Guanajuato, Gto., 31 de agosto. El Congreso estatal aprobó una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, para reducir de 35 a ocho años de prisión las penas máximas a las mujeres acusadas de quitar la vida a un hijo recién nacido. Esta modificación permitirá liberar a las seis campesinas que sufrieron abortos espontáneos y fueron sentenciadas a más de 25 años de cárcel por asesinato.

Con el voto de la diputada panista Elvira Paniagua en contra, el Congreso de Guanajuato avaló la adición de un segundo párrafo al artículo 156 del Código Penal del estado, el cual castiga con entre 25 y 35 años de cárcel a quien prive de la vida a un familiar.

A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, señala el segundo párrafo propuesto por el gobernador panista Juan Manuel Oliva, a raíz de señalamientos hechos por la Organización de Naciones Unidas y por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.

En los artículos transitorios del decreto propuesto por el Ejecutivo se estipula que la reforma entrará en vigor al cuarto día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el próximo viernes.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que reducirá las penas a las mujeres condenadas por homicidio en razón de parentesco de forma proporcional a la establecida en la sentencia ejecutoria correspondiente.

De esta manera, en los próximos días podrán salir en libertad las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha.

Las jóvenes, originarias de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, dieron a conocer que el Ministerio Público las obligó a incriminarse, al acotar en las averiguaciones previas que ellas escucharon que los productos lloraron. Asimismo, las mujeres consideraron que sus abogados de oficio las hundieron.

A la sesión de este martes asistió Alma Yareli Salazar, condenada a 27 años y medio de cárcel tras haber tenido un aborto espontáneo y absuelta en junio por el magistrado Miguel Valadez Reyes.

Salazar celebró la próxima liberación de sus ex compañeras, pero lamentó que el gobierno de Guanajuato no reconozca que son inocentes y sólo les haya reducido las penas. Pondré una demanda por reparación de daño, porque pasé tres años en la cárcel siendo inocente, anunció la joven, acompañada de integrantes del Centro Las Libres, organización no gubernamental que documentó los casos de las mujeres que abortaron y fueron sentenciadas por homicidio.

Es posible que Ana Rosa Padrón no resulte beneficiada de la reducción de penas, pues fue sentenciada a 29 años y lleva dos en prisión, pero un grupo de abogados analiza su situación, dijo Rosalina Cruz Sánchez, coordinadora del Centro Las Libres.

Adelantó que cuando las campesinas recobren la libertad, la organización no gubernamental les ofrecerá llevar sus casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se les declare inocentes.

En entrevista, el gobernador panista Juan Manuel Oliva reiteró que ninguna de las mujeres que serán liberadas abortó, y sostuvo que el estado “asumió siempre una posición de apertura a la investigación.

“Esta iniciativa que hoy firmo y que se publicará en el Periódico Oficial del Estado tiene las siguientes bondades: penas proporcionales, tomará en cuenta las circunstancias sicosociales de las mujeres en la comisión de este delito, y esta ley permitirá que las mujeres presas por este delito obtengan su libertad en los términos de ley”, agregó.

El 17 de agosto de 2009 La Jornada publicó que varias mujeres que abortaron en Guanajuato habían recibido sentencias hasta de 35 años de prisión porque fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco. El Código Penal del estado castiga el aborto hasta con tres años de prisión y una multa equivalente a 30 días de salario mínimo.

El gobierno panista de Guanajuato siempre negó que hubiera mujeres en este supuesto, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar la Procuraduría General de Justicia estatal incluyó los testimonios de internas presas por abortar.

En la introducción del volumen, publicado con autorización del anterior procurador de Justicia local, Daniel Chowell Arenas –actual magistrado del Poder Judicial del estado–, se incluyen testimonios de mujeres presas por homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación, entre ellas el de una mujer que fue víctima de violación.