Festejo e indignación
a liberación esta semana de Raúl Hernández, defensor de los derechos de los pueblos in dígenas en Guerrero, además de mostrar la injusticia que se cometió en su contra, descubre una vez más el verdadero rostro de un gobierno entretenido con el fastuoso e inocuo festejo del bicentenario, en un país en el que se violan de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, protagonistas de las batallas históricas de la Independencia.
Raúl Hernández fue detenido el 17 de abril de 2008, junto a otros cuatro integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército Mexicano. Un año después sus cuatro acompañantes recobraron la libertad, pero a Raúl un juez federal le negó un amparo debido al falso testimonio de dos testigos.
El activista indígena fue encarcelado por motivos políticos, y así lo reconoció Amnistía Internacional (AI), que lo acreditó como preso de conciencia, concluyendo que las pruebas en su contra fueron fabricadas y que las que existían a su favor fueron desestimadas. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero pidió para él 50 años de cárcel.
En realidad, el delito de Raúl Hernández fue denunciar, por conducto de la OPIM, la violación de dos mujeres por soldados del Ejército Mexicano, como lo dio a conocer en su momento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero. Las víctimas exigieron justicia en México, sin encontrarla, por lo que el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México en el banquillo de los acusados. Eso no se lo van a perdonar
.
La OPIM fue fundada en 2002 con el objetivo de “proteger la cultura y derechos de los me’phaa”. Además de las violaciones a las dos indígenas, esta organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas de la comunidad El Camalote. El encarcelamiento de Raúl, en este contexto, obedeció a una represalia política por poner en evidencia las violaciones del Estado mexicano.
Finalmente, gracias a la movilización y solidaridad nacional e internacional, Hernández fue puesto en libertad. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que en el contexto que estamos viviendo, sin duda la liberación de Raúl tiene que ser asumida como una victoria del movimiento de derechos humanos y una razón para seguir trabajando juntos
.
Por su parte, AI solicitó una investigación sobre la actuación de las autoridades locales y exigió que Hernández sea compensado por su injusto encarcelamiento
. Sin duda su liberación es motivo de festejo, pero también de indignación ante el hostigamiento abierto contra los pueblos indígenas de todo el país.
