Seminario en la UNAM Que los subsidios atiendan a la agricultura campesina Ivan Polanco El Seminario Internacional Transparencia y Rendición de Cuentas de los Subsidios Agrícolas: Políticas Públicas y Modelos de Desarrollo Rural, realizado el primero de septiembre en la Facultad de Economía de la UNAM, concluyó que es indispensable reorientar las subvenciones al agro hacia objetivos claros de impulso a la producción nacional de alimentos y sobre todo de fortalecimiento de las agriculturas campesinas. También se afirmó que el viraje de los subsidios tendrá que darse en el marco de un cambio en el modelo de desarrollo que ha imperado en los 25 años recientes. Quedó firme el concepto de que la agricultura es inviable sin subsidios. Pero se debe eliminar la inercia de presupuestos crecientes y resultados malos, y más bien los actores políticos y sociales del país deben c o n s t r u i r por consenso una nueva agenda que dé prioridad a atender la pobreza rural y elevar la producción de alimentos pero de manera sustentable y atendiendo los retos que impone el cambio climático. Y que por consenso también se defina cómo tiene que ser ejercido el presupuesto rural. Los participantes –miembros de organizaciones campesinas y de la sociedad civil; académicos y especialistas de México, Estados Unidos y Europa, y representantes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo– coincidieron en su diagnóstico del ejercicio del presupuesto del medio rural: no hay planeación, no hay rumbo, la aplicación de los recursos es errónea, la calidad de la información de los padrones de beneficiarios es deficiente, falta transparencia, y mientras el campo está en crisis continua. El seminario fue organizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación; por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); la Facultad de Economía de la UNAM ,y el Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Director de Políticas Públicas de ANEC

En defensa de un Procampo reformado

Víctor Suárez Carrera

Es lugar común hablar de la necesidad de reformar el Procampo, el mayor programa de subsidios de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). Pero no hay acuerdo acerca de cuáles deberían ser sus virajes y para qué fines.

Para algunos, el Procampo debería desaparecer, recortarse o trasladarse a la Sedesol para mejorar su "impacto redistributivo" y "combatir mejor" la pobreza rural.

Para otros (el Consejo Nacional Agropecuario, CNA; la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la propia Sagarpa), el Procampo debe mantenerse en el espíritu original de sus creadores (Carlos Salinas y Luis Téllez y sus mentores del Consenso de Washington) con pequeños ajustes cosméticos.

Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) proponen en cambio las siguientes reformas urgentes del Procampo para los años 2011-2020.

1.Cambiar los fines del programa. El Procampo neoliberal de Carlos Salinas y Luis Téllez se orientó a favorecer la desvinculación –decoupling– de los subsidios agrícolas de una política de Estado respecto de la producción doméstica de alimentos y de las decisiones productivas de los agricultores, a efecto de que fueran “las señales del mercado” las que determinaran qué producir, cuánto y dónde producir, así como quién debía producir. Los nuevos fines del Procampo reformado deben estar determinados a su vez por un cambio radical en la orientación de las fallidas políticas agroalimentarias hegemónicas desde 1982 a la fecha.

2.Nuevos fines del Procampo reformado. Deben ser: a) Impulsar la producción sustentable de alimentos sanos principalmente en pequeñas y medianas unidades de producción rural (UPR) de temporal para defender el empleo agrícola, favorecer la seguridad alimentaria familiar y a escala local, disminuir la dependencia alimentaria y mitigar la vulnerabilidad nacional frente a los factores externos e internos; b) Incentivar la regeneración de los suelos agrícolas y la utilización de buenas prácticas de cultivo; c) Mejorar la distribución del ingreso entre las unidades de producción rural de menores ingresos, y d) Impulsar un nueva cultura de corresponsabilidad productores-Estado y de transparencia y rendición de cuentas.

3.Propuestas concretas para el Procampo: -El Procampo y sus reformas deben elevarse a rango de ley, preferentemente dentro de la Ley de Planeación para la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN), cuya minuta se encuentra en el Senado para ser dictaminada, o en una ley especial, la Ley del Procampo. Esto, a fin de dar certidumbre a sus beneficiarios en el mediano-largo plazo (2011- 2020) e impedir el uso discrecional y políticoelectoral del gobierno federal por medio de la expedición de un nuevo decreto presidencial y/o la modificación unipersonal de las reglas de operación del Procampo reformado.

-Presupuesto del Procampo reformado. Debe ser el monto aprobado en 2010 (16 mil 150 millones de pesos) con una actualización anual equivalente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es inaceptable la propuesta del gobierno federal de recortar en más de tres mil millones (27 por ciento) el presupuesto del Procampo para 2011.

-Nuevos techos. Se propone establecer en 30 hectáreas el tope del apoyo a los beneficiarios elegibles del Procampo, en lugar de cien hectáreas como hasta ahora, y limitar el apoyo a un solo ciclo agrícola. Ello permitiría concentrar el apoyo en las pequeñas y medianas UPR y disponer de recursos adicionales tanto para aumentar las cuotas para los productores de hasta cinco hectáreas como para incorporar 500 mil nuevos beneficiarios de pequeñas UPR de hasta cinco hectáreas en localidades rurales marginadas y en regiones indígenas.

-Aumentar diferencialmente las cuotas a favor de las pequeñas y medianas UPR. Con los recursos disponibles derivados de los nuevos topes de apoyo y de la depuración del padrón de beneficiarios, duplicar a partir de 2011 los apoyos actuales, de 2010, a productores con menos de una hectárea, incrementar en 75 por ciento los apoyos a UPR de entre 1.1 y cinco hectáreas, 50 por ciento a UPR de entre 5.1 y diez hectáreas y mantener al apoyo actual a las UPR de entre 10.1 y 30 hectáreas. De 2012 en adelante, las cuotas deberían actualizarse de acuerdo con el INPC.

-Incorporar 500 mil nuevos beneficiarios al Procampo reformado. Asimismo, con los recursos derivados de los nuevos topes así como de la depuración del padrón del Procampo, incorporar 500 mil nuevos beneficiarios entre las UPR de hasta cinco hectáreas de localidades rurales marginadas y regiones indígenas.

FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

-Obligatoriedad de la entrega de los apoyos dos meses antes de las siembras. A fin de potenciar el uso productivo, oportuno y pleno –sin recortes por comisiones, intereses y/o mordidas– de los apoyos del Procampo reformado, éstos deberán entregarse por ley con dos meses de anticipación a las fechas de siembra.

-Contratos multianuales para la regeneración de los suelos y el uso de buenas prácticas de cultivo (“Procampo ecológico”). Para incentivar una cultura de corresponsabilidad y sustentabilidad en el cuidado de los suelos y demás recursos involucrados en la actividad agrícola y para aquellos productores que firmen y cumplan contratos multianuales para la regeneración de sus suelos y el uso de buenas prácticas de cultivo (conforme un catálogo de acciones y prácticas predeterminadas), el Procampo reformado otorgará un 25 por ciento adicional a la cuota por hectárea.

-Transparencia y rendición de cuentas. El Procampo reformado debe suponer un reforzamiento de los compromisos y acciones del gobierno federal con la transparencia y rendición de cuentas, estableciendo un identificador único por beneficiario, poniendo en línea la información del Padrón de Beneficiarios en forma confiable y comparable (siguiendo el ejemplo del portal Subsidios al Campo, www.subsidiosalcampo.org.mx) y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y contraloría social efectiva a todos los niveles.

Defender y reformar el Procampo es una necesidad ineludible y una tarea central del movimiento campesino progresista, organizaciones sindicales, movimientos urbanos, legisladores y académicos comprometidos con la revalorización de la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y la igualdad en el campo. Las reformas necesarias propuestas aquí están al alcance de la mano en el corto plazo. Para esto, es necesario que las fuerzas sociales y políticas progresistas se unan y propugnen para que se incorporen estas propuestas como mandatos al Ejecutivo Federal en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (artículos y anexos) que será aprobado en la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre próximo. Asimismo, es necesario que dichas fuerzas se decidan a presionar al Senado de la República para aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones, con las modificaciones pertinentes, la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN).

Defender y reformar el Procampo es una tarea central pero completamente insuficiente. Una golondrina no hace verano. Un programa, aun reformado, no es la política requerida; apenas es uno de sus instrumentos. Hoy más que nunca, a la luz del reiterado fracaso de las políticas agroalimentarias neoliberales y la persistencia de la crisis alimentaria, económica, social y ambiental, es imprescindible luchar por un cambio radical de modelo agroalimentario y sus políticas públicas, incluidas las presupuestarias.

Se requiere que la soberanía alimentaria y la revalorización de los campesinas y las campesinas estén el centro de un nuevo modelo agroalimentario y de gestión de los territorios rurales.

Para eso se requiere una sociedad rural más organizada, con propuestas claras para el resto de la sociedad y para el país en su conjunto y un gobierno progresista.

¿Será que lo conseguiremos en el 2012 o continuaremos con más de lo mismo?

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)