on fecha 26 de agosto de este año, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-PPR), mediante un comunicado público, emplazó a la comisión de mediación (Comed) a que informe al pueblo mexicano sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.

Estas organizaciones revolucionarias argumentan que “mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre de la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos, que junto con los desaparecidos por motivos sociales son miles de ciudadanos que están en esta infame condición, realidad producto de una política de ‘limpieza social’ que, aunque no lo acepten plumas ‘prestigiosas’, por sus intereses inconfesables, en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica.

El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos corporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policiaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente.

El EPR sostiene que ha respetado la tregua unilateral solicitada por la Comed, “a pesar de la falta de respuesta oficial a la comisión de mediación, a pesar de que en diferentes partes del país se han instrumentado operativos contrainsurgentes de búsqueda y captura de nuestros militantes; a pesar de la indiferencia, silencio y complicidad de la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo; a pesar del ambiente represivo contra nuestro pueblo y la agresión policiaco-militar contra éste que legitima una respuesta del conjunto del movimiento revolucionario por el anhelo de libertad y justicia de nuestro pueblo que pide el actuar revolucionario.”

En respuesta a este comunicado del PDPR–EPR, la Comed informó públicamente el 1º de septiembre que no obstante no existir condiciones para restablecer la mesa de diálogo, se desplegaron diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder entrar de lleno, con diversas instancias gubernamentales, al tratamiento de hipótesis plausibles que son materia de la labor de la Comed. De las diversas consultas informales con la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación sobre el caso se puede señalar que los resultados no aportan datos sustantivos que sirvan para esclarecer las circunstancias y los responsables, así como el paradero de los dos desaparecidos. En consecuencia, no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la comisión de mediación con la representación del gobierno federal, en tanto la Comed ha considerado que no se han dado las condiciones necesarias para ello.

Se valora positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se refiere a un crimen de desaparición forzada de persona; sin embargo, preocupa la falta de cumplimiento a esta recomendación. Como parte de sus labores, la Comed ha insistido en ello y para tal efecto se reunirá con el presidente de la CNDH el próximo 6 de septiembre.

Asimismo, a lo largo de estos meses la Comed ha dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares de los desaparecidos encaminadas a visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencida de que en México no debe repetirse, nunca más, la práctica de la desaparición forzada de persona.

En esta dirección, la Comed se ha congratulado por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla, por lo que parece importante la aceptación de dicha sentencia por parte del Estado mexicano para su estricto cumplimiento.

La comisión de mediación, como instancia de la sociedad civil, reconoce que enfrenta limitaciones graves para lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los derechos humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad –como son las desapariciones forzadas– cometidos por el propio Estado.

La alianza de clase entre los detentadores del poder impone la impunidad, en un país en que no ha sido puesto a disposición de la justicia uno solo de los responsables materiales e intelectuales de la guerra sucia continuada hasta nuestros días.