uego del anuncio de que la justicia italiana investiga al Instituto para las Obras Religiosas (IOR) –popularmente conocido como Banco Vaticano– por presunto lavado de dinero, la sede papal defendió ayer, en un artículo publicado en el rotativo L’Osservatore Romano, la integridad y transparencia de ese organismo, y atribuyó el incidente a una incomprensión de las autoridades italianas. Por su parte, el presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, afirmó sentirse humillado por la investigación referida, y sostuvo que se está usando un error de procedimiento como una excusa para atacar al instituto, a su presidente, y al Vaticano en general.

No es ésta la primera vez que el Vaticano se ve envuelto en escándalos por presuntos fraudes fiscales y lavado de dinero. Por citar algunos de los episodios más célebres, debe recordarse la documentada participación de la institución financiera vaticana en operaciones de lavado de la mafia italiana, con la que estableció vínculos desde finales de la década de los años 60 a instancias del banquero Michele Sindona, a la sazón asesor financiero de Paulo VI. También, en 1982, la sede papal se vio involucrada en el escándalo político-financiero de la quiebra del Banco Ambrosiano –cuyo principal accionista era el propio Vaticano–, atribuida a los malos manejos del arzobispo Paul Marcinkus, entonces director del IOR. Es decir, existen elementos suficientes para poner en entredicho la transparencia e integridad del Banco Vaticano en lo que se refiere a las operaciones con dinero sucio.

En el caso presente, las investigaciones de la justicia italiana contra el IOR y sus dirigentes están relacionadas con un hecho concreto: la realización de dos trasferencias bancarias –una de 20 millones de euros a JP Morgan y otra de 3 millones al Banco del Fucino– realizadas por orden de Gotti Tedeschi sin informar a las autoridades locales y sin proporcionar los datos del sujeto físico o jurídico responsable del movimiento, en lo que implicaría una violación a las normativas de la Unión Europea contra el lavado de dinero.

Así pues, la sede terrenal de la Iglesia católica dista de ser una institución inmaculada y no tiene por qué ser ajena a los fenómenos de corrupción que recorren el mundo. Por el contrario, la historia vaticana registra, desde hace siglos, numerosos manejos monetarios fraudulentos, y actualmente no hay motivo para eximir al papado, en automático, de sospecha, y menos para que las autoridades seculares le otorguen a priori exculpaciones penales o administrativas. Una de las facultades primordiales de los estados contemporáneos es investigar las presuntas violaciones a la ley. Ni la jerarquía católica ni ninguna otra institución religiosa deben disfrutar, ante tal atribución, de fuero o privilegio alguno. Por ello la investigación relacionada con el IOR debe ser llevada a sus últimas consecuencias y disipar o confirmar los indicios de movimientos financieros indebidos.

Una implicación ineludible del episodio actual es que si las sospechas judiciales resultaran fundamentadas, ello colocaría a la institución que preside Joseph Ratzinger en una circunstacia particularmente indeseable, pues ahondaría el desprestigio mundial que actualmente enfrenta la Iglesia católica por los numerosos casos de agresión sexual protagonizados por diversos sacerdotes en diversos continentes. Ciertamente, la curia romana no ignora esta peligrosa posibilidad, y acaso ello explique la iracunda reacción vaticana ante la pesquisa recién iniciada y el reclamo de impunidad, expresados ayer mismo por L’Osservatore Romano, en el sentido de que “el IOR no puede ser considerado un banco como los otros (pues) administra los bienes de instituciones católicas a nivel internacional y (…) está fuera de la jurisdicción de los diferentes bancos nacionales”.

Al margen de lo que resulte de la investigación referida, la Iglesia católica no podrá restaurar su credibilidad y su prestigio en tanto persista en reclamar, así sea con un léxico contemporáneo, fueros medievales.