La Procuraduría General de la República (PGR) atraerá a partir de este domingo la totalidad de la investigación por la ejecución de 72 migrantes, y definirá si arraiga o consigna a uno de los presuntos autores de la masacre.

En tanto, objetos como rosarios con santos o vírgenes, documentos oficiales y hasta notas de alguna compra en sus países de origen, han servido para definir la nacionalidad de 31 de los indocumentados de Centro y Sudamérica asesinados el pasado domingo en San Fernando, Tamaulipas.

Sobre la atracción del caso, el vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, informó que la PGR se hará cargo de todas las pesquisas y las autoridades de Tamaulipas actuarán como coadyuvantes.

Funcionarios federales revelaron que la investigación se ha concentrado en la identificación de las víctimas, y en los siguientes días se emprenderá la reconstrucción de lo sucedido en una finca del ejido El Huizachal.

Representantes de Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador han obtenido información de que sus compatriotas pagaron entre 8 y 11 mil dólares cada uno para ser trasladados a Estados Unidos. Que cruzaron parte del continente ocultos en camiones de carga y fueron agrupados poco a poco, hasta llegar a México.

La hermana de uno de los hondureños dijo que su familiar, como nosotros, era bien pobre, y dejó el país el 3 de agosto, esperando encontrar un buen trabajo.

Según la información obtenida de fuentes mexicanas, traficantes de personas con operaciones internacionales permitieron que los migrantes se reportaran con sus parientes a lo largo de la ruta hasta llegar a México. Se han obtenido datos de telefonemas desde Veracruz a Honduras y Ecuador.

Las autoridades mexicanas no han confirmado que integrantes del grupo criminal de Los Zetas, presuntos autores de la masacre, se hubieran comunicado con los familiares de los migrantes asesinados para exigirles dinero por su liberación. Sin embargo, fuentes ministeriales indicaron que hay indicios de ello.

Localizados los restos de los migrantes, las procuradurías general de la República y de Tamaulipas trasladaron en camiones frigoríficos los cadáveres a la funeraria Valle de La Paz, en Reynosa, donde se desarrollan los peritajes en criminalística, balística y medicina forense.

En aras de la identificación plena de los migrantes, los peritos han empleado muestras de tejido y sangre para la obtención de ADN, así como huellas dentales y faciales.

Sin embargo, lo que más ha ayudado a la identificación de 31 de los 72 asesinados han sido documentos oficiales como credenciales o pasaportes; en algunos casos, imágenes religiosas que aparecían entre sus efectos personales han permitido ubicar de dónde procedían, indicaron autoridades.

Cuando la PGR atraiga el caso, también se informará qué sucederá con los cadáveres que no han sido identificados.

Visa y trabajo

El sobreviviente de la masacre, un ecuatoriano de 18 años, fue internado en un hospital castrense en la ciudad de México a solicitud del gobierno de Ecuador. La comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, dijo que las autoridades mexicanas ya le han ofrecido la visa humanitaria para que su situación sea regular en el país, y en cuanto recupere la salud tendrá que decidir si quiere permanecer en México para seguir apoyando las investigaciones y el esclarecimiento de este tema, o si quiere regresar a su país.

La visa durará un año y el sobreviviente podría incluso trabajar en México, señaló la funcionaria.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que un ciudadano ya fue identificado. El nombre no se divulgó porque la familia aún no ha sido contactada, pero no hay más dudas, tras asegurar que en el grupo de migrantes asesinados había al menos cuatro personas de esa nacionalidad.

Por otra parte, en círculos políticos de Tamaulipas se mantuvo la versión de que el procurador Jaime Rodríguez Inurrigarro habría sido levantado por un comando el pasado viernes, pero Ramón Barrientos, fiscal para delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del estado, afirmó que la especie es totalmente falsa y el procurador se encuentra bien.