La Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó que los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Francisco Blake y Genaro García Luna, respectivamente, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, deberán comparecer ante el Senado para que informen sobre el creciente secuestro de migrantes y la ejecución de 72 indocumentados.

Legisladores de PRI, PRD, PT y Partido Verde denunciaron en tribuna que “hay ineficacia, ineptitud, complicidades y corrupción de funcionarios de Migración y autoridades municipales en las agresiones contra migrantes nacionales y extranjeros.

El PRI llevó el tema a tribuna en voz del senador Adolfo Toledo Infanzón, quien dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde junio de 2009 presentó al gobierno federal un informe en torno al secuestro de migrantes, y documentó que en sólo seis meses ocurrieron 10 mil plagios.

El país y el mundo, dijo, se estremecieron ante la ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas. Este hecho es susceptible de repetirse muchas veces ante la indiferencia de la autoridad migratoria.

Pablo Escudero, diputado del PVEM, acusó: estos asesinatos  se pudieron haber evitado si el gobierno federal en lugar de dedicarse a descalificar el informe de la CNDH sobre los secuestros de migrantes, hubiese trabajado en el campo operativo o en las políticas públicas del sector.

Escudero abundó: “desde 2006 las organizaciones civiles denunciaron el incremento de secuestros y extorsiones a migrantes; ese año la CNDH emitió una recomendación clara y precisa; en 2009 ese órgano presentó un informe de secuestros y advirtió sobre la necesidad de tomar medidas urgentes por parte del gobierno.

¿Qué se hizo para evitar esos secuestros o qué se dejó de hacer? ¿Cuál fue la actitud del gobierno? Fue de permisividad, complicidad, protección o, en el peor de los casos, temor a actuar y tomar alguna acción, subrayó.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT, exigió que el gobierno acelere las investigaciones y sancione a los responsables: debe hacerlo antes de que se ventile en los tribunales internacionales por delitos de omisión, negligencia o complicidad. El gobierno puede ser acusado por el delito de genocidio.

Críticas a Lorenzo Zambrano

Durante la sesión, el coordinador de los senadores del PT criticó la afirmación del presidente del consejo de administración de Cementos Mexicanos (Cemex), Lorenzo Zambrano, en el sentido de que son cobardes los que huyen de Monterrey por la inseguridad.

Él tiene millones de dólares para pagar guardias de seguridad que lo protejan, pero no es el caso de pequeños empresarios, profesionistas y familias que tienen que huir ante la incapacidad del gobierno para protegerlos a ellos y sus familias.

La crítica debió dirigirla a un gobierno tan pusilánime y cobarde que no es capaz de proteger el patrimonio y la vida de sus gobernados.