La Ley Federal de Extinción de Dominio, que entró en vigor el 27 de agosto de 2009, ha fracasado porque los delincuentes afectados con esa medida civil tienen la posibilidad de recuperar sus bienes una vez que litigan sus casos contra la Procuraduría General de la República (PGR) y logran reducir las acusaciones, sostuvieron jueces y magistrados federales consultados.

Dijeron que el Legislativo no previó que si bien es una medida para que el Estado mexicano de inmediato pueda hacer uso de los bienes decomisados al crimen organizado, el problema es que una vez que el delincuente se defiende, y después de varios años logra ganar su juicio penal, el Estado también está obligado a indemnizarlo, es decir, a pagarle lo relativo al valor de los bienes incautados.

Uno de los jueces consultados destacó que la falta de seguridad en el gobierno federal de que después de incautar algún bien inmueble a los delincuentes éstos no lo podrán recuperar, ha provocado que la figura de la extinción de dominio se ocupe muy poco.

Un caso ganado en primera instancia

Desde que entró en vigor la ley, la PGR sólo ha ganado, en primera instancia judicial, un caso de extinción de dominio.

En ese caso, Alfonso Flores Padilla, juez de distrito especializado en extinción de dominio del centro auxiliar de la primera región en el Distrito Federal, resolvió extinguir en favor de la PGR el dominio del inmueble ubicado en Centlápatl 131, colonia San Martín Xochináhuac, delegación Azcapotzalco, que era una tienda de abarrotes que se ocupaba para vender drogas al menudeo.

Sin embargo, el propietario del inmueble, quien está en prisión, aún puede apelar de la sentencia judicial. Incluso, aunque el presunto criminal pierda el recurso de segunda instancia en el tema civil, si logra desacreditar los cargos penales que le fincó la PGR, estará en posibilidades de reclamar un amparo contra la extinción de su bien y exigir una indemnización equivalente al precio del inmueble.

El presidente Felipe Calderón envió el pasado viernes al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio, en la que propone que sean quitados a delincuentes bienes adquiridos con recursos ilícitos, sin importar el resultado del juicio penal.