El homicidio de Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, perpetrado por elementos del Ejército, propició un vehemente debate en el pleno de la Cámara de Diputados, donde la mayoría de las bancadas exigieron al gobierno del presidente Felipe Calderón la revisión exhaustiva y definitiva de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles. Incluso entre las demandas de los legisladores sobresalió la revisión del fuero militar.

El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), lamentó los decesos y dijo que es necesario ajustar las normas de actuar castrenses al enfrentarse al crimen. No olvidemos que el Ejército está prestando un auxilio en una tarea que no le corresponde directamente. En esos casos es necesario modificar la legislación. Es indispensable que este ajuste se haga. Ésta es una certeza que necesita el Ejército para saber cuáles son las normas y bajo qué conductas va a regirse, y también es indispensable para que la estrategia se complete. ¡No debe haber más bajas civiles en este tipo de situaciones!

En su intervención, Pablo Escudero Morales (PVEM) recordó que en 2007 el Congreso aprobó un gasto para seguridad pública de 13 mil millones de pesos y tres años después el monto creció a 32 mil millones, equivalente a 137 por ciento. “No obstante, los resultados obtenidos son alarmantes y trágicos: 28 mil ejecuciones, de las cuales únicamente hay mil 400 averiguaciones previas.

Pero el otro tema que tenemos pendiente es el del fuero militar. ¿Qué estamos esperando aquí para empezar a estudiar, a analizar, a discutir y a debatirlo? Pareciera que estamos esperando a que la Corte nos haga la tarea.

Por su parte, Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) deploró la muerte de Vicente y Alejandro León, “pero también me sumo a  la indignación expresada por miles de mexicanos y mexicanas que venimos sosteniendo que la estrategia seguida por el gobierno federal no sólo ha sido fallida, sino está soportada en una visión autoritaria, necia, intolerante, que ante las propuestas de revisión y evaluación y de no seguir militarizando la vida nacional, nos han respondido con frases lapidarias como ‘ya me están hartando las críticas. Son daños colaterales. La guerra va a seguir muchos años. Disculpen, fue un lamentable error”’.

La réplica correspondió al panista José Luis Ovando. Lamentó los fallecimientos y dijo: La pérdida de una vida humana es el final de un proyecto de vida en el cual todos tendríamos que haber colaborado para que culminara con éxito. Es muy fácil después intentar sacarle raja política al tema de la seguridad pública poniendo números en la mesa o haciendo señalamientos ligeros o sembrando sospechas que no se fundan o que no se acompañan con pruebas.

Para Rubén Moreira (PRI) es necesario reconocer el origen social del Ejército, pero hoy a este cuerpo se le dan tareas para las cuales no fue creado en una estrategia que ya no solamente a juicio de algunos, sino de muchos, es un error. ¿Por qué iniciamos la guerra? Yo soy de aquellos que piensan que en la búsqueda de una legitimidad, ahí está el inicio de esa confrontación; una guerra para la cual no se preparó a nadie, a la cual el Ejecutivo no tenía ni siquiera la dimensión de lo que iba a suceder; se actuó sin rumbo, sin metas, sin objetivos.

En su turno Jaime Cárdenas Gracia (PT) recordó la inconstitucionalidad de la presencia del Ejército en las calles para combatir a la delincuencia. El artículo 21 de nuestra Carta Magna indica que la seguridad pública es una tarea que corresponde a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.