Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Minera San Xavier, por carecer de autorización su manifestación de impacto ambiental (MIA), incumple la ley y deberá cerrar, señaló su titular, Patricio Patrón Laviada. Dijo que el proceso administrativo llevará varios días, pero aseguró que se hará justicia.

El juzgado segundo de distrito con sede en San Luis Potosí recibió del tribunal colegiado con sede en esa entidad la confirmación de un fallo que cancela de manera definitiva la MIA que tenía Minera San Xavier, por lo que la Profepa podría clausurar por segunda ocasión la operación de la empresa, revelaron fuentes judiciales consultadas.

La resolución judicial indica que la compañía, al no contar con la MIA, puede ser clausurada, aunque la decisión corresponde a la Profepa. El artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente obliga a las mineras a contar con dicha manifestación. La Profepa lleva un proceso administrativo a la empresa, ubicada en San Luis Potosí, octava productora de oro y décima de plata en el país, por carecer de la autorización ambiental.

Sin embargo, la subsidiaria de la canadiense New Gold –que lleva ya 10 años en litigio contra la Semarnat y Grupo Pro San Luis Ecológico– puede activar de nueva cuenta el proceso jurídico y defenderse de la medida mediante un amparo, como ocurrió tras la primera clausura. De esta forma la empresa está en posibilidades de demostrar ante un juez federal que puede trabajar sin la MIA, lo que daría inicio a un nuevo litigio, esta vez contra la Profepa.

En entrevista, Patrón Laviada explicó que el pasado 25 de agosto personal de las oficinas centrales de la dependencia realizó una inspección en la minera, ubicada en Cerro San Pedro, la cual concluyó dos días después. La empresa contestó lo que en derecho le convino. Estamos analizando la respuesta para dictaminar pronto, abundó.

Se está elaborando una resolución, y cuando se emita la empresa tendrá 10 días para responder y complementar lo que se le pida.

–¿Qué puede decir acerca de la percepción de la gente de que en este caso no hay justicia ambiental?

–Este caso es paradójico. Después de 10 años cualquiera puede decir que la justicia está siendo lenta. Es un caso que ha tardado mucho y ha habido amparos de ambas partes. Hoy día, el que ha ido ganando la situación jurídica es Pro San Luis Ecológico. Para la Profepa ese lugar no tiene permiso y debemos actuar en consecuencia. La empresa también tiene sus derechos y podrá argumentar contra la opinión de la Profepa, hacer uso de las instancias legales que considere. A pesar de lo lento que ha sido, es un caso en el que la justicia en México ha pasado la prueba”.

Dijo que a diferencia de la clausura que se hizo en noviembre pasado a la minera, cuando se aceleró el procedimiento para hacer la clausura temporal, ahora se está haciendo en detalle. Vamos a procurar justicia. Estamos en un acto administrativo que debe llevar al cierre de la empresa por no contar con manifestación de impacto ambiental.

Ayer en la mañana integrantes de Pro San Luis Ecológico se manifestaron frente a las instalaciones de la Profepa, en demanda de una reunión con Patrón Laviada, quien no estaba en las oficinas, y se les ofreció una reunión con otro funcionario, pero no lo aceptaron y posteriormente se retiraron.