penas el 26 de agosto, el jefe de las operaciones bélicas nacionales se quejaba así, con amargura y hastío preocupantes: Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército; una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante un juez y todo. Ayer, ese mismo declarante, y sus voceros institucionales, aceptaron que debe investigarse el asesinato de dos personas en la zona conurbada de Monterrey, en un episodio que se inscribe en la serie de denuncias de agresiones militares a civiles y que, a no ser en este caso por la irritante evidencia de inocencia de la familia atacada con armas de fuego reglamentarias, habría pasado a formar parte de los olvidables estribillos latosos que al licenciado Calderón ya empiezan a cansar.

El insólito asomo enunciativo de prontitud indagatoria calderónica en un tema enfadoso ha de tomarse con reservas y adelantando que los primeros indicios declarativos no ayudan a esperar un vuelco de fondo en lo que hasta ahora ha sido protección incondicional a los militares en acción, pero sí el uso ejemplar, circunstancial, acotado, del caso para demostrar a propios y extraños que cuando se está frente a una verdadera violación de derechos humanos (no como sucede con las otras cantaletas que cansan) la maquinaria institucional puede suministrar algo formalmente etiquetado como justicia.

Excepción que ayude a confirmar la regla: aun cuando los familiares de los agredidos aseguran que no había ningún retén, y que no tuvieron aviso de que hicieran alto, sino hasta que las balas llovían sobre ellos, y que esa misma circunstancia aseguraron haber vivido los miembros de otra familia atacada meses atrás, ésta en las cercanías de Nuevo Laredo, el comandante supremo de las fuerzas armadas, el licenciado Calderón, dijo que para el militar su tarea es estar en el retén y que ningún vehículo pase sin ser revisado y que es importante que las fuerzas federales y militares puedan defenderse y utilizar armamento.

Salvo la rapidez para enfrentar el tema, a menos de 24 horas de sucedido, tampoco hubo esencia destacable en la conferencia de prensa que ayer ofreció el vocero del gobierno federal para asuntos de narcotráfico, el académico Alejandro Poiré, quien simplemente insistió en la palabra clave de la estrategia mediática desplegada: investigar, y en la argumentación propia de la casa, es decir, en la justificación de las operaciones bélicas y en la ya acostumbrada cantaleta de las condolencias oficiales a los deudos. Pero el mismo Poiré dijo que en todo caso una de las medidas que se tomarán a partir de lo sucedido en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es ajustar los protocolos de información a habitantes de zonas donde se instalen retenes para que los respeten y se eviten incidentes.

La aceptación de que algunas cantaletas deben ser investigadas, y el agregado de nuevos datos referentes al asesinato de migrantes en Tamaulipas (se ha decretado que tres, ahora muertos, fueron partícipes de la masacre, sin aportar ninguna prueba, sólo la palabra del gobierno federal), proviene del reconocimiento de que el felipismo ha entrado en una doble vía de colisión. En lo externo se agudiza el rechazo a las políticas de criminal abandono que el gobierno mexicano aplica al tema de los migrantes de Centro y Sudamérica que cruzan nuestro país rumbo a Estados Unidos y por sistema son agredidos hasta llegar a niveles fatales de escándalo como lo sucedido en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas. En lo interno, la indignación crece ante el nuevo ataque de militares contra familias que viajan en automóvil y son acribilladas porque presuntamente no obedecen instrucciones de detenerse en retenes de por sí discutibles y siempre imprecisos en cuanto a autenticidad y objetivos.

Calderón parece estar siendo presionado a realizar demasiadas correcciones al mismo tiempo, lo que podría llevarlo a buscar salidas efectistas. En lo interno plantea un proceso de investigación sobre el asesinato de dos personas en las inmediaciones de Monterrey, y pone en movimiento todo el aparato institucional para impulsar la apariencia de que al fin podría hacerse justicia cuando menos en uno de los muchos casos de acusaciones contra militares. En lo externo, trata de cerrar expedientes, con supuestos ejecutores de migrantes que ya no podrán ser procesados, pues murieron y luego fueron identificados gracias a las siempre oportunas llamadas telefónicas anónimas y el reconocimiento –que ha de suponerse inscrito en un contexto de gran miedo– que de los cadáveres habría hecho un sobreviviente.

Y también es presionado el ocupante de Los Pinos por los priístas que ayer cercaron a Calderón para tratar de cobrarle la traición del pasado proceso de aprobación del paquete fiscal, cuando los de tres colores votaron a favor de las propuestas gubernamentales en materia fiscal a cambio de que el PAN se abstuviera de hacer alianzas con el PRD, sobre todo en Oaxaca y el estado de México. Calderón jugó la infantilísima carta de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le había ocultado las negociaciones que habían sido incluso firmadas en el principal despacho de Bucareli, y que el muy independiente César Nava se negaba a cumplir lo tratado por el secretario Gómez Mont. Así, con esa treta insostenible, Calderón creyó verle la cara al dinosaurio que pacientemente esperó la llegada de los tiempos presentes, cuando preside las dos cámaras y cuando cobrará con réditos las deudas blanquiazules del año pasado, obligando al calderonismo a aceptar que el IVA baje un punto, con lo que el PRI tendrá bandera para la campaña electoral de 2012, exigiendo una reducción de plazas y gastos al felipismo, para evidenciar los despilfarros y excesos cometidos durante el decenio panista trágico, y demandando que en el presupuesto del año próximo no haya simulaciones. ¡Hasta mañana!

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