El diputado del PAN Javier Corral se pronunció por obligar a la rendición de cuentas a los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, cuando son favorecidos con licitaciones de bienes y servicios gubernamentales, que involucran millonarios recursos del erario.

Los medios de comunicación deben ser sujetos de escrutinio, de obligaciones de transparencia e información, dijo Corral, luego de criticar la falta de claridad del comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, respecto de la licitación 21 del espectro de la banda de 1.7 Ghz que se asignó a Nextel-Televisa.

En su ponencia en la mesa La nueva agenda del derecho de acceso a la información, en el último día de trabajos de la séptima edición de la Semana Nacional de Transparencia, Corral advirtió que en respuesta a su solicitud de información para conocer el voto de los comisionados sobre la ganga de la licitación 21, Mony de Swaan respondió que entorpece las actividades del órgano regulador y pone en riesgo las decisiones de ese colegiado.

Corral advirtió que uno de los pendientes de la transparencia es precisamente la resistencia de Cofetel a develar puntos centrales: Una reunión de carácter secreto. Nadie conoce las motivaciones reales de los dos únicos votos a favor del pleno (para avalar la licitación 21), de un total de cinco. No sabemos por qué se opuso el comisionado Rafael del Villar al votar en contra; por qué el cuarto comisionado que estuvo ahí dijo que no podía participar en la votación y abstenerse. Esas deliberaciones y votos constituyen procesos confidenciales a los intereses del Estado.

En su propuesta de hacer sujetos obligados de la transparencia a los medios de difusión electrónicos, incluyó a los partidos, sindicatos y al propio Congreso de la Unión, el cual “exigió la transparencia que fraguó la ley y no se ha aplicado rigor a sí mismo. El buen juez –dijo– por su casa empieza”.

Pedro Joaquín Coldwell, senador del PRI, coincidió con la perredista Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en que para iniciar una nueva etapa en la agenda del derecho a la información es necesario concretar los temas pendientes.