En un operativo conjunto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, de la Procuraduría General de la República (PGR), se aprehendió en flagrancia y fue consignado a la autoridad judicial a Juan Alfredo Medina Macías, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la PGR, acusado por uno de sus subordinados de exigirle la mitad de su sueldo mensual como garantía para permanecer en su empleo.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, el Ministerio Público Federal (MPF) ya determinó la consignación de la averiguación previa 030/FECCI/10-DF con el servidor público detenido en el Reclusorio Sur de esta ciudad, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad.

La consignación del MPF se llevó a cabo de manera simultánea a la notificación que la SFP hizo llegar a Medina, sobre la suspensión temporal en su cargo.

Apenas este viernes, el juez décimo cuarto de distrito dictó el auto de formal prisión contra Medina Macías, tras considerar acreditado el delito de abuso de autoridad y la probable responsabilidad del imputado.

La detención se efectuó luego de que el subalterno de Medina presentó una denuncia, en la cual consignó que el funcionario federal le exigía desde hacía más de un año 50 por ciento de su sueldo, de 12 mil pesos mensuales, a cambio de permanecer en su puesto de trabajo, mediante la renovación del formato único de personal.

De acuerdo con las pesquisas, Medina Macías actuó de la misma forma con otro servidor público que antecedió en el cargo al denunciante.

En ambos casos se presentó la denuncia correspondiente ante la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional y ante la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción de la PGR.

La SFP destacó en un comunicado conjunto con la PGR que el director de vinculación fue detenido el pasado 2 de septiembre, en el momento en que recibía 3 mil pesos, como parte de la cantidad que su subordinado le adeudaba para que pudiera permanecer en el empleo.

El funcionario suspendido enfrentará el proceso judicial correspondiente, luego de pagar la fianza fijada por el juez de 198 mil 420 pesos. Asimismo, la suspensión de su cargo estará vigente hasta que concluya el procedimiento administrativo al que es sometido.

Con información de Alfredo Méndez