Tras la matanza de 72 indocumentados en Tamaulipas, el gobierno federal presentó la Estrategia Integral para la Prevención y Combate del Secuestro de Migrantes, con cinco grandes líneas de acción: colaboración interinstitucional para la protección de éstos y combate a la trata de personas; instrumentar operativos de inteligencia para desmantelar las redes de explotación y abuso a estas personas; políticas para desalentar la migración indocumentada; cambios legales para el castigo más eficiente de delitos asociados, y acciones de atención a víctimas.

Al presentar el programa, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, subrayó que el reciente asesinato masivo en Tamaulipas evidenció el cambio que se está operando en el fenómeno migratorio, que ha superado ya la etapa en que sólo se trataba de tráfico de personas. Actualmente la vulnerabilidad de los indocumentados ha sido aprovechada por grupos de la delincuencia organizada, que han visto en los migrantes una ventana a nuevos recursos por medio de actividades de extorsión y de secuestro en las principales rutas de traslado.

El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, señaló que las consignaciones de personas involucradas en delitos relacionados con el tráfico de personas se ha incrementado en 20 por ciento durante el último año. Por ello, subrayó que esta nueva estrategia anunciada es una forma contundente por parte del Estado mexicano para enfrentar los nuevos desafíos en la materia y pretende garantizar la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que México tiene compromisos con el respeto a las garantías individuales de los migrantes, por lo que “el Estado mexicano está obligado a brindar atención especial a todas aquellas iniciativas que nos permitan garantizar un efectivo apoyo a quienes se ven en la necesidad de buscar refugio en territorios ajenos a su país de origen. Se trata –dijo– de una imprescindible fórmula de humanismo y justicia”.

En el diagnóstico que esbozó para justificar las nuevas acciones gubernamentales, Blake Mora manifestó que los cambios registrados en torno a esta problemática han redundado “en situaciones deplorables y tristemente recurrentes de abuso por parte de los criminales, cuya más dramática expresión conocimos la semana pasada, con el hallazgo de 72 indocumentados ejecutados en Tamaulipas, y que por ningún motivo estos hechos, estos lamentables actos, quedarán en la impunidad”.

El titular de Gobernación mencionó que para hacer eficaces las políticas públicas en la materia se involucra a organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, por lo que reconoció la participación de la CNDH y de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, que han trabajado para atender a las víctimas de los abusos.

El funcionario enfatizó que sólo así se puede afrontar el nuevo escenario de una marcada participación de redes de la delincuencia organizada que, aprovechándose de la vulnerabilidad e incluso de la baja visibilidad de los propios migrantes, han encontrado en ellos una presa fácil en la práctica de la extorsión y el secuestro, con la que también buscan someter a otros sectores de la población.

Sostuvo que los objetivos de la estrategia son: atender inmediatamente el secuestro de migrantes de forma integral y eficaz, combatiendo con toda la fuerza del Estado mexicano a las bandas del crimen organizado que vulneran la integridad de las personas; consolidar la participación de los tres órdenes de gobierno en el combate y persecución del delito, así como la atención a las víctimas.

Además, sumar esfuerzos internacionales para garantizar el derecho de estas personas, y consolidar la participación de redes civiles de apoyo a migrantes.

Blake Mora precisó que una primera línea de acción (involucrar a los tres órdenes de gobierno) implicará la firma de convenios con los estados donde atraviesan los indocumentados, y en este sentido adelantó que están por concretarse los primeros acuerdos con Chiapas, Tabasco y Campeche.

La segunda prioridad es la instrumentación de un plan operativo con un importante componente de inteligencia, a fin de favorecer el desmantelamiento de las bandas de la delincuencia organizada que actúan en las rutas migratorias y que, en principio, implicará un monitoreo cercano de las vías férreas.

La tercera línea es la realización de campañas de difusión de los derechos y de la realidad de los migrantes, alertándolos de los riesgos de cruzar en forma indocumentada, y de la reivindicación de sus garantías, cuya violación debe ser denunciada.

Al reforzamiento legal para castigar los delitos asociados al abuso de los indocumentados se añadirá una estrategia gubernamental en la que se pretende involucrar la colaboración internacional, para un programa de atención a las víctimas de secuestro en territorio nacional.

Es importante destacar que quienes se dedican al secuestro y extorsión de migrantes típicamente se valen de sistemas internacionales de envío de efectivo, por lo que otro componente fundamental es la inteligencia financiera, concluyó Blake Mora.