La Paz, 3 de septiembre. El empresario cementero y dirigente de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, anunció la intención de pedir un arbitraje internacional en contra de la expropiación de las acciones de Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en la cementera Fancesa, decretada el pasado miércoles por el gobierno del presidente Evo Morales.

El empresario y opositor al presidente calificó de abuso de poder la reversión (expropiación) de las acciones de Soboce en la cementera –cuyo valor calculó en 80 millones de dólares– y afirmó que son infundadas las acusaciones del gobierno del presidente Evo Morales en su contra sobre presunto tráfico de influencias en la adquisición de dicho paquete accionario.

En conferencia de prensa, el empresario manifestó que al tener un socio extranjero –el mexicano Grupo de Cementos Chihuahua–, Soboce considera la posibilidad de pedir un arbitraje internacional para defender su patrimonio, que, dijo, fue adquirido legalmente en 1999 mediante un préstamo bancario de 26 millones de dólares, que fue lo que pagó por 33.34 por ciento de las acciones de Fancesa que pertenecían a la prefectura de Chuquisaca. Otro 33.33 por ciento de las acciones pertenece a la alcaldía de Sucre –capital boliviana– y una suma similar a la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Con ésta última SOBOCE hizo un convenio, en 1999, mediante el cual le entregó 12 millones de bolivianos (1.7 millones de dólares al tipo de cambio actual) para presidir la administración de Fancesa durante siete años.

La víspera, el ministro de Hacienda, Luis Arce, anunció que el gobierno investiga el supuesto tráfico de influencias en que habría incurrido Doria Medina con base a la ley anticorrupción (recientemente promulgada y que puede ser aplicada en forma retroactiva) porque se habría beneficiado de una ley de privatización de empresas promulgada cuando el empresario fue ministro de Planificación, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Doria Medina repuso hoy que él adquirió las acciones de Fancesa dos gobiernos después (en 1999) se hizo primero una licitación pública internacional y después una subasta internacional. Se han cumplido todas las disposiciones legales vigentes, afirmó.