n el mismo acto en que Ángel Aguirre Rivero fue presentado como precandidato a gobernador de Guerrero, una manta fue levantada por el abogado José Sánchez, defensor de las viudas de la matanza de Aguas Blancas, acusándolo de ser responsable de la masacre de El Charco.

Ángel Aguirre es senador por Guerrero. Militó hasta el pasado 26 de agosto en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre 1996 y 1999 fue gobernador sustituto del estado, a raíz de la licencia para separarse del cargo que se obligó a tomar a Rubén Figueroa Alcocer, responsable de la matanza de Aguas Blancas. Ha sido uno de los principales aliados en la entidad de Enrique Peña Nieto, con quien celebró su cumpleaños. Pero ahora, desde el 29 de agosto es el precandidato a gobernador del estado por la alianza del Partido de la Revolución Democrática (el PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia.

Ángel Aguirre era mandatario estatal interino cuando, el 7 de junio de 1998, el Ejército atacó una asamblea de trabajo de campesinos en la comunidad de El Charco y mató a 11 personas, acusándolas de ser presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Pero ése no fue el único caso de represión durante su gobierno. El PRD denunció que durante la gestión de Aguirre fueron asesinados 60 militantes. El entonces gobernador interino no aclaró ninguna de esas muertes. Tan sólo en los primeros 16 meses de su administración, el partido documentó casi 100 hechos de violaciones a derechos humanos.

El reporte fue entregado, en agosto de 1997, al entonces relator de la ONU para casos de tortura, Nigell Rodley, durante su visita a la entidad. En él constan casos de asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones ilegales, hechos perpetrados en todo el país por elementos del Ejército, judiciales estatales, grupos paramilitares y caciques. Guerrero fue la entidad con más violencia política contra el sol azteca.

Con muy mala memoria (o con muy poca vergüenza) el PRD postula ahora como su candidato a mandatario estatal al mismo personaje que en el pasado acusó de represor. Por supuesto, sus dirigentes no lo aceptan. El diputado Guadalupe Acosta Naranjo dijo que Ángel Aguirre no tiene un oscuro pasado porque ni fue represor ni violó los derechos humanos cuando fue gobernador interino. Reconoció que el PRD hizo acusaciones y señalamientos contra Aguirre en 1997, pero dijo que lo hizo por la insistencia de buscar justicia.

El hasta hace unos días distinguido priísta también se lavó las manos. Durante un mitin en Acapulco con sus seguidores, dijo, como si él fuera otra persona: Ángel Aguirre Rivero nunca ha asesinado o encarcelado a alguien de manera injusta. Mi conciencia está tranquila. Nunca me he manchado las manos de sangre.

¿Por qué el PRD lo postula como candidato? Porque piensa que con él puede ganar las elecciones en la entidad. El asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría, presidente del Congreso local, el 20 de agosto de 2009, dejó al sol azteca sin una figura con arraigo para gobernar la entidad. Cinco precandidatos de ese partido aspiraron a la nominación. Dijeron que si no eran ellos los escogidos, el candidato debería ser un personaje externo. Es decir, vetaron a sus compañeros.

El 6 de agosto, el presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve Baños, fue designado candidato priísta de unidad al gobierno de Guerrero. Añorve es una pieza de Manlio Fabio Beltrones. Su nombramiento precipitó la ruptura de Aguirre Rivero (su primo) con el tricolor.

Según la dirección del PRD, las encuestas muestran que para vencer a Añorve se requiere postular a alguien con más presencia que los aspirantes del partido. Y ese alguien es Ángel Aguirre.

Irónicamente, la candidatura del ex priísta no cabe en los criterios que se invocaron para pactar alianzas en seis comicios locales. En aquel entonces se dijo que éstas eran necesarias para: 1) iniciar la alternancia en los estados donde históricamente había gobernado el PRI; 2) quitarle recursos a los gobernadores para que no manipularan las elecciones en 2012; 3) crear un escenario de competencia para las presidenciales que se había desdibujado con la prematura campaña de Enrique Peña Nieto; 4) reinstalar la esencia de la democracia, que es la incertidumbre sobre quién va a ganar, y 5) acabar con la idea de la inevitabilidad de triunfo del PRI y la candidatura de Peña Nieto.

En Guerrero gobierna el PRD. Aunque el actual gobernador, Zeferino Torreblanca, es un panista de clóset, milita en las filas del sol azteca. Allí no hay, formalmente, la necesidad de acabar con una dinastía autoritaria ni de promover la alternancia. Ángel Aguirre es, además, un activo de Enrique Peña Nieto. Enrique es mi amigo, no lo voy a negar, pero él hoy está en un plano y yo en otro, dijo el precandidato.

El gobernador Torreblanca, afectado porque su candidato a la gubernatura quedó fuera de la jugada, aseguró que la alianza que postula a Aguirre es una sociedad mercantil formada por bandoleros, mercenarios, etílicos y cínicos que salían con las bolsas llenas de dinero y cuyo único objetivo es el lucro. El PRD –dijo– pactó una alianza estratégica basada en el lucro, para que no se pierdan canonjías, puestos, las migajas que deje el gobierno para seguir siendo parásitos y burócratas de la izquierda; que cambian de un día para otro y que elegantemente dicen unificarse, pero en mi tierra les dicen camaleones, traicioneros a sus principios.

En Guerrero existe un perredismo histórico, estrechamente ligado a las luchas sociales. El partido tiene arraigo, es una fuerza competitiva. Sus militantes han sido asesinados y perseguidos por el PRI. Postular a uno de sus perseguidores porque –suponen– triunfará es, por decir lo menos, un acto de desmemoria muy grave, una falta de respeto a quienes dieron la vida por el partido; es una desvergüenza.