l Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal organizó un oportuno congreso llamado El fenómeno del narcomenudeo, porque es necesario atender localmente, tanto en el ámbito de la procuración de justicia como en el de la impartición de ésta, la venta de último escalón de los estupefacientes, que es la que se hace a los consumidores y adictos.
Desde que, en el primer tercio del siglo pasado, se tipificó en México como delito la producción, transportación y venta de drogas enervantes, se determinó por el Legislativo que la competencia respecto de este ilícito correspondería al ámbito federal. Las procuradurías de las entidades federativas, estados y Distrito Federal actuaron desde entonces tan sólo como coadyuvantes y cualquier persona detenida en posesión de droga, en flagrancia o con motivo de otro delito, se remite a la Procuraduría General de la República.
Para que esta colaboración fuera más eficaz, en el gobierno encabezado por Vicente Fox, se crearon, a iniciativa del procurador general de la República, las llamadas UMAN, que son Unidades Mixtas Antinarcóticos.
Estas unidades, a las que se les hizo mucha publicidad en su momento, fueron más útiles para la foto y la nota periodística que para el combate real al mercadeo menudo de drogas en tienditas, antros y vehículos misteriosos estacionados en esquinas estratégicas, sin embargo de algo sirvieron.
Desde entonces, 2003 o 2004, el errático gobierno foxista estaba empeñado en compartir con las entidades la responsabilidad de perseguir este comercio infame de estupefacientes, pero cuando se le planteó en varias ocasiones que tendría también que compartir el presupuesto destinado a este renglón, eludió dar respuestas claras y prefirió diferir la modificación de la legislación.
Pero ahora, finalmente, se aprobó la reforma constitucional que convierte en delito concurrente al narcomenudeo, aun cuando la federación sigue negándose a compartir el presupuesto, sin considerar que quizá el Distrito Federal y algún estado rico pueda asumir la nueva carga sin recursos frescos, pero no lo podrán hacer en la mayoría de los estados.
De ahí la oportunidad del Congreso convocado por el Tribunal Superior de Justicia del DF y lo atinado del señalamiento del procurador local, Miguel Ángel Mancera, de que más o menos la mitad de los asuntos respecto de estos ilícitos pasarán del ámbito federal al local, con lo que trabajo y responsabilidad, se multiplicarán.
Para combatir la delincuencia ocupada del mercado al menudeo de drogas, se requerirán recursos materiales, oficinas, vehículos, armas, sistemas de comunicación y capacitación de policías investigadores, agentes del Ministerio Público y jueces. Todo esto implicará, lógicamente, incremento de presupuesto en estos capítulos y es precisamente lo que las autoridades locales, Tribunal Superior y procuraduría, con razón reclaman.
Por lo pronto, en congruencia con la política seguida desde hace ya algunos años en la ciudad de México, no sólo se combate el delito ya cometido, persiguiendo y consignando a los delincuentes, sino que se busca atajar las causas y prevenir, para evitar que se cometan en el futuro; esta política es la acertada y sin duda en ese camino va el gobierno citadino con programas de atención a jóvenes como el de la beca Prepa sí y el de bachillerato a distancia, para rechazados de la educación escolarizada.
En esta materia, como ya se ha reiterado, da mejores resultados prevenir que reprimir.
