México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas. La lista aumenta vertiginosamente. En el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.

Miles de personas deambulan por corporaciones policiacas, juzgados, campos militares y dependencias de gobierno buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Madres, esposas, padres, hijas, hermanos, sobrinos se afanan día con día en encontrar una pista de quienes, sin explicación alguna, ya no volvieron a sus hogares.

A últimas fechas se han incrementado los otros desaparecidos, aquellos que sin razón aparente fueron levantados por las fuerzas de seguridad o el crimen organizado. A diferencia del pasado, cuando Ejército y policías locales o federales secuestraban personas por motivos políticos, ahora la situación es más nebulosa, aunque aún existen casos de desaparecidos por motivos ideológicos.

Al celebrarse hoy el Día Internacional del Desaparecido, es posible comprobar que la única constante desde 1969 –cuando sucedió la primera desaparición forzada, en el sexenio de Luis Echeverría– a la fecha, es la falta de respuesta de las autoridades, que no aceptan ninguna responsabilidad por los hechos ni ofrecen soluciones ni apoyo a los familiares de las víctimas.

La gente pobre, la gente prescindible, es la que están desapareciendo, dice en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. Ahora agarran parejo y secuestran al que les da su gana. Con los desaparecidos políticos había una motivación casi de exterminio. Existen diferencias, porque lo otro era una persecución. El gobierno temía que los muchachos levantaran una nueva revolución, una guerra contra el mal gobierno.

La desaparición forzada es una figura nacida en México antes incluso que en Sudamérica, donde las dictaduras eliminaron miles de personas: “Ahora, con los mal llamados levantados, podemos decir que se trata también de desaparición forzada, aunque no tenga la connotación política. Son muchos caídos en esta guerra; el gobierno los llama ‘daños colaterales’ y nos dicen que los matan las esquirlas del Ejército. Mentira, tenemos testimonios de lo contrario: están desapareciendo y matando”.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calcula que durante el gobierno de Calderón han desaparecido más de 3 mil personas; 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionadas con la trata de personas, y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.

El caso Nextel

“No vengan, a ustedes también los pueden levantar”, les dijo un policía ministerial a los familiares de nueve técnicos en comunicaciones originarios de Guasave, Sinaloa, que desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de junio del año pasado. Se trata de Marcelino Moreno Leal, Ricardo y Carlos Peña Mejía, José Hugo Camacho Fierro, Víctor Romero, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota Espinoza, cuyas edades van de 20 a 46 años.

Los nueve trabajadores fueron contratados por la empresa Nextel para instalar antenas y fueron levantados por un comando compuesto por fuerzas del gobierno federal, según han podido saber los familiares por medio de testimonios: Creemos que la Policía Federal los secuestró. Los narcotraficantes tienen todo, pero no técnicos ni profesionales que se les unan fácilmente para crear sus redes de comunicaciones; por eso estamos convencidos de que están vivos y los tienen trabajando en algún lado, señala Joaquín Camacho Fierro, hermano de José Hugo.

Los 19 familiares que buscan desde hace más de un año a los nueve desaparecidos han vivido un vía crucis para intentar llamar la atención de las autoridades. Han presentado denuncias en las procuradurías de Tamaulipas y de Sinaloa, han acudido a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La respuesta siempre es la misma: unos y otros se lanzan la pelota, sin asumir la responsabilidad de buscarlos.

La certeza que tenemos de que los secuestró la policía es porque en Nuevo Laredo un comando de uniformados llegó al hotel donde estaban y revisó todas sus cosas para llevarse fotos y documentos. Se metieron a los cuartos y testigos nos dijeron que iban vestidos con uniforme, comenta Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García.

Amelia señala que los nueve trabajadores rentaron un cuarto en la colonia Guerrero, de Nuevo Laredo, y de allí fueron sacados por el comando armado. Las tres camionetas que llevaban fueron recogidas por los mismos sujetos al día siguiente del secuestro: Fueron federales vestidos de negro y encapuchados. Llegaron con las llaves de los vehículos. Si hubiera sido cualquier ratero, les rompen los vidrios.

Dice no tener miedo a pesar de las amenazas, porque la sostiene el compromiso de encontrar a sus familiares. Sus dos hijos, de 5 y 2 años de edad, preguntan constantemente por su padre: Yo estoy aquí luchando por mis hijos y no me voy a dar por vencida. Mucha gente me dice que me comprende, pero la mayoría no sabe lo que se vive y se padece teniendo a tus seres queridos desaparecidos.

Nulo interés oficial

La vida para los familiares de desaparecidos se convierte en un auténtico infierno. Viven en la angustia permanente y en el dolor generado por la incertidumbre, aunado al terror generado por las amenazas. Cada día buscan una pista, un detalle, un testimonio que los ayude a comprender su nueva situación.

Cada familiar empezó su peregrinar en soledad, luego se fueron organizando. No saben adónde ir ni a quién recurrir para denunciar. En México no existe una institución o departamento gubernamental dedicada exclusivamente al tema. En el delito de desaparición forzada incurren diversas violaciones a las garantías individuales: el derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física y mental. Al peligro de tortura se une el de la privación de la libertad y la amenaza al derecho a la vida.

“Me gustaría tener a Felipe Calderón enfrente –dice Amelia–. ¿Qué no le diría? Su gobierno es lo peor que le ha pasado a los mexicanos. Su peor error fue sacar al Ejército y darle tanto poder. Le diría que agarrara sus cosas y se saliera de la silla donde está. No ha resuelto nada. Tiene tres hijos y si uno estuviera desaparecido como mi esposo, él estaría moviendo hasta la piedra más chica para encontrarlo.”

Los familiares de los nueve desaparecidos se desplazaron a interponer la denuncia a Nuevo Laredo, donde permanecieron durante dos semanas. Fueron escoltados en todo momento por policías ministeriales, debido a las amenazas. Descubrieron que los mecanismos jurídicos que existen en México para garantizar la libertad e integridad de los ciudadanos son inoperantes y de pronto se vieron en el desamparo, ya que la empresa Nextel eludió su responsabilidad.

Joaquín Camacho Fierro, de 43 años y residente en Baja California, se vio obligado a abandonar su trabajo para dedicarse a buscar a su hermano José Hugo: Es muy triste estar viendo a mis padres cómo se van desgastando. Mi hermano está casado y tiene tres hijos. Ya no se qué decirles. Son ya 14 meses buscándolos y no tenemos ninguna pista. Como somos pobres y nuestros familiares no son hijos de gobernantes o empresarios poderosos, ¿quién nos va a hacer caso?

Joaquín ha viajado constantemente al Distrito Federal, Nuevo Laredo, Monterrey y a otras ciudades en busca de su hermano. Lleva una carpeta llena de documentos y fotos: Todos hacen caso omiso. Tenemos cartas a la Presidencia, a las procuradurías, a las policías estatales. Nadie hace nada.

Cada familiar se ha convertido en un investigador privado. Y han encontrado más información por fuera que por medio de las autoridades: Nos han dicho que primero se los llevaron a cárceles clandestinas. Estuvieron separados e incomunicados en Nuevo Laredo, pero nosotros no quisimos ir porque están feas las amenazas. Lo más seguro es que los tienen trabajando. Y la policía, el Ejército y el gobierno deben estar bien enterados de esto.