Franklin Brito, el productor agrícola que murió el lunes 30 de agosto tras una prolongada huelga de hambre en protesta contra un supuesto control de sus tierras del gobierno venezolano, falleció por un hecho que nunca existió, según se desprende de documentación oficial entregada a La Jornada por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México.

Es menester insistir y recordar que el señor Brito en ningún momento ha sido sujeto de algún procedimiento de rescate y/o expropiación, sino que el mismo siempre ha permanecido en posesión de las tierras que le otorgó el extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) en 1999, dice un documento oficial con fecha de junio y entregado a La Jornada.

Este documento difiere de la información manejada por las agencias de noticias en cuanto a una supuesta expropiación de tierras a Brito efectuada en 2005 por el gobierno del presidente Hugo Chávez y devueltas en 2009.

De acuerdo con el documento, en 1999 Franklin Brito recibió del gobierno bolivariano, a través del extinto IAN, la titularidad de 290 hectáreas correspondientes al fundo de Yguaraya, en el sector de la Tigrera, del municipio de Sucre.

En 2003, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) entregó cartas agrarias a Rafael D’Amico Vaquero y Concepción de Jesús Antoimas Fajardo, titulares de los predios vecinos a la Yguaraya, en cumplimiento a un decreto presidencial del 14 de febrero de 2003.

En marzo de ese año, Brito acusó de solapamiento de tierras en el otorgamiento de esas cartas agrarias. Para noviembre de 2003, en atención a su denuncia, se realizó el primer informe técnico con verificación de linderos por parte del INTI. Entonces se corroboró la no existencia del mencionado solapamiento y se le señaló la necesidad a Brito de que procediera al trabajo de construcción de cercas con la finalidad de delimitar claramente su propiedad.

El productor interpuso acciones de amparo constitucional ante el juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, agrario y tránsito de Ciudad Bolívar en 2006, ante el juzgado superior quinto agrario del estado Monagas en 2006, apelada ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2007. Todos esos amparos fueron declarados inadmisibles.

Según el documento de la embajada venezolana, las inspecciones del INTI se repitieron cuatro ocasiones más: en junio de 2005, en marzo de 2007, en abril de 2007 y en diciembre de 2009. En todas se verificó la no existencia de solapamiento.

Durante esos años el gobierno apoyó a Brito al cancelar el supuesto costo de los daños a sus cultivos ocasionados por vecinos colindantes en 2005 –año en que hizo la primera de ocho huelgas de hambre– e hizo trabajos como reconocer una servidumbre de paso, construir una manga que distinguía la servidumbre de paso, ampliar la entrada principal del fundo y colocar la cerca con botalones y alambre de púas y una obra de alcantarillado en 2006.

En vista de su estado de salud, derivado de sus continuas huelgas de hambre, en 2008 el gobierno deforestó en la tierra de Brito 40 hectáreas, le entregó un tractor y una rastra, reparó su vehículo personal, le entregó insumos agrícolas para 11 hectáreas de melón y 11 hectáreas de patilla. Además lo exoneró de un crédito de Fondafa y se le dieron enseres domésticos.

En agosto de 2009, el INTI nuevamente llevó a cabo un acto administrativo de revocatoria de cartas agrarias y otra revisión de linderos, y una vez más se comprobó la no existencia de solapamiento, por razones humanitarias, para ayudar al levantamiento de la huelga de hambre de Brito, señaló la embajada.

Con todo, Franklin Brito murió a los 49 años en el Hospital de Caracas tras su octavo ayuno, alegando que no le habían dado indemnización, ni carta que anulara la expropiación de su fundo de 290 hectáreas, hecho que los sectores de la oposición venezolana han utilizado para culpar al gobierno de Chávez por la política oficial de no reconocer el derecho a la propiedad y que el presidente de Venezuela ha atribuido a los opositores que se aprovechan de la tragedia de un ser humano y su familia para intentar ganar votos y desestabilizar a un gobierno legítimo y democrático en un contexto previo a las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela.