La ciudadana francesa Florence Cassez Crepin hizo uso este lunes del último recurso jurídico que le queda en tribunales mexicanos para alegar su inocencia y recuperar la libertad que perdió hace más de cuatro años, cuando fue detenida y acusada de participar en tres secuestros.

El amparo será revisado por tres magistrados de un tribunal colegiado de circuito en materia penal, aunque parte del caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que los abogados alegaron violaciones constitucionales en perjuicio de la mujer, cuyo caso ha provocado, desde hace dos años, un conflicto diplomático con Francia.

La demanda fue preparada por un equipo de abogados encabezado por el mexicano Agustín Acosta Azcón y el litigante francés Frank Berton, quienes trabajaron más de un año en un expediente judicial de más de 200 mil fojas.

El documento de petición de amparo, al que desde hace varias semanas tuvo acceso La Jornada, sostiene que desde el arresto de Cassez, y luego, durante el periodo de investigación ministerial y de proceso penal abiertos en contra de ella, así como en la sentencia de 60 años de cárcel que le fue impuesta en segunda instancia judicial, se violaron al menos siete artículos de la Constitución, además de que hubo una aplicación indebida de varios preceptos en materia penal en perjuicio de la francesa.

El beneficio para Cassez, en caso de una sentencia favorable, podría ir de una absolución definitiva a una reducción del tiempo de cárcel, o la confirmación inapelable de la condena.  

El operativo

Acosta Azcón centró su ataque contra la Procuraduría General de la República (PGR) en el hecho de que la ciudadana francesa no fue detenida la madrugada del 9 de diciembre de 2005 en un pequeño rancho al sur del Distrito Federal, como lo informaron los fiscales del caso a los jueces que la condenaron en primera y segunda instancias judiciales.

En las primeras horas de ese día los noticiarios matutinos de Televisa y Televisión Azteca realizaron una supuesta transmisión en vivo en la que destacaban la captura de dos supuestos secuestradores: Israel Vallarta Cisneros y su novia, Florence Cassez.

Las imágenes mostraban que ambos inculpados estaban en una pequeña cabaña. En un cubículo anexo se encontraban otras tres personas (Cristina Valladares y su hijo menor de edad, además de Ezequiel Elizalde), que habían sido secuestrados poco más de un mes antes.

Varias semanas después, las televisoras tuvieron que ofrecer disculpas a su audiencia, porque se demostró que el operativo de captura no había sido en directo, sino que fue una recreación avalada por autoridades de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), que encabezaba entonces Genaro García Luna. El propio funcionario reconoció durante una entrevista con la periodista Denise Maerker que el montaje televisivo se autorizó en atención a una petición de los medios de comunicación.

En realidad, Florence e Israel fueron arrestados el 8 de diciembre antes del mediodía, cuando iban a bordo de una camioneta sobre un tramo de la carretera federal Cuernavaca-México.

Es en este punto de la captura donde hay muchas posibilidades de que los abogados convenzan a los tres magistrados que revisen la demanda, ya que existen tesis de jurisprudencia que establecen que procede el amparo cuando se acreditan violaciones consulares de los extranjeros, como el hecho de que no se respete su derecho a ser asistidos por personal de una embajada y/o consulado en caso de alguna detención en territorio mexicano.

Además, el abogado busca desacreditar la veracidad de los dichos de las tres víctimas que fueron secuestradas por la banda Los Zodiaco, a la que según las autoridades ministeriales pertenecía Florence.

Por ejemplo, la defensa pretende demostrar que el testimonio de Ezequiel Elizalde, testigo clave de los fiscales de la PGR que armaron la acusación contra la mujer, es insostenible como prueba de cargo, porque la víctima ha incurrido en una serie de inconsistencias durante diversas declaraciones.

Su colitigante, Frank Berton, sostuvo que se debe poner un punto final al juicio mediático al que ha sido sometida Cassez desde su captura, para dar lugar a un debido proceso.