l gobierno mexicano promoverá el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.
Las más de 170 corporaciones trasnacionales que han promovido desde la firma del Protocolo de Kyoto los mercados de carbono como un mecanismo viable para comprar créditos por reducción de emisiones a partir de los bosques de los países del sur (mientras mantienen sus industrias contaminantes en el norte) requieren una señal positiva de que los mercados del gas progresan. Estos mercados existen aun sin el REDD y tienen como trasfondo la privatización del aire, que hasta ahora es un bien común. Por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compraventa los países industrializados están adquiriendo de los países del sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire.
Las corporaciones y gobiernos que han invertido en los mercados de carbono han sido enfáticos en que el carbono debe ser una mercancía totalmente comercializable. Los bonos de carbono deben poder venderse en los mercados secundarios y de derivados, participar en los índices de precios y cotizaciones junto con el petróleo o el trigo, y comprarse tantas veces como se quiera, cotizar en bolsa y entrar a mercados de especulación. Para algunos analistas, el carbono puede ser el próximo activo tóxico.
Las comunidades y gobiernos que vendan sus certificados de carbono por reducción de emisiones en el mercado primario pueden verse imposibilitadas de recuperar sus bosques puestos como garantía, cuando sus certificados sean parte de los mercados de derivados.
Pero además este programa tendrá efectos directos sobre la vida de las comunidades forestales y pueblos indígenas que habitan y dependen de los bosques. En los países del sur los bosques en su mayoría son propiedad de los estados: en África, 98 por ciento; en Asia, 66 por ciento; en Latinoamérica, 33 por ciento, mientras que una mínima parte es propiedad de comunidades y pueblos indígenas. No obstante, esos bosques de propiedad estatal son el hogar de miles de pueblos nativos, que dependen de ellos para reproducirse como tales. México es una excepción, ya que como conquista de las luchas sociales, 59 por ciento de los bosques son propiedad de las comunidades y pueblos indígenas; 34 por ciento están en manos privadas, y sólo 8 por ciento son propiedad del Estado.
Entre otras implicaciones, el REDD++ afecta los derechos de uso de los pueblos nativos sobre sus bosques, y depende de qué tan autoritario es un país para imaginar sus efectos. De ahí que la Red Indígena sobre el Medio Ambiente denunció que a partir del REDD se prevé la mayor usurpación de tierras de la historia. Las experiencias ocurridas a los pueblos ogooni en Nigeria, los ogiek de Kenia y las comunidades de guaraqueçaba en Brasil son una muestra de la política de bosques cercados, con expulsión e incluso genocidio de los pueblos indígenas que los consideraban su hogar. Al aumentar el valor económico de los bosques, el interés de agentes estatales y privados por enajenarlos de las comunidades que los habitan crece.
No obstante, en México algunas organizaciones forestales están interesadas en promover el REDD++, que incluye un componente de manejo sustentable de los bosques y de conservación de reservas de carbono. Aunque sería justo y deseable que las comunidades forestales fueran compensadas por su excelente manejo y cuidado de los bosques y por el importante papel que éstos cumplen en tiempos de crisis climática, los efectos de la política ambiental sobre los pueblos nativos prenden focos rojos que atender. La política ambiental parte del supuesto de que la conservación viene de fuera, a pesar de la evidencia histórica que demuestra que los sitios naturales mejor conservados coinciden con los territorios indígenas en el país. Es la cosmovisión de los pueblos indígenas la que ha permitido la conservación de su hábitat y no las reglas ni prohibiciones de los administradores de la política ambiental internacional y nacional.
Las áreas naturales protegidas son el corolario de una política de colonización y despojo. Atentan directamente contra la propiedad social y son un instrumento moderno para expropiar el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios. En un país que continúa negando el derecho a la autonomía de los más de 56 pueblos indígenas, el REDD++ se coloca como un nuevo instrumento de enajenación del control de los pueblos indígenas sobre su territorio. Las áreas protegidas de carbono que el REDD++ establecerá tendrán los mismos efectos que cualquier otra área natural protegida, en tanto que los pagos por manejo sustentable del bosque son el señuelo para que las comunidades y pueblos indígenas lo acepten.
