La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) ha identificado al menos 47 casos en los que diversos megaproyectos económicos, sobre todo de minería, industria y urbanización, han generado conflictos graves en 15 estados de la República, muchos de los cuales han desembocado en amenazas, hostigamiento e incluso asesinatos contra activistas.

Así lo advirtió María Fernanda Paz Salinas, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante su participación en el seminario Conservación y uso sustentable del territorio, que se realizó este viernes y fue organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como parte de su ponencia sobre los conflictos socioambientales causados por la destrucción del territorio, Paz afirmó que la ANAA, organismo surgido en 2008, ha detectado decenas de casos en los que las comunidades son afectadas por proyectos de grandes empresas, que incluso han recurrido a la violencia para imponer sus intereses.

En iniciativas relacionadas con minería, construcción de carreteras, rellenos sanitarios, industria, urbanización y desarrollo turístico, la violencia ha estado presente. Ha habido hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos contra quienes se oponen. Casi todas estas luchas han sufrido diversos grados de represión, y hay que romper el cerco informativo para denunciarlo, dijo.

Algunos de los casos que han generado mayor descontento y conflicto, afirmó, son los de la presa La Parota (Guerrero), los proyectos mineros de Paredones Amarillos (Baja California Sur) y San Xavier (San Luis Potosí), la autopista Arco Norte (Puebla) y un desarrollo turístico en terrenos de comunidades rarámuris en la sierra Tarahumara (Chihuahua).

La gran mayoría de los proyectos que más tarde provocan conflictos con las comunidades, señaló la investigadora, obtuvieron sus permisos gracias a redes de complicidad y corrupción con funcionarios locales.

Frente a estos casos, que no son aislados ni tienen que ver siempre con coyunturas políticas, la actuación del gobierno mexicano ha sido deplorable. Ha dado permisos sin ninguna consideración y ha permitido que los conflictos escalen.

Algunos otros ponentes del foro, como Martín Vargas Prieto y Jorge Servín, subrayaron que comercializar el patrimonio ecológico del país es viable, siempre y cuando se haga de forma ordenada y autosustentable, como lo demuestran las llamadas Unidades de Manejo y Aprovechamiento (UMA).