l fracaso de Felipe Calderón en la jefatura de facto del Estado mexicano ha sido analizado en los medios al llegar la fecha del que debió ser el cuarto Informe (que no se dio), subrayándose el desastre al que han llevado las acciones de violencia militar y policial que ha buscado presentar como lucha contra el narcotráfico, y que han ocupado lo central de su gestión, pero muy pocos han precisado, más allá de que no han alcanzado los objetivos anunciados de destruir a los cárteles y minar el narcotráfico, las gravísimas consecuencias reales a las que han conducido.

1. Las políticas de Calderón instauraron durante todos estos años un Estado de ilegalidad absoluta en el país, al hacer actuar al Ejército y a la Marina en violación a la Constitución, y al tolerar además sus abusos de poder. La explicación dada por él a Joaquín López Dóriga, el 25 de septiembre, afirmando que el 89 constitucional lo faculta para utilizar a las fuerzas armadas para la seguridad interior del país, la hizo por consiguiente con la intención de engañar a los mexicanos, pues no puede ignorar lo que se ha repetido hasta la saciedad y es que para ello debe previamente el Congreso votar una ley de suspensión de las garantías individuales conforme al artículo 29, ya que el 129 prohíbe expresamente en tiempos de paz toda actuación de este tipo de las fuerzas armadas, y el 21 da al Ministerio Público y a su policía la exclusividad en la investigación y persecución de los delitos.

2. Tales políticas han provocado en estos años una violación sistemática del gobierno panista a los derechos humanos, como lo han constatado dependencias de Naciones Unidas y múltiples organizaciones internacionales al señalarlo a escala internacional por innumerables actos de barbarie, desde homicidios hasta detenciones ilegales, allanamientos domiciliarios y vejaciones a la población, como nunca antes en la historia de México, en especial al utilizarse estas políticas para amedrentar al pueblo y a las organizaciones sociales y criminalizar la inconformidad. Son ya más de 3 mil los desaparecidos en el periodo calderonista, según reportaba La Jornada el 30 de agosto.

3. El gobierno que ofreció desde sus inicios atacar el problema de la inseguridad ha creado por el contrario la mayor inseguridad que se recuerde en el país en los últimos 80 años. Ello ha suscitado el encono de todos los sectores del país, incluyendo los más conservadores, muchas de cuyas organizaciones se han sumado al reclamo de que Calderón se vaya y deje con sus acciones de dañar a México.

4. La utilización ilegal y abusiva de las fuerzas armadas se ha revertido en estos años contra el propio Estado mexicano, ya que ha conducido tanto a una mayor corrupción como a una verdadera desintegración tanto del Ejército como de la Armada. La corrupción de militares y marinos que se han dedicado a trabajar para los cárteles desde sus propias corporaciones, aunada a las decenas de miles de desertores de ambos cuerpos que han pasado a engrosar las filas del narco para servirle como sicarios capacitados en el manejo de las armas, era sin embargo previsible, y aunque muchas voces advirtieron al gobierno calderonista de dicho riesgo, éste persistió en su obcecación y en su mala fe. Los grupos más conservadores estimaban hace un año en más de 100 mil el número de elementos de las fuerzas armadas que se habían pasado a las filas del narcotráfico, y ahora asumen haberse quedado cortos.

5. Las políticas de Calderón fortalecieron en consecuencia a los cárteles, que se hicieron más activos, y sobre todo se tornaron de grupos medianamente armados en verdaderas organizaciones paramilitares, con elementos y efectivos provenientes del Ejército, y entraron con el gobierno en la espiral de la violencia que se buscaba desde el poder.

6. Las políticas del gobierno supuestamente contra el narco, dictadas y decididas por la DEA y otras agencias del gobierno estadunidense, han conducido en cuatro años a que las fuerzas de seguridad, tanto policiacas como militares, y sobre todo las navales, estén cada vez más bajo el control del gobierno estadunidense y que, por lo mismo, las que deberían ser decisiones soberanas del gobierno de nuestro país sean ahora de Washington y en función de sus políticas, y que sean sus expertos los que decidan a quién golpear y con quién negociar, con el objetivo ya señalado por muchos expertos que es el de la pretensión que tienen de reordenar el negocio conforme a sus intereses, a cambio de lo cual el gobierno calderonista se adjudicaría el tener aparatos de inteligencia de los cuales carece y podría presentar mediáticamente algunas acciones como supuestos éxitos. El capo llamado La Barbie, presentado el 30 de agosto para generar un impacto mediático, se sonreía a todas luces porque sabe que negoció su detención para ser extraditado y protegido como testigo por la DEA.

7. Las políticas de Calderón han hecho en consecuencia de México el espacio para que se lleven a cabo operaciones violentas de todo tipo, incluso de terrorismo, con objetivos políticos. Ya desde mediados de 2009 expertos señalaban que decapitaciones, narcomantas y ejecuciones eran obra por igual de militares como de ex militares al servicio del narco y que tendían cada vez más a fortalecer la imagen de México como un narcoestado para propiciar en todos los órdenes la intervención del exterior. La ejecución de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el 26 de agosto, ha suscitado por eso todo tipo de interpretaciones, fortalecidas al haberse escondido a los incómodos sobrevivientes, en particular porque históricamente las fuerzas represivas de México han abusado de los indocumentados de estos países cuando atraviesan el territorio nacional, como lo sostiene Amnistía Internacional, según reporta Proceso 1765.

8. La guerra de Calderón, que según todos los análisis ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y del negocio del narcotráfico, ha perjudicado por el contrario de manera descomunal a la economía, como llevan cuatro años discutiéndolo tanto analistas como los hombres de negocios; de ahí el reclamo airado del pueblo, que incluye también a miles de empresarios.

9. La responsabilidad del gobierno es también muy grave en lo que acontece a los mexicanos del otro lado de la frontera y a los que buscan huir del sistema panista. No se puede desconocer que al contribuir de manera expresa Calderón con sus políticas de violencia a fortalecer la imagen de México como un Estado fallido, ha actuado contra los intereses de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que son ya criminalizados por serlo en diversos estados y por lo mismo a fortalecer el clima de intolerancia.

10. La opción del gobierno de dar prioridad a la supuesta guerra contra el narco buscaba desde consolidarlo en el poder hasta encubrir su abandono de las políticas sociales del Estado. En la pachanga mediática para sustituir al Informe que organizó Calderón el jueves 2 en el patio de Palacio Nacional ante sus propios subordinados, que poco por cierto le aplaudían, llamó por eso desesperado a construir una política de Estado en materia de seguridad, reconociendo así implícitamente que ésta no existe y que lo que hay es una serie de desenfrenadas acciones criminales de violencia estatal para satisfacer las ambiciones de él y de su grupo.