La razón por la cual el gobierno capitalino se negó a participar en los foros de debate La supervía, mitos y realidades es su falta de argumentos técnicos, jurídicos y sociales para defender un proyecto que violenta los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad de México, coincidieron representantes de organizaciones civiles.

Durante la segunda jornada de debates que organiza el Frente Amplio en Contra de la Supervía se advirtió que la oposición a la obra no es un movimiento que sólo defienda las parcelas y derechos humanos de un determinado grupo, ya que está en juego la sustentabilidad del Distrito Federal.

En esta ocasión la mesa de discusión, que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se denominó Derechos humanos y legalidad.

Participaron tres ponentes: Simón Hernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Alfonso García, del Centro Fray Francisco de Vitoria, y Luis Miguel Cano, de Litiga Ole. También asistieron tres comentaristas: Mónica González Contró, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, estos últimos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los ponentes argumentaron que la supervía va en contra de los propios decretos y programas que ha publicado el gobierno capitalino con el objetivo de justificar una vialidad que sólo responde a los intereses económicos y políticos de una minoría.

No respeta la declaratoria como área de valor ambiental de la barranca de Tarango; la solicitud de adjudicación que presentó la concesionaria se hizo antes de que la declaratoria de necesidad pública causara efectos.

Entre las garantías violentadas, los especialistas mencionaron el derecho a la consulta y participación ciudadana; el derecho a la vivienda de toda una comunidad, no sólo de particulares; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho al agua (se estima que en las zonas de reserva ecológica por donde se pretende construir la supervía se recarga 70 por ciento del agua de lluvia), y el derecho a la residencia y la comunidad, entre otros.

“Este proyecto es de una minoría que afecta los derechos de todas las personas que viven en esta ciudad, y el derecho al agua es la prueba de ello. Quienes se oponen a la supervía no es un grupo minoritario y rijoso”, se aclaró.

Entre los asistentes surgió el cuestionamiento a la actuación de la CDHDF, pues hace alrededor de dos años se presentó la queja correspondiente. También se expresó que el derecho a la información fue violentado por las autoridades, pues si bien se han dado a conocer de manera parcial los contratos y documentos (aún no son públicos algunos anexos del título de concesión), se realizó cuando la obra ya había sido aprobada.