El retiro de 3 mil 200 agentes de la Policía Federal (PF) por falta de confianza constituye no sólo un golpe a la capacidad de las fuerzas federales, sino también refleja que, si se les despidió por presuntos nexos con el narcotráfico, con toda seguridad ahora estarán formalmente del lado del crimen organizado, señaló el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez.

Luego de que la Policía Federal anunció la baja de esos elementos y el inicio de un proceso contra otros mil 20 por no cumplir los requisitos de permanencia, el legislador perredista resaltó que debe cambiarse el formato de reclutamiento, pero también recordar cuál es la base original de esa corporación.

Se trata en su mayoría de elementos del Ejército Mexicano, a los que se transfirió a la PF y que seguían cobrando como militares, y que, por tanto, siguen sujetos a la disciplina castrense, comentó el legislador.

Encinas consideró que la purga constituye la prueba de la descomposición de la Policía Federal, porque se trata de casi 10 por ciento de las fuerzas federales que son dadas de baja por no pasar los controles de confianza.

En caso de que la causa de su destitución sea por casos de corrupción o de entrega de información a la delincuencia organizada, lo más probable es que se incorporen de manera automática a las bandas con las cuales se relacionaron, expresó. Lo más peligroso es que, además del entrenamiento, conocen las tácticas y estrategias internas en contra de la delincuencia, declaró.

Sobre el mismo acontecimiento, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria opinó que la baja de los elementos de la Policía Federal, más los que están en lista de espera, revela los deficientes controles que la Secretaría de Seguridad Pública federal mantiene en el ingreso de sus elementos a la corporación.

No basta con darlos de baja, se debe informar qué tipo de seguimiento se va a dar a cada uno de esos elementos para evitar que sean cooptados por grupos delictivos, expresó por su parte Alfonso García Castillo, abogado del Centro Pro.

Consideró que si los sancionados incurrieron en un probable delito, donde se presuma la participación de mandos medios y superiores, la dependencia federal está obligada a informar si también los están investigando.