esde el gobierno se insiste en que en medio de la crisis financiera global la economía mexicana ha resistido. No es ésta en principio una mala situación. Pero no es suficiente. La economía sigue siendo muy vulnerable y crece poco de manera crónica desde hace tres décadas.

Es poco probable que en los dos años que quedan de esta administración se resuelvan las reformas que siguen estando pendientes desde hace mucho tiempo.

Es igualmente poco probable que se establezcan las bases para acelerar el ritmo de crecimiento y salir de ese nivel de escasos 3 por ciento en promedio anual y que indica los límites de la estructura productiva, social e institucional existentes en el país.

Eso es así pues no se sale del marco tan estrecho de los criterios con los que se administra la economía y del entramado de restricciones a la actividad económica. Se mantiene una fuerte concentración y control de los sectores clave, junto a una atrofia del segmento de las pequeñas y medianas empresas. La productividad no aumenta, los ingresos están por debajo de las necesidades de gran parte de la población y el sector público sigue succionando recursos cuyo uso no se expresa de modo claro en una mayor eficiencia social.

Pero hay márgenes para reasignar esos recursos y abrir espacios para la creación de riqueza. Para ello hay que superar esa especie de deformación en el inconsciente del gobierno y el Congreso que se expresa en una forma de la fatalidad. Hay que librarse de ella y rápidamente.

La política económica no es capaz de llevar las condiciones de la estabilidad financiera a un proceso de mayor nivel de actividad económica. Ese debería ser un criterio para replantear lo que se hace y cómo lo hacen la Secretaría de Hacienda el Banco de México, y del modo en que opera el conjunto del sistema financiero.

No sólo está fuertemente concentrada la actividad de los grandes grupos financieros: la regla es 80 - 20 en cuanto al control de los recursos frente al resto de las instituciones. Esa se ha convertido en una situación inflexible. Pero, además, está el asunto de que los bancos extranjeros controlan en efecto el sistema de pagos de esta economía. Las decisiones del gobierno de Ernesto Zedillo en cuanto al sector financiero fueron y siguen siendo sumamente onerosas en términos fiscales y han provocado grandes distorsiones institucionales en el financiamiento de la actividad productiva. Es un ancla muy pesada.

Se habla constantemente de la necesidad de bancarizar a la población. Debería hablarse también de modo explícito, con acciones bien definidas y con medidas de comprobación de la bancarización de las empresas; de esas que se agrupan en micro, pequeñas y medianas que son entidades muy distintas entre sí y que forman el eje de la ocupación de las personas. Hoy prácticamente no tienen acceso al crédito, lo que restringe su funcionamiento y capacidad de transformarse y de innovar. Ahí está un espacio relevante de la competencia y el crecimiento.

En el mercado financiero hay empresas e instrumentos variados que atienden segmentos distintos de usuarios del crédito. La cobertura no es eficiente, sin duda, y las autoridades del sector deben entender los diversos modelos de negocio para adaptarlos e, igualmente, para no segarlos. La regulación tiene que ser firme para evitar quebrantos y malos manejos, pero no castrante, so pena de seguir beneficiando los intereses de los grandes grupos.

Y está el asunto de la deuda pública. Ésta se acumula y su costo subirá, aparte de los riesgos que entraña. A pesar de que se aumentaron los impuestos, la recaudación es muy baja y el uso de los recursos no se muestra como un estímulo para que se invierta más y haya más trabajo.

La deuda del gobierno central colocada en el mercado, por ejemplo, mediante los Cetes constituye una parte mayoritaria de la cartera de los grandes bancos que concentran las asignaciones en las subastas. Esto concentra una vez más los rendimientos financieros, les genera altos beneficios y excluye a las demás instituciones de los mecanismos de fondeo. Por supuesto que excluye también a las empresas. Puede ser una forma desleal de competencia pero, también, una forma de premio a la rentabilidad de los bancos más grandes que sería totalmente injustificada. En todo caso la distorsión es grande.

El tema fiscal tiene que ser replanteado, junto con la política monetaria de manera decisiva. Es así que los dos asuntos que se han señalado aquí: el del financiamiento del gobierno y de las empresas, converge.

No habrá arreglo fiscal posible a mediano plazo sin que se destraben las fuentes primarias de financiamiento de las empresas, especialmente las que están excluidas del flujo del crédito. Para ello sería útil alguna forma de política industrial, como se hace en otros países que van más allá de la resistencia.

Del mismo modo no habrá manera de establecer un nuevo patrón de crecimiento con mayor peso del mercado interno, sin un replanteamiento de estas dos avenidas de las fuentes y el uso de los recursos. Ante la inminencia del debate del Presupuesto Federal de 2011 estos asuntos no pueden dejarse de lado.