En México el derecho de acceso a la información pública se ejerce con obstáculos y a nivel poco satisfactorio, revela el estudio Métrica de la transparencia, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como un seguimiento efectuado por La Jornada.

Ocho años después de que se emitió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública persisten la falta de voluntad política y las dificultades para obtener datos oportunos, claros y consistentes que permitan a la ciudadanía formarse un criterio, e incluso hacer frente a decisiones del Ejecutivo federal y otros órdenes de gobierno.

Documentos oficiales estratégicos, cuya apertura es crucial para impugnar determinaciones del gobierno federal y otros órdenes, son entregados cuando ya nada se puede hacer.

Un ejemplo reciente son las misivas entre los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las cuales dieron su punto de vista para la asignación de las frecuencias 20 y 21 del espectro radioeléctrico, que en pleno juicio requirió el Grupo Salinas para impugnar la asignación de la licitación 21 a Nextel-Televisa.

Cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Cofetel entregar los documentos, el proceso de licitación ya había concluido en favor de Nextel-Televisa, no obstante que las empresas de ese grupo solicitaron los documentos en abril pasado.

Las dependencias del gobierno pueden retrasar la entrega de los datos requeridos con la ampliación del plazo que les otorga la ley respectiva: 20 días, que se pueden convertir en 40 hábiles mediante prórroga. Incluso, después de agotar el lapso máximo pueden clasificar la información.

Si a ello se suma el tiempo que lleva presentar un recurso de queja ante el Ifai, otros 20 días hábiles, que se pueden ampliar por igual periodo, entonces habrá que tener paciencia, más aún cuando la respuesta es negativa (de inexistencia) o si se determinó clasificar los datos.

Inclusive, cuando el Ifai ha ordenado a la dependencia que difunda determinada información se utilizan toda clase de procedimientos para demorar o no entregar los datos. Es el caso de este diario, que solicitó al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) información sobre todo lo erogado en publicidad y medios de comunicación por el gobierno federal para difundir mensajes que justifican la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Pese a que el Ifai ya había ordenado semanas atrás hacer públicos los datos, el SAE pidió prórroga.

Otras dependencias entregan datos sesgados y desvinculados, que al final de cuentas no informan, sino causan confusión sobre lo que se eroga en determinado concepto o proyecto. Es el caso de la Procuraduría General de la República, que recientemente entregó datos parciales e inconexos de los gastos que efectúa su personal asignado a las agregadurías en el extranjero.

El CIDE señala al respecto que, pese al tiempo que lleva en ejercicio, el derecho de acceso a la información en este país apenas comienza a desarrollarse, pues se encuentra en una etapa insatisfactoria y casi embrionaria.