La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el ataque que sufrieron dos fotógrafos de El Diario, en Ciudad Juárez, el pasado 16 de septiembre, en el que murió Luis Carlos Santiago. Asimismo, el organismo hizo un llamado al Estado a aplicar de inmediato las acciones necesarias para disuadir e impedir la repetición de estos crímenes.

El asesinato cometido en la urbe juarense contra el fotógrafo de El Diario reafirma la urgente necesidad de que el Estado mexicano implemente de inmediato una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante la situación crítica de violencia que enfrentan las y los periodistas en México, añade la CIDH.

En este contexto, la relatoría especial para la libertad de expresión señala que considera de la mayor gravedad la continuación de los asesinatos contra periodistas en México, que con este homicidio ascienden al menos a diez durante 2010.

Subraya que, como lo constataron los relatores de la CIDH y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su visita conjunta al país en agosto pasado, la violencia ejercida contra trabajadores de los medios de comunicación es alarmante y tiende a agravarse.

El organismo internacional instó al Estado mexicano a impulsar medidas que protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores y la aplicación de mecanismos de seguridad que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.

Asimismo, le recordó al Estado mexicano que, según el noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.