l país está ambientalmente devastado. Se ha convertido en un inmenso basurero. Sus acuíferos están contaminados, muchas de sus mejores tierras erosionadas y sulfatadas, y sus bosques destruidos. Granjas industriales y minas a cielo abierto descargan sus desechos sin mayores precauciones. Grandes polos de desarrollo urbano emponzoñan los mantos freáticos y devoran las tierras de cultivo. Megaproyectos turísticos devoran playas y selvas vírgenes.

Por doquier se apilan toneladas de basuras tóxicas y no biodegradables: plásticos, baterías eléctricas, llantas, sustancias químicas nocivas y desechos industriales. Aunque hoy están prohibidos, subsisten cementerios clandestinos de askareles, sustancias altamente tóxicas y peligrosas que en el pasado se utilizaron como aislantes y refrigerantes en transformadores y equipos eléctricos. Sus efectos son crónicos, persistentes y bioacumulables. Pueden ocasionar cáncer y afectar el sistema hormonal (véase: Iván Restrepo, Askareles, riesgo latente, La Jornada, 27/6/05).

De la mano de esta crisis ambiental camina una crisis sanitaria de grandes proporciones. El surgimiento de la gripe A/H1N1 de los chiqueros industriales porcinos de Perote, Veracruz, fue apenas una alerta. Los centenares de basureros urbanos son enormes incubadoras de graves enfermedades. Los polos de desarrollo industrial desregulado son caldo de cultivo para el surgimiento de mutaciones genéticas, leucemia y anencefalia.

Con regulaciones ambientales débiles y autoridades gubernamentales corruptas, con tratados comerciales –que como parte de las ventajas comparativas ofrecen la destrucción impune del ambiente–, los grandes consorcios multinacionales tienen licencia para devastar. La entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2004 dejó a México sin su principal ventaja comparativa para atraer capitales: la oferta de mano de obra barata. En los hechos, y sin declararlo públicamente, el gobierno ha ofrecido a las grandes trasnacionales una desregulación ambiental absoluta, un cerrar los ojos ante las violaciones de las leyes ecológicas existentes. Ha profundizado así una tendencia ya presente en el territorio nacional desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994.

Es así como la ley federal de manejo integral de residuos sólidos es, en los hechos, letra muerta; prácticamente ningún municipio en el país cumple con los procesos de separación, reciclaje y reuso al que obliga. Simultáneamente se ha intensificado la privatización de los servicios públicos de recolección, transferencia y disposición final de basura.

Para enfrentar las consecuencias de la degradación ambiental en personas y territorios se constituyó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que el pasado 11 y 12 de septiembre efectuó su sexta asamblea nacional, en Magdalena, Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

La asamblea se reunió por primera ocasión el 31 de agosto de 2008, en las instalaciones de la UNAM. Se encontraron 35 comunidades que, al día siguiente, marcharon a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para manifestar su descontento con la política hídrica y ambiental.

Dos semanas y media más tarde, se volvieron a reunir en la ciudad de México para acordar una forma de organización que permitiera sumar sus luchas, experiencias y demandas. Acordaron encontrarse dos veces al año para intercambiar información y avanzar en una plataforma unitaria. Su idea fue celebrar las asambleas en distintos lugares del país en los que la lucha fuera más álgida.

La asamblea ha trabado una estrecha alianza con el mundo académico, trabajando junto a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), una red de investigadores activos en áreas como biología, física, matemáticas, economía, sociología, antropología, ciencia política y derecho. Con el objetivo de documentar los casos de deterioro ambiental más graves en México, la UCCS creó el Observatorio Socio-ambiental. Su principal fuente de información para trazar ese mapa de problemas socio-ambientales es la ANAA. Ha registrado ya más de 150 casos, relacionados, en su mayoría, con actividades mineras y petroleras, proyectos hidroeléctricos, desarrollo de infraestructura carretera, instalación de rellenos sanitarios y disposición de residuos.

La tercera asamblea se efectuó en Tláhuac durante marzo de 2009. Se manifestó contra los megaproyectos de la ciudad de México: basureros, parques industriales y la construcción de la línea 12 del Metro. La cuarta se desarrolló en El Salto y Juanacatlán, Jalisco, mayo de ese año. Se solidarizó con la lucha de esas comunidades contra la contaminación del río Santiago por las industrias y los basureros de Guadalajara. Asistieron 120 comunidades procedentes de diez estados. El quinto encuentro tuvo lugar en el valle de Perote, donde se asientan las Granjas Carroll. Finalmente, la última acaba de celebrarse en Oaxaca, donde diversas comunidades han resistido los embates de la minera canadiense Fortuna Silver.

La asamblea lucha contra la destrucción y contaminación ocasionadas por la minería metálica y no metálica; contra las represas hidroeléctricas; contra la urbanización salvaje; contra la contaminación de las megagranjas industriales (cerdos, pollos, camarones); contra la contaminación petrolera; contra los basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares. Por la defensa del maíz. Por la defensa de los bosques. Contra el despojo de los ríos, manantiales y acuíferos; contra la sobrexplotación de los acuíferos, y contra la contaminación letal de nuestros ríos. Contra los desplazamientos debidos a proyectos de ecoturismo y conservacionismo que limitan o destruyen formas de vida campesina.

Aunque la asamblea aún se encuentra en formación, es una de las expresiones más acabadas de la resistencia contra la devastación ambiental. Por lo pronto ha logrado que esta destrucción, que hasta ahora ha sido invisible, comience a ser vista.