Acepta Sagarpa:
los subsidios concentrados, inerciales, políticos y antiecológicos

FOTO: Lourdes Edith Rudiño

• Mayorga: el PEC 2011 atenuará el problema
• “Población redundante en el agro”, seria preocupación

Lourdes Edith Rudiño

Es cierto que la política de subsidios agrícolas de México ha tendido a concentrar el ingreso regionalmente y en ciertos estratos de productores, porque muchos de los programas están vinculados a la producción y, obviamente, quien más produce más captura esos subsidios.

Pero confrontar esto sale del ámbito específico de las políticas del agro; depende en buena medida de otras políticas que hacen mucha falta en México: la fiscal aplicable al agro, que hoy por hoy no existe, y fórmulas que frenen la pulverización de la tierra, pues sólo permitiendo la compactación de predios serán viables y eficientes actividades donde la escala de producción es muy importante, como las del sector azucarero, las plantaciones forestales comerciales y los cultivos perennes, afirmó el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda.

Para el funcionario, un problema estructural del campo es “la población redundante que está en el sector agropecuario”. Con la comparación entre la Población Económicamente Activa y el Producto Interno Bruto sectoriales “nos estamos dando cuenta de que hay demasiada gente queriendo vivir de pedazos de tierra cada vez más pequeños, y además deteriorados, con suelos erosionados, agostaderos sobrecargados, bosques muy taladas y corrientes de agua muy contaminadas que hacen poco viable el uso productivo”.

El hecho es que aunque ese planteamiento lo ha expresado el Ejecutivo desde hace más de 20 años, no se han generado suficientes empleos en sectores de la economía diferentes al agro que den opción a esa población “redundante”, y los pocos empleos que se generan son en su mayoría de baja retribución y “por eso creo que hay un problema de política económica general y no sólo de política de subsidios rurales (...) el modelo general de desarrollo no ha sido muy afortunado. No podemos esperar que la pobreza rural se resuelva sólo con la agricultura, ganadería y pesca; forzosamente tenemos que sacar gente de esas actividades para aumentar la productividad del sector. La pobreza rural ha prevalecido a pesar de que cada sexenio se han venido multiplicando los canales de transferencia de ingresos directos a esa población más desprotegida, y creo –en coincidencia con lo que plantean organismos internacionales– que por medio de políticas públicas que estimulen la producción, capacitación, infraestructura, esto es bienes públicos focalizados a esos sectores, sí se podría tener más éxito que con las puras transferencias de ingreso”.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoció que hay ineficiencias serias en el ejercicio del presupuesto público del campo. “Hay problemas de diseño del gasto. Al privilegiar bienes o proyectos privados, la demanda de apoyo a proyectos es enorme y no hay criterios bien claros de calificación. Y viene mucho la mentalidad de las cuotas: cada sistema-producto, cada organización, cada estado, quiere tener una cuota sin considerar su capacidad de gasto eficiente. No estimulamos a los que gastan bien y no castigamos a los que gastan mal. Hay como un afán justiciero de decir ‘tenemos que repartir equitativamente’ (...) y no contamos con un sistema de penas e incentivos para la burocracia, las organizaciones y los gobiernos estatales”. La situación se vuelve inercial: “simplemente hay que darles y hay que darles y hay que darles, y por supuesto que están los componentes políticos”.

Y esa mentalidad justiciera, continuó, también lleva a tolerar muchas prácticas depredadoras del medio ambiente donde están involucrados subsidios agrícolas. “Un ejemplo es el Progan, que es un programa de subsidios a la ganadería bovina que tiene un criterio ambiental, pues busca equilibrar la capacidad de los agostaderos con la carga animal. En los ejidos y zonas indígenas con tierras de uso común es donde hay más desequilibrios y erosión del suelo. Este 2010 revisamos cada una de las unidades pecuarias que tienen Progan para evaluar si estaban cumpliendo los objetivos de conservación firmados por el beneficiario (...) Cuando vemos que no se cumplen, hay una presión enorme de que paguemos Progan a ciegas, que no haya ningún condicionamiento porque la gente está muy necesitada. ¿Qué hacemos ante eso? La presión viene de líderes, organizaciones, algunos diputados, senadores, gobernadores. Nos dicen ‘pobre gente, ¿cómo la vas a dejar sin su Progan?’ A la larga ese tipo de políticas justicieras acaba perjudicando a la gente que se quiere beneficiar, porque una vez que se acabe el agostadero, tal vez en unos cinco años, aunque haya habido 20 personas viviendo allí, ya no va a vivir ninguna. Y sus descendientes tampoco van a vivir de eso”.

La tarifa eléctrica subsidiada para bombeo de agua es otro caso. Los acuíferos en el norte están sobre-explotados. Y aun en zonas ricas como La Laguna, muchos productores, en este caso de leche, están amparados para no pagar la energía. ¿En qué mundo vivimos? Es necesario un cambio de mentalidad de la gente.

–Se dice que los subsidios a la comercialización son perversos; benefician a grandes intermediarios, generan competencias desleales y propician caídas generalizadas de los precios al productor cuando por ejemplo llega maíz de Sinaloa con esos subsidios a Chiapas. ¿Es cierto?

FOTO: Jesús Villaseca / La Jornada

–Sí generan muchos efectos indeseables, pero no tenemos los mecanismos legales para hacer una mejor planeación de la producción agropecuaria. Está la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que nos obliga a planear la producción, pero en la práctica no tenemos dientes. Aunque hay un ejercicio de planeación en cada ciclo agrícola para distribuir el agua de riego, en la práctica la gente de Sinaloa sigue sembrando maíz blanco a ciencia y conciencia de que hay un problema de comercialización de este grano y la gente de Mexicali sigue sembrando trigo cristalino a sabiendas de que se va a ir a la alimentación pecuaria o a la exportación subsidiada. Por eso pedimos a los legisladores que nos den capacidad para hacer cumplir la ley y que la planeación sea efectiva. Ocurren cosas todavía más negativas: nos dicen “¿quieres que no produzca maíz blanco porque hay excedentes?, ¿quieres que produzca sorgo o maíz amarillo?, ¿cuánto me vas a dar extra de subsidios para que cambie?” Entonces se hace una piramidación de subsidios en el mismo grupo de población.

–Entonces ¿estamos entrampados? ¿Qué cuentas le va a entregar este gobierno a la sociedad sobre el gasto público rural?

–Eso que opinan algunos analistas y expertos, estudios, de que no vamos bien, es algo que comparten otros agentes del sector, algunas organizaciones, algunos gobiernos estatales, congresistas, burócratas y empresarios. Y hay disposición al cambio. El chiste está en que logremos ponernos de acuerdo en el cambio. Con la propuesta del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) 2011 he encontrado eco y tengo ciertas esperanzas de lograr un buen avance.

Ya hemos dado el primer paso, que es convencer a la Oficina de la Presidencia y a otras secretarías de Estado de que necesitamos como Ejecutivo ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer cada quien, muchas de las duplicidades que había en el pasado comienzan a resolverse. El segundo es ante las organizaciones que conforman el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), entre ellas la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA). Allí por lo menos ya aceptaron que tenemos que modificar la mezcla de recursos para bienes privados y bienes públicos, Subir un poco el porcentaje para estos últimos sin cancelar los primeros. Otra cosa que se aceptó es que la estructura del presupuesto como lo manda el Congreso al Ejecutivo no es operable. El ponerle cajoncitos a cada sistema producto (SP) en un afán de decirle ‘te estoy dando recursos’, en la práctica distorsiona porque unos SP acaban recibiendo muchísimo más de lo etiquetado por otros componentes del presupuesto y otros acaban reciben muchísimo menos. ¿Cómo hacer un presupuesto que se pueda desagregar y agregar, que pueda tener trazabilidad?, es otra cosa que está recibiendo muy buena acogida, y que implica desde cuestiones técnicas con Hacienda de cómo se opera el presupuesto hasta cómo sale del Congreso.

En cuanto a las reglas de operación, sí, son un problema grande porque se toman como un mecanismo para regular el acceso a los subsidios, pero también como para que el funcionario público se proteja de los órganos internos de control. Y entonces se redactan de forma ambigua, se cuadriculan demasiado. Eso hace que la burocracia sea ineficiente. Hemos exagerado el control con el afán de combatir la corrupción, de manera tal que la potencial responsabilidad de un funcionario que se equivoque en una decisión es muy grande. Allí tenemos que hacer un salto al vacío y decir: “vamos a privilegiar la facilidad para el usuario” aunque después debamos convencer a los órganos de control y decir así deben ser las cosas.

FOTO: Jesús Villaseca / La Jornada ¿Qué pasa con Procampo? Hay una gran ignorancia sobre el Procampo incluso entre personas preparadas, afi rma el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga. Este programa empezó a operar en 1994 para compensar el proceso de apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y no se planteó que sería focalizado a los pobres, o que buscaría fomentar la producción. Y no discriminó a nadie en su inscripción. El requisito era tener un historial de producción de granos básicos. El hecho es que una cantidad importante de productores, sobre todo los más humildes, quedaron fuera del padrón porque en muchos casos no tenían forma de demostrar la propiedad o posesión de sus tierras (por falta de papeles ofi ciales o por estar en medio de confl ictos agrarios) o por desconfi anza, pues había rumores de que el programa sería el primer paso para el cobro de impuestos. Así, el padrón quedó cerrado y si desde ese 1994 algunos de sus beneficiarios entraron o salieron de la función pública o si algunos se enrolaron o no en la delincuencia, su acceso al programa quedó fi jo. El funcionario responde así a las críticas porque él está en el padrón de este programa y porque se han hecho públicos nombres de narcos y sus familiares también receptores de Procampo. “Aunque sepamos que allí está una persona que se dedica a actividades ilícitas, nosotros como funcionarios de la Secretaría de Agricultura no podemos darlo de baja por eso. Los podríamos dar de baja si deja de sembrar, si falsea información, si en su predio reportado en Procampo cultiva enervantes, pero si él en alguna otra actividad que tenga comete ilícitos, no podemos quitarle el Procampo a menos que una autoridad judicial nos lo pida”. En cuanto a los familiares de los funcionarios que reciben Procampo, “yo como funcionario no puedo meter a mis parientes ni a nadie más al programa porque el padrón está cerrado. Quien se inscribió lo hizo cuando se abrió la puerta (en 1993)”. Respecto del hecho de que la mayoría de minifundistas están fuera del Procampo – como lo demuestran varias encuestas mencionadas por Jonathan Fox en uno de sus textos en este suplemento–, el funcionario considera que el motivo puede ser la fragmentación de la tierra que se ha sostenido desde 1994 (los nuevos minifundistas están fuera del padrón). En su opinión, el Procampo debe prevalecer, sobre todo por el papel de control e información que cumple. “Si no tuviéramos el Procampo, el tema de comercialización se volvería extremadamente complejo, porque las fronteras están abiertas. Por ejemplo, Tamaulipas produce sorgo y su vecino Texas también. Si no tuviéramos la información de Procampo, donde cada ciclo agrícola el productor se inscribe y nos dice cuántas hectáreas va a sembrar, a la hora de la cosecha sería muy fácil hacer pasar sorgo estadounidense por tamaulipeco (y cobrar subsidios a la comercialización por él) y lo mismo pasa con el maíz de Sinaloa y las cosechas de otras entidades”. El funcionario comentó que hay cuatro estados donde se ha hecho una depuración del Procampo, y ésta concluirá en marzo de 2011. Hasta ahora este proceso ha generado ahorros –pues se han sacado predios que han dejado de producir–. Cuando se tenga la depuración total, “no sé si los ahorros servirán para dar cabida a personas que nunca han recibido Procampo o se serán ahorros netos presupuestarios o será dinero que se derive a otros programas de la Sagarpa o de otras áreas del gobierno. Es una interrogante que aquí queda”.

FOTO: Lourdes Edith Rudiño

Planteos agrarios del PRD

Habla Alejandro Encinas

• Nueva política agroambiental
• Más responsabilidad del Estado

La reforma que requiere el campo no puede sólo quedarse en la discusión, como hasta ahora, de programas y políticas públicas que no han entrado a resolver el problema de fondo y que están profundamente distorsionados, como Procampo, que lo mismo apoya a minifundistas que a los grandes agricultores comerciales e incluso a narcotraficantes. Hay que volver a plantear el papel del sector rural en la economía y en el desarrollo del país, para recuperar el rumbo de la soberanía alimentaria y reconstruir el tejido social rural –fracturado e infiltrado por actividades delictivas– pero también, y esto es muy relevante, para afrontar la crisis climática y de erosión de los recursos naturales.

En lo nuclear, una nueva visión del desarrollo rural debe dejar atrás la vieja lógica neoliberal que concibe al ejido y la comunidad como entidades de producción para el autoconsumo y darles una nueva connotación como prestadores de servicios ambientales, con una política pública que fortalezca a estas unidades para que retengan a su gente, para que no emigre a las ciudades o a Estados Unidos, y por supuesto para contribuir a cuidar y regenerar los recursos naturales del país.

Esto implica revisar el conjunto de instrumentos de política que permitan recuperar todo el aparato institucional del Estado que se desmanteló en las dos décadas pasadas cuando se puso a competir desventajosamente a los ejidos con la agricultura comercial. Tal situación propició la construcción de nuevas formas de relación social donde las actividades delictivas, como el narcotráfico, encontraron un caldo de cultivo muy fértil no sólo para la producción de drogas y la violencia, sino para construir una base social de apoyo en algunas zonas rurales.

Hay que recordar que bajo la lógica neoliberal y con la apertura comercial se desmanteló el Banrural; la parte de distribución de cosechas con Conasupo; todas las instancias de apoyo a la producción, como Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) y la estructura de capacitación y desarrollo rural.

Y si bien hay que reconstruir toda esta estructura para que el Estado cumpla con la responsabilidad de garantizar el abasto de alimentos en el país –pues dependemos en más de un tercio de las importaciones– hoy, dado el cambio climático, el deterioro de los recursos, la deforestación, la desertificación en muchas zonas del país, el deterioro de barrancas, de cauces, de ríos, se presenta una oportunidad para recuperar y desarrollar la actividad rural con un nuevo enfoque de sostenibilidad ambiental. Éste debe ser el eje rector de una nueva visión de desarrollo rural.

Que el ejido y la comunidad cosechen agua, capturen carbono, regeneren suelos y bosques, produzcan oxígeno y mejoren paisaje. Son éstas las unidades campesinas que pueden garantizar la mejor generación de servicios ambientales.

Realizar esta reforma es totalmente viable; se requiere voluntad política fundamentalmente. Creo que el movimiento campesino, que está en proceso de recomposición, puede ser un factor fundamental para dar esta reorientación al desarrollo rural. Parte de los costos de la reforma salinista al artículo 27 constitucional y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el desmantelamiento que hubo de los liderazgos del movimiento campesino. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Se requiere que el movimiento campesino se rearticule y haga el replanteamiento de lo que deben ser las políticas de desarrollo rural para el país.

Respecto de los programas actuales de subsidios para el campo, en lo personal creo que no están funcionando porque no han impactado positivamente en la consolidación de la infraestructura y de las unidades de producción rural, y más aún: su distorsión es tal que tienen una enorme carga política y electoral. Tan es así que nosotros (la fracción perredista en la Cámara baja) en estos momentos estamos promoviendo, por medio de la Comisión de Vigilancia, la auditoría de estos programas en campo, porque estoy convencido de que muchos de los beneficiarios son inexistentes y esos recursos se canalizan a actividades de índole política.

Por otra parte, algunos de los beneficiarios no están utilizando los recursos para alentar la actividad productiva, sino para cubrir necesidades de consumo y mientras estos programas no sean dirigidos a reconstruir la capacidad productiva del ejido y la comunidad, van a tener una función asistencialista sin ningún impacto en la calidad de vida del campo.

Respecto del Procampo, que se entrega no sólo a pequeños productores sino a los grandes, implica transferencias a la agricultura de riego en los estados de Sinaloa y Sonora –donde efectivamente hay prácticas de concentración de tierra– que no requieren un subsidio de esta naturaleza. Hasta los propios funcionarios de la Secretaría de Agricultura reciben estos beneficios, y es que fueron los empresarios agrícolas los que en esta década perdida del PAN llegaron a ocupar puestos de responsabilidades en las áreas de promoción del desarrollo rural, desde el Rey del ajo (Javier Usabiaga) hasta Alberto Cárdenas que está en el negocio de la explotación forestal. Se orientan recursos a personas y sectores que no requieren este tipo de apoyo público.

Además, en el marco de un verdadero debilitamiento del Estado y un descrédito de la autoridad, pues ha renunciado a sus facultades fundamentales para regular la economía y el desarrollo de la sociedad, grandes trasnacionales son beneficiarias de subsidios agrícolas –muchos de los que se pagan para apoyar la comercialización de granos–. Y aquí no sólo hay omisión, sino complicidad y complacencia de las autoridades.

Por último, es necesario que el Estado reestablezca su presencia en el campo. He recorrido todo el país en los años recientes, y lo que encuentro en el medio rural es la falta de expectativa para cualquier tipo de desarrollo, una situación de zozobra e inseguridad que va ligada a la inseguridad y a la presencia de grupos delictivos y creo que mientras el Estado no recupere su presencia en el desarrollo rural, estos grupos van a empezar a dominar más territorio generando situaciones de excepción (LER).

Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Autor de los libros La disputa por los mercados, TLC y sector agropecuario (1992) y El campo mexicano en el umbral del siglo XXI (1995)

Planteos agrarios del PRI-CNC

FOTO: Lourdes Edith Rudiño

Habla Cruz López

• Contra la dependencia, agricultura de contrato
• Fortalecer el extensionismo agrícola

Hay programas públicos para el campo que son muy criticados porque son transferencias a privados y no inversiones públicas, pero que están dando resultados positivos en productividad, en certeza de colocación de la producción de los agricultores comerciales y en una reducción –aunque modesta– de la dependencia de importaciones. Éstos son los que tienen que ver con la agricultura de contrato, que este año apoyó 18 millones de toneladas y tuvo aplicación en la gran mayoría de estados de la República, con recursos públicos que financiaron primas de cobertura de precios en los mercados internacionales.

Este esquema –que ya está iniciando también en las ramas pecuarias (leche, bovinos, porcicultura) porque son las que más dificultades para sobrevivir tienen hoy, y que (en la Cámara de Diputados) estamos proponiendo que se extienda al sector forestal– tiende a ordenar la producción agroalimentaria de México.

Pero esto debe ser complementado, y así lo he dicho en mis intervenciones en el Congreso, con una estructura programática para los productores de autoconsumo, con apoyo vía el extensionismo, esquemas de microcrédito e insumos que mejoren los rendimientos en la agricultura de pequeña escala, de la producción de traspatio y de la milpa. De esa forma se elevaría de manera notable la disponibilidad de alimentos, y esto es importantísimo, porque la única reserva estratégica que tenemos de granos es la de los productores de autoconsumo. El maíz blanco en zonas marginadas representa tranquilamente cuatro millones de toneladas. En la Cámara baja hemos aprobado recursos para este propósito, pero el Ejecutivo los desvía o los sub-ejerce. Por eso en el presupuesto 2011 (los priístas) vamos a proponer una distinción de los recursos para regiones marginadas, para agricultura en transición y para producción comercial.

Esta estrategia para los minifundistas estaría sustituyendo el programa alimentario que aplica la Secretaría de Desarrollo Social y que consiste en despensas o dinero para que la gente compre en la tienda y que en muchos casos termina gastado en productos chatarra. Si se logra una política que atienda estas dos estrategias (para productores comerciales y minifundistas), estaremos promoviendo un proyecto de mediano y largo plazos.

En cuanto a uno de los principales programas rurales, el Procampo, ha servido para complementar el ingreso de los productores, y aunque sus montos son impresionantes, en el momento de la crisis económica, en los primeros dos años del presidente Felipe Calderón, se registró un incremento de seis millones de pobres. El Procampo debe reestructurarse de tal forma que entre en la lógica de reforzar la producción campesina, pero con obligaciones de sostenibilidad. Debe seguirse aplicando por hectárea pero enfocado a que la tierra no pierda su fertilidad. Al recibir el Procampo los productores deben comprometerse a colocar el abono orgánico de sus gallinas, sus vacas y hacer algo de trabajos de conservación de agua y suelo. Porque el problema más grande que yo veo para el futuro de esos mexicanos es la pérdida de la fertilidad y del suelo. Es terrible y no lo hemos entendido. No estoy de acuerdo en las propuestas de que el Procampo tenga una orientación productivista, sino que se mantenga en el largo plazo en esas áreas de los pequeños campesinos.

Es importante fortalecer la capacidad productiva de los diferentes tipos de agricultura del país porque la cantidad que estamos gastando en importaciones es impresionante y necesitamos revertir ese proceso porque sabemos que el cambio climático genera riesgos constantes en la producción global, y los países excedentarios, que no son muchos por cierto, están limitando sus exportaciones. Están garantizando primero su autoabasto. Esa es una cuestión que debiera llamarnos poderosamente la atención. Tener niveles de dependencia alimentaria del orden de 40 o 50 por ciento es peligroso. Además las importaciones (con precios que presionan a la baja las cotizaciones nacionales) tienen metidas a las ramas de producción en situaciones apremiantes, con riesgos de extinción, desaparición de establos, de malbaratar los animales y venderlos al rastro. Son muchas las ramas que sufren esa situación, las pecuarias todas, el arroz, las oleaginosas, la manzana, los productos madereros, entre otras.

FOTO: Francisco Olvera / La Jornada

En términos generales –con la excepción hecha del Procampo–, los programas agrícolas no requieren una reingeniería importante, lo que necesitan es que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) sea realmente concurrente. Lo que hoy se observa es que cada quien (cada una de las 12 secretarías participantes) anda por su lado, y no se le ha dado la importancia del programa de generación empleo, el cual debería hacer interactuar a las políticas públicas. Asimismo, los servicios financieros, la banca social deben acompañar estrechamente ese PEC.

Respecto de las críticas de la ineficiencia de los programas públicos, es importante que quienes evalúan, incluso los organismos internacionales, profundicen y vean el porqué de muchas cosas. A los productores, a las organizaciones campesinas, no nos pueden adjudicar la incapacidad, la animadversión y la ignorancia de la burocracia. Si a la gente le entregan el Procampo en diciembre, cuando debió entregarse antes de la siembra, en abril o mayo, es lógico que el dinero va a terminar no en compra de insumos o inversiones en el campo, sino en otras cosas como el complemento del gasto familiar.

En el caso del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por supuesto que hay corrupción, predilección para beneficiar a ciertos grupos, usos con fines electorales. Y eso lo hemos denunciado todas las organizaciones campesinas (LER).

Presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Planteos agrarios del PAN

FOTO: Lourdes Edith Rudiño

Habla Javier Usabiaga

• Procampo, sólo para pobres
• Despreocuparse de la soberanía alimentaria

En el Partido Acción Nacional (PAN) siempre hemos partido de la base de que el campo, como se le ha dado a llamar en México, consiste de una sociedad rural, un espacio rural y una actividad productiva. Y hemos impulsado desde todos los ámbitos del quehacer gubernamental –desde los poderes Legislativo y Ejecutivo– políticas diferenciadas para los tres segmentos mencionados.

Hoy seguimos teniendo con la sociedad rural y con el espacio rural una gran deuda, y si bien es cierto que debemos continuar con públicas que impulsen el desarrollo de la actividad productiva per sé y la generación de riqueza, como se ha venido dando en los años recientes. no hay por qué tener preocupación por la soberanía alimentaria, porque nuestros déficit en granos podemos compensarlos con exportación de hortalizas, en particular jitomate, además de que hace falta adoptar herramientas tecnológicas para la producción, como los transgénicos, a las cuales les hemos tenido miedo en México.

Por otra parte, es importante que las políticas públicas consideren la relevancia de la conservación del espacio rural. Estamos sobredimensionando y mal administrando los recursos naturales. No estamos atendiendo los retos que nos impone el cambio climático, no estamos atendiendo las necesidades de infraestructura pública para evitar los problemas recurrentes de las inundaciones, de tantas desgracias naturales que hemos sufrido en los años recientes.

Y por último, tenemos la sociedad rural, que hoy en día está atada a un esquema que económicamente es inviable, porque el minifundio no tiene el nivel de desarrollo que requiere; es indispensable buscar y aplicar fórmulas que integren a los pequeños productores al mercado.

Respecto del Procampo, tenemos que modificar este programa con una visión decididamente ya de compensación del ingreso rural. El Procampo no tiene ya razón de ser para las unidades de producción grandes; cuando este programa nació, no existía el de Ingreso Objetivo, ni el apoyo a coberturas en los mercados internacionales; no existía el programa de estímulos a la competitividad, ni había estímulos a la inversión poscosecha, ni había un programa de tecnificación del riego. Todo esto existe hoy y está dirigido las unidades de producción comerciales para que sean más eficientes y competitivas.

Así, el Procampo debe seguirse dando sólo a aquellos productores que no han encontrado el camino hacia la superación, la integración y la modernización económica; es necesario para que la familia campesina mantenga ese ingreso que le ayude a sostenerse. En México tenemos mucho miedo de hablar de compensación al ingreso, y deberíamos aceptarla como un instrumento de política económica para realmente ir eliminando la pobreza. Pero también, y esto es importante, el Procampo debe ahora tener un orientación de estímulo a la conservación ecológica del espacio rural.

Hoy Procampo no influye de ninguna forma en la producción, pero puede ser un instrumento valioso: gracias a su padrón, de casi tres millones de productores. Sabemos qué tienen, cuánto tienen, a qué se dedican, qué hacen y dónde están localizados.

Esta información debe servir para impulsar políticas diferenciadas y con un peso diferente entidad por entidad. Por ejemplo, Nuevo León, tiene 3.5 por ciento de su población en el medio rural, mientras suma 35 por ciento en Chiapas. Debemos desarrollar políticas específicas por ejemplo para el sur-sureste, para los productores que no tienen un verdadero potencial productivo o para aquellos que a pesar de lo raquítico de su superficie tienen grandes oportunidades por el sistema y el régimen hídrico en el que están asentados. Y al mismo tiempo hacer que la sociedad rural se vaya integrando al desarrollo, que vaya teniendo las oportunidades de educación, salud, esparcimiento y demás satisfactores que hoy tienen las poblaciones urbanas.

En cuanto a las críticas que hay sobre la ineficiencia y concentración del gasto público para el medio rural, creo que definitivamente tenemos un presupuesto generosamente ineficiente, pues no se ha dado la transversalidad de las políticas públicas que se requiere. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) tiene como fundamento lograr esa transversalidad, pero hasta hoy se ha concentrado sólo en decir cuánto estamos mandando a la sociedad, al espacio y a la actividad rural.

Y sí hay distorsiones del presupuesto, pero no como mucha gente las comenta. Debido a la escasez de servicios complementarias al agro (por ejemplo un esquema de almacenamiento nacional) en el medio rural, ha habido concentración de recursos hacia pocos beneficiarios. Aquellos que tienen la capacidad de almacenar, se han convertido en grandes receptores de subsidios; su infraestructura les permite dominar la actividad comercial. Ellos tendrían que transferir esos subsidios a los productores, y algunas veces no lo hacen. Por eso hay que complementar la actividad. Y la modernidad del sector tiene que nacer desde el Poder Legislativo. Debemos impulsar leyes para la actividad agropecuaria, y necesitamos que los Ejecutivos locales tomen conciencia de su responsabilidad con la sociedad rural. Hoy en día los recursos que llegan a los municipios se invierten en las plaza principal, no en las comunidades rurales (LER).

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y ex secretario de Agricultura (en el gobierno de Vicente Fox).

FOTO: José Carlo González / La Jornada Planteos agrarios de AMLO Programa del movimiento para la transformación de México Reanimar al agro Apoyar la producción campesina Recuperar la soberanía alimentaria El Movimiento para la Transformación de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presentó el 25 de julio pasado, en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, una síntesis del documento Nuevo proyecto alternativo de nación, que es una propuesta elaborada por un grupo de intelectuales. En él se plantea un modelo de desarrollo enfocado a la economía real, que genere empleo y la producción que le país necesita, en lugar de privilegiar –como hoy ocurre– los estímulos a los capitales financieros y especulativos. El proyecto otorga un papel prioritario al campo. Integra un capítulo particular denominado “El campo y la soberanía alimentaria”, que aquí transcribimos textualmente: Reanimar al campo y a la agricultura. Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas neoliberales es prioritario y constituye un asunto de seguridad nacional pues de eso depende la alimentación del pueblo mexicano, el empleo y el ingreso de millones, pero también la preservación del medio ambiente, la cultura, la convivencia y la seguridad interna. O revitalizamos al campo o seguiremos destruyendo la naturaleza, importando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras. Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias. Dado que un pueblo que importa el 40 por ciento de lo que come es un pueblo sometido a las potencias agroexportadoras, ejerceremos el derecho a definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados, y lo haremos promoviendo, ante todo, la pequeña y mediana agricultura campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible. Preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas. Fracasado el modelo agroexportador y maquilador que sólo ve hacia fuera, habremos de atender de nuevo la demanda nacional y los mercados locales, lo que significa integrar cadenas económicas donde la producción se vuelve mercado de la producción, impulsando sistemas comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter asociativo. Proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una agricultura orgánica y ecológica. La crisis ambiental resulta de patrones de industrialización- urbanización insostenibles, pero también de una agricultura destructiva que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna, al tiempo que envenena al cultivador y al consumidor. Por ello, cambiaremos el rumbo: no más promoción a los agrotóxicos y semillas transgénicas impuestos por las trasnacionales. Sí, en cambio, impulso a las prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. Impulsar la economía rural solidaria. Gracias a la Revolución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campesinas e indígenas, pero no así su explotación, que es cada vez más privada y depredadora. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos poseedores supone respetar y potenciar desde la administración pública las prácticas económicas autogestivas y solidarias, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos. Defender los derechos del migrante y el derecho a no emigrar. El éxodo campesino a Estados Unidos es un hecho, de modo que defenderemos aquí y allá los derechos de los migrantes, tanto de los nacionales como de quienes, en su camino, cruzan por México. Sin embargo, no podemos conformarnos con que el campo y el país se sigan vaciando. Dado que sin el derecho a quedarse la emigración es expulsión, dignificaremos la vida del campo y trabajaremos con el Congreso para darle contenido y exigibilidad a los derechos al trabajo y el empleo digno, el cual garantiza la Constitución. Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios. Porque la vida no es una mercancía, defenderemos de la privatización nuestro rico patrimonio físico, biológico y cultural amenazado por empresas trasnacionales que pretenden apropiarse de tierras, aguas, minas y bosques, a la vez que patentar los conocimientos tradicionales y los códigos genéticos de los seres vivos. Hacer valer los derechos de las mujeres campesinas. A la opresión y marginación que prevalece en el agro se añade, en el caso de las mujeres, la opresión proveniente de la sociedad patriarcal. Por ello haremos prevalecer sus derechos reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios, cuestión que no se reduce a establecer cuotas por sexo en los programas públicos, sino que demanda asumir ante todos los temas una perspectiva de género, pues hasta ahora el reconocimiento de sus aportes y la aguda visión femenina de la problemática agraria ha estado ausente en la política y la vida pública rurales. Trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes rurales. El México urbano no tiene futuro sin el México rural, pero las nuevas generaciones campesinas desertan de un agro que sienten cárcel y condena. Es de vida o muerte para el país recuperar para el campo a los jóvenes, igualando los servicios rurales con los urbanos pero también impulsando proyectos de desarrollo agropecuarios, pesqueros y forestales a la altura de sus capacidades y de sus legítimas aspiraciones y expectativas. Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas. Durante cinco siglos, los indígenas han sido oprimidos casi hasta la extinción, por lo que no puede haber cambio profundo sin abatir el colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos, socioeconómicos y culturales, lo cual incluye formas específicas de autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su cultura. Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad. En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Sin embargo, el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo pacto entre el México urbano y el México rural y, en dicho marco, una relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario. Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios. Ante el fracaso y distorsiones del modelo de libre mercado y la falacia de la autorregulación de los mismos, fortaleceremos el papel constitucional del gobierno para conducir, promover y regular el desarrollo y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, impulsando la participación de los agentes sociales y privados en forma equitativa y realmente competitiva, con una visión de Estado y de largo plazo, propiciando certidumbre y estabilidad para la cadena e incluyendo, entre otras acciones, el establecimiento de una reserva estratégica de alimentos, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros.