De 800 mujeres que han desaparecido en México desde 1977, 560 (70 por ciento) vivían en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sospecha que muchas fueron víctimas de tratantes de blancas y traficantes de órganos, pues se han encontrado cadáveres quemados o amputados, pero las autoridades no han investigado esta posibilidad.

Al conmemorarse el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, familiares y representantes de organizaciones encabezados por Judith Galarza, vocera del Frente Plural Ciudadano y vicepresidenta de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), dijeron que también hay militares y policías implicados en estos hechos.

En conferencia de prensa conjunta, informaron que este lunes se inició una campaña de integración simultánea de expedientes en 14 ciudades del país, pues durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón ha habido 3 mil desapariciones.

Recordaron que en Ciudad Juárez comenzaron a desaparecer adolescentes en 2003. Sin embargo, en la década de 1970 las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en las desapariciones de 30 luchadoras sociales, a quienes se acusaba de integrar organizaciones armadas, entre ellas Leticia, hermana de la veterana activista Judith Galarza.

Anunciaron que con los casos documentados se presentarán demandas individuales y colectivas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), e invitaron a familiares y allegados a proporcionar datos.

En Tijuana, Baja California, miembros de la Asociación contra la Impunidad, que participaron en una misa ofrecida en memoria de casi 300 hombres y mujeres desaparecidos, secuestrados y levantados, exigieron el esclarecimiento de al menos 180 casos y acusaron a las autoridades ministeriales de ocultar información.

Expresaron que algunas de las personas desaparecidas pudieron haber sido víctimas de traficantes o de Santiago López, El Pozolero, a quien se acusa de haberse deshecho de 300 cadáveres. También mencionaron la desaparición de Alejandro Hodoyán, detenido hace 13 años por cuatro hombres, entre ellos Ignacio Weber Rodríguez, subcomandante de inteligencia militar en la zona noroeste.

En Chilpancingo, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados dijo que de abril de 2005 a la fecha 260 personas han sido levantadas en Guerrero.

La agrupación, constituida en 2007 tras la desaparición del arquitecto Jorge Gabriel Cerón, inició ayer su cuarta jornada de lucha. Exigió la libertad de los presos políticos, condenó la criminalización de la lucha social y señaló que el gobernador Zeferino Torreblanca se niega a hacer frente a este problema.

En Coahuila se informó que 80 personas han desaparecido desde 2007, según reportó Notimex. En Monterrey, Nuevo León, 29 fueron recordadas con flores, veladoras y efectos personales por amigos, deudos y representantes de las agrupaciones Alternativa Pacífica, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y del Comité Eureka.

Los asistentes evocaron a los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Exigieron las renuncias del gobernador Rodrigo Medina y del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y les recriminaron su inacción ante casos como la desaparición de tres niños de la guardería Caifac.

En Chiapas, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) bloquearon carreteras para exigir la presentación con vida de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y recordaron que las desapariciones forzadas se iniciaron en México durante la década de 1960, cuando el régimen priísta inició la represión sistemática de los movimiento sociales.

Rubén Villalpando, Sergio Ocampo, Antonio Heras, Alejandra Arroyo y Elio Henríquez