an Juan Copala, centro ceremonial y político de sus 23 barrios, ha llegado a una situación crítica en extremo. Exige responsabilidad en el actuar inmediato, como inicio de una política pacificadora de mediano plazo.

El estado de sitio a que está sometido este lugar principal es anticonstitucional: no hay garantías para los individuos, sean triquis, mestizos o extranjeros. En consecuencia, población y espacio están siendo excluidos de las estructuras de derecho que nos cohesionan a los mexicanos. Es un caso de flagrante discriminación, en clara violación al artículo segundo, sección B, de la ley constitutiva de la nación y del Estado.

Las aportaciones de algunos participantes externos sobre la gravedad del prolongado asedio han tomado características pueriles: se alega que es un conflicto rancio, se alude a la belicosidad natural del grupo armado. Tales actitudes manifiestan una vez más la falta de voluntad política, la ignorancia y aun la claudicación de los tres niveles de gobierno.

La barbarie de emboscadas y bloqueos en la zona, data y ha sido promovida desde principios del siglo XX con armas, entrenamiento y complicidad de los gobiernos estatal y del federal, por medio de traficantes de armamento y apoyados por ricos comerciantes regionales y por algunos miembros desleales del Ejército. Así lo evidencian investigaciones recientes.

Las divisiones de los triquis-copaltecos, introducidas por los gobernantes y los grupos de interés estatales y regionales, se han agudizado hasta extremos bárbaros porque la lucha por un poder interno, político, tradicional y autoritario hasta el extremo ha sido trastocada con incendios y despojos de sus mejores tierras, desde tiempos coloniales y hasta el pasado siglo, añadiendo la explotación comercial de su café y la manipulación partidaria prevaleciente, sin poder contar con instituciones de justicia eficaz ni con gobernantes dispuestos al diálogo serio y a programas respetuosos de acuerdos alcanzados.

El municipio autónomo de San Juan Copala, impulsado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), tiene como origen una búsqueda decidida de poner un alto al abuso del poder de algunos líderes y como medio de construir afanosa y perseverantemente la paz intercomunitaria.

No obstante, la crítica a dirigentes triquis y mestizos, encumbrados y apoyados en estructuras partidistas y económicas, ya no es oída ahora, como en tiempos pasados, sobre todo en las filas del MULT original. Antes, la disidencia era habitualmente construida en prolongadas y participativas asambleas de los barrios como en cualquier reunión democrática. La función tradicional del líder triqui puede volver a lograr el consenso. Durante 10 años de trabajo entre ellos (1987-1997) comprobé el ejercicio inteligente de sus autoridades, que escuchaban, ponderaban, sintetizaban y exponían acuerdos enriquecidos por discusiones plurales, fruto de la libertad de expresión vigente.

La violencia, aunque históricamente fue inducida y armada desde el exterior, ha sido asimilada como forma de dominación de unos grupos triquis sobre otros, apoyados por agentes comerciales y de gobierno, con partidismos radicales. La perversión de estas alianzas llega a crear, mediante crímenes impunes, un temor generalizado entre la población que necesita y se subordina a quienes tienen el poder de matar y ser exonerados u ocultados.

Los copaltecos son capaces de acuerdos y de ayuda aún entre grupos contrarios. Para llegar a consolidar este eje de vida ciudadana a la que tienen derecho, se necesitan instancias gubernamentales y civiles democráticas, respetuosas de las diferencias con otros grupos originarios y comprometidas con la ley, la justicia y la transparencia.

Es necesario actuar más allá de caravanas humanitarias, legítimas en la medida en que actúen como resultado de un diálogo verdadero entre todos los actores… como sujetos de su historia. Son ellos los que pueden llegar a convencerse de que gobernar es servir a todo un pueblo para que recupere su unidad y su capacidad de luchar humanamente, a un nivel de inteligencia superior, en el que deponer las armas con su brutal y desintegrador lenguaje resulte de una conclusión propia, entendiendo el espíritu de los artículos 2 y 10 constitucionales.

El pueblo triqui de Copala podrá construir una paz duradera cuando Estado y sociedad civil le ofrezcamos un espacio de encuentro entre facciones, consistente por una institucionalidad responsable y respetable.