La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que apoyará las gestiones del Grupo Cementos Chihuahua, para que reciba una indemnización justa y apegada a las normas del derecho internacional, tras la expropiación por el gobierno boliviano de las acciones que tenía en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), en unión con inversionistas de ese país.

Destacó que la embajada de México en el país sudamericano transmitió a las autoridades bolivianas su apoyo a las gestiones que realizan los accionistas mexicanos para que el proceso que deriva de esta medida se desarrolle de manera rápida y conforme a la ley.

Agregó que mantendrá estrecha comunicación con el gobierno de Evo Morales, para dar seguimiento al tema, en el marco de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo existentes.

El primero de septiembre pasado se publicó el decreto presidencial por medio del cual se revirtió para el Departamento Autónomo de Chuquisaca la venta de 33.3 por ciento de las acciones de Fancesa, mismas que hace una década fueron adquiridas por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Ésta última compañía está constituida por el grupo de Chihuahua, el cual posee 47 por ciento de las acciones y por empresarios del país sudamericano.

Fancesa es la segunda mayor empresa productora del adhesivo para la construcción en Bolivia. El 33.34 por ciento de sus acciones estaban en poder de Soboce; otro 33.3 por ciento es propiedad del municipio de Sucre y el resto pertenece a la Universidad Mayor de San Francisco Javier.