Los programas sociales que el gobierno federal creó desde la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) con objeto de impulsar el desarrollo rural y minimizar el impacto de la eliminación de barreras arancelarias con Estados Unidos y Canadá han sido insuficientes y favorecen la desigualdad en Mé- xico, sostuvieron especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante la presentación del libro Subsidios para la desigualdad, las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio, el investigador John Scott, uno de los autores, dijo que actualmente menos de 10 por ciento de los mayores productores agrícolas acaparan 45 por ciento de los recursos destinados al campo.

Mauricio Merino, también investigador del CIDE y colaborador en la obra, consideró que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 es preciso observar que los montos aprobados tengan el destino para el que fueron planeados.

Señaló que durante mucho tiempo el gasto público en la agricultura ha favorecido a los productores medianos y grandes, entre otras razones porque desde su origen los programas gubernamentales presentaron carencias en diseño y objetivos.

Buena parte del libro, coordinado por los académicos Jonathan Fox, de la Universidad de California, en Santa Cruz, y Libby Haight, maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago, se centra en el análisis de las políticas e instituciones agropecuarias en el país, en especial el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y otros programas del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

Fox y Haight, quienes contaron con el apoyo de la fundación William y Flora Hewlett, señalan que pese al aumento en el gasto federal dirigido al sector agropecuario en años recientes, el empleo agrícola ha caído notablemente, debido a que el reparto en el presupuesto está diseñado inapropiadamente o bien directamente desincentiva el empleo en las zonas rurales.

En 1910, dijo Scott, el campo aglutinaba y daba sustento a 75 por ciento de la población del país, porción que en 100 años se redujo a sólo 25 por ciento, debido a que la agricultura ha dejado de ser una fuente relevante de ingresos para los hogares.

Precisó que a pesar de que muchos habitantes rurales se reportan a sí mismos como productores agrícolas en el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el nivel de ingresos que obtienen de dicha actividad es extremadamente bajo, al grado que los más pobres, reciben menos ingresos de la agricultura (propia o vía empleos), que de transferencias públicas o privadas y remesas.

Todavía 65 por ciento de los pobres extremos del país son hogares rurales, comentó.

El estudio sostiene que los programas de apoyo al campo en México favorecen notablemente a los estados del norte del país, subsidiando la producción de un pequeño número de agricultores y otorgando apoyos a la comercialización a grandes empresas procesadoras y comercializadoras, incluyendo a trasnacionales, lo que agudiza la desigualdad.

De entre todos los subsidios a la agricultura en México, los del agua y la electricidad se encuentran entre los que están más concentrados en unos pocos estados del norte. La mitad más pobre de la población rural está excluida simplemente por no tener tierra o poseer una extensión pequeña para ser beneficiada por estos programas, sostuvo Scott.