arís. miles de personas en ciudades de Francia, 30 mil en París, desfilaron bajo el lema No en nuestro nombre, contra las expulsiones de familias rom, por los valores republicanos y contra la xenofobia en política convocados por la Liga de los Derechos del Hombre este sábado 4 de septiembre, aniversario de la tercera República (1870-1940) que no sólo representa la abolición de la monarquía sino una considerable acotación del poder presidencial. Líderes de izquierda (de los socialistas sólo el alcalde de París, Bertrand Delanoe, pues este partido comparte decisiones gubernamentales) y figuras como la actriz Jane Birkin acompañaron a la gente del viaje (nombre que se da en Francia a los gitanos, nómadas o sedentarios) algunos de los cuales blandieron su pasaporte francés ante los espectadores, mientras la mayoría, ilegales, denunciaban órdenes de expulsión.

Los disturbios desencadenados por la muerte de un gitano durante una represión policiaca, en julio pasado, justificaron el comienzo de una política de expulsión de los roms a quienes el ministro del Interior responsabiliza del aumento de 259 por ciento de delitos en 18 meses: un robo de cada cinco es cometido por un menor rumano, con lo que queda una confusión entre los rom (gitanos) y los ciudadanos de Rumania. Sin embargo, según analistas como el sociólogo Laurent Micchielli del diario Rue89, es imposible verificar esas cifras ateniéndose a las estadísticas de la policía, donde no aparece la nacionalidad de los delincuentes o, si aparece, no es en relación con delitos penales sino a faltas administrativas, como la falta de documentos oficiales o bien aparece cuando la condena ha sido pronunciada y en este rango hubo 6 por ciento menos condenas a personas de nacionalidad rumana entre 2007 y 2008.

El sociólogo también descalifica el argumento de que las expulsiones: sólo obedecen al cumplimiento de la ley mencionando las anulaciones de cuatro órdenes de expulsión dictadas por los tribunales administrativos de Lille y Versalles, que no encontraron válido el motivo de ocupar un terreno privado y con ello alterar el orden público. En cambio, escribe Micchielli, dedicar 74.4 millones de euros a demoler y reconstruir habitaciones en las zonas marginadas “en vez de invertir en lo humano: escuela, empleo, tercera edad… contra la depresión social y sicológica, tiene algo de criminal”.

Yuriria Iturriaga, corresponsal