l posicionamiento difundido ayer por Euskadi Ta Askatasuna (ETA), en el sentido de que el camino político es posible para resolver el conflicto vasco, y su anunciada decisión de no llevar a cabo acciones ofensivas, parecen una reacción a las presiones ejercidas sobre el grupo por las organizaciones político-electorales de la izquierda independentista del País Vasco, una respuesta al involucramiento de personalidades internacionales en el escenario de Euskadi –los sudafricanos Desmond Tutu, Frederik Willem de Klerk y Brian Currin, así como los irlandeses John Hume, Mary Robinson y Gerry Adams– y también, acaso, una consecuencia de la debilidad política y operativa en que se encuentra la propia ETA a raíz de los golpes policiales que ha sufrido en meses recientes.

Independientemente de los motivos del grupo armado, es claro que el comunicado que se comenta, hecho público ayer por la BBC, abre un momento propicio para una negociación política que lleve a encauzar la problemática del País Vasco por las vías institucionales y electorales, y que ponga fin a más de medio siglo de confrontaciones violentas, guerra sucia y atentados terroristas.

El impasse actual es ineludible: los asesinatos y los bombazos, repudiables en cualquier circunstancia, no contribuyen en nada a la consecución de los propósitos del nacionalismo vasco ni a la alteración de un estatuto autonómico que no satisface las aspiraciones nacionales de una buena parte de la población. Por el contrario, la violencia etarra ha facilitado la criminalización, en su conjunto, de la izquierda abertzale, e incluso de estamentos moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por el gobierno de Madrid. Pero, por otra parte, la mera represión policial, con todos sus excesos, no ha logrado desactivar, en cinco décadas, a ETA y a sus seguidores porque, les guste o no a las autoridades españolas, ese grupo no es una mera banda delictiva sino, fundamentalmente, una expresión política, así sea desviada y delirante, del sentir de un sector irreductible de la población vasca.

Para las autoridades madrileñas no será fácil procesar adecuadamente el desafío de empezar a construir la paz; no sólo por los riesgos electorales que conlleva esa tarea –la propaganda mediática y el propio discurso oficial han convertido los propósitos de pacificación en muestras de debilidad y claudicación ante el terrorismo, y buena parte de la opinión pública española se ha dejado intoxicar por esas construcciones discursivas–, sino por el elevado costo político que implica reconocer que el actual marco constitucional de España no permite gestionar en forma democrática las principales reivindicaciones nacionalistas –la vasca y la catalana– que sobrevivieron a la dictadura de Franco y persisten en el actual régimen.

Tales dificultades no justifican, sin embargo, el desdén con que los núcleos principales de la clase política peninsular recibieron el anuncio etarra. Sin duda habría sido deseable la expresión de una voluntad más nítida de ETA a dejar las armas en forma definitiva, a aceptar las verificaciones internacionales de un cese del fuego permanente y a aceptar el tránsito a las vías políticas como única forma de lucha. Pero esas insuficiencias no debieran dar motivo para dejar pasar una oportunidad como la presente. Los políticos españoles en general, y quienes actualmente se encuentran en el gobierno en particular, tendrían que comportarse con la responsabilidad y el sentido de Estado que les son exigibles; dejar de lado los designios de aplastamiento y aniquilación del adversario y tender puentes de comunicación, comprensión y diálogo a fin de emprender, de una vez por todas, el difícil camino de la paz en y para el País Vasco. Ayer mismo Gerry Adams, uno de los protagonistas del exitoso proceso de paz para Irlanda del Norte, exhortó al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a que abra rápidamente unas negociaciones políticas incluyentes. Ojalá que lo haga, por el bien de España y del País Vasco.