada ayer como la mayor amenaza para la seguridad alimentaria por un grupo de expertos del organismo internacional, convocados a una reunión extraordinaria en Roma este fin de semana.

En efecto, el escenario es delicado y preocupante si se considera que los cereales mencionados constituyen la base de la alimentación mundial y que su encarecimiento tendrá impacto negativo en la economía de los países pobres y en sus respectivas poblaciones.

No deja de ser significativo que el incremento de los precios de estos productos ocurra en una época de notable crecimiento en la producción alimentaria mundial: la propia FAO informó anteayer que la cosecha de cereales en 2010 –unos 2 mil 239 millones de toneladas– será la tercera más alta de la historia. Este ensanchamiento coincide, sin embargo –como reconocieron los expertos del organismo multinacional–, con el creciente interés de los grandes capitales en invertir en alimentos en los mercados a futuro, y con los temores de escasez derivados de medidas como la suspensión de las exportaciones rusas y la adquisición, por parte del gobierno egipcio, de grandes cantidades de granos. No se trata, pues, de un problema de escasa producción de comida, sino de pobreza y de voracidad especulativa.

La circunstancia descrita constituye una descalificación rotunda al modelo económico impuesto desde los años 80 del siglo pasado por los centros de poder mundial, cuya lógica considera a la alimentación como una inmensa oportunidad de negocio, no un derecho fundamental y básico. En naciones pobres y dependientes como la nuestra, la aplicación de las políticas de ajuste estructural dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial representó el abandono de los entornos agrícolas; el desmantelamiento del apoyo estatal a la pequeña agricultura y la eliminación de los incentivos a la producción y el consumo internos; la especialización de cultivos según un incierto modelo de ventajas comparativas, y la aceptación de los injustos términos del intercambio comercial planetario. Hoy día, han quedado en evidencia los efectos nefastos de la aplicación de esas directrices: el sometimiento de las necesidades alimentarias de mayorías depauperadas a las necesidades de los países ricos y la ambición de los especuladores, así como la generación de escenarios de desabasto y hambruna.

En el caso de México, el incremento de los precios de los granos ocurre en circunstancias particularmente adversas. En lo coyuntural, el país enfrenta la devastación causada por los huracanes Karl y Alex en Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas que, a decir de la FAO, tendrá un impacto negativo en la producción de cereales. Más grave resulta el nivel de dependencia alimentaria –superior a 50 por ciento– que el país ha alcanzado en años recientes como consecuencia de la aplicación acrítica de las directrices neoliberales. Así lo demuestra, entre otros elementos, el incremento de 13.8 por ciento en las importaciones de maíz entre enero y julio de este año.

La recuperación de la soberanía alimentaria, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones de la región y del mundo, no figura entre las prioridades del gobierno federal, a pesar de que se trata de un tema central y de evidente importancia para la seguridad nacional. Pero así sea para evitar una erosión mayúscula en la maltrecha gobernabilidad del país, se debe activar una política gubernamental que tenga como fin asegurar la alimentación básica de la población y preservarla ante las fluctuaciones de los mercados mundiales.