Durango, Dgo., 27 de agosto. Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia de todo el país revivieron la discusión en torno a la puesta en operación de la figura de los jueces sin rostro (cuya identidad se mantiene en el anonimato) y, por primera vez, buscarán las reformas legales para que se lleve a cabo en procesos penales del fuero común, ante los riesgos que enfrentan juzgadores y magistrados por las cuestiones del crimen organizado.

Acordaron reforzar la lucha contra el narcomenudeo, pero durante la conferencia de prensa final se reconoció que a un año de haberse extinguido oficialmente las Unidades Mixtas de Combate al Narcomenudeo (UMAN), para sustituirlas por los llamados Centros Estratégicos de Operación (CEO), únicamente en Hidalgo se ha cumplido con ello.

Los encargados de procurar e impartir justicia que participaron en el décimo Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, acordaron solicitar al Congreso que apruebe un presupuesto de 4 mil millones de pesos, exclusivamente para poner en marcha las reformas al sistema de justicia penal en todo el país.

Luego de la clausura del encuentro, el procurador de Durango, Daniel Agustín García Leal, explicó que aunque hay un poco de controversia por la cuestión de los jueces sin rostro, la idea surge de los problemas ante el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en México y por el alto riesgo que representa para los integrantes de los tribunales de juicio oral.

“Se está analizando la posibilidad de presentar las iniciativas que se requieran para proteger a estos servidores públicos, que estarían en un grave riesgo al igual que sus familias. Ese es el sentido de los jueces sin rostro”, explicó el procurador.

Al respecto, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara, señaló que algunos encargados de procurar e impartir justicia se mostraron en desacuerdo con la creación de los jueces sin rostro, pero al final todos aceptaron que se estudie esa posibilidad.

Pero esa propuesta no es lo único que está en análisis para salvaguardar la integridad de los jueces y de todos aquellos funcionarios que intervienen en los procesos penales, también se está trabajando en la creación de un sistema de videoconferencias en las que se puedan realizar las diligencias de desahogo de pruebas, y el establecimiento de salas especiales en reclusorios destinados a juzgar a delincuentes de alta peligrosidad.

Durante la ceremonia de clausura de este encuentro, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, habló de los problemas que ha traído la ola de violencia y criminalidad que se vive en México y apuntó: ciertamente, como se ha presentado y evolucionado el fenómeno, se encontró un Estado mexicano con instituciones que no estaban diseñadas para enfrentar este tipo de expresiones delictivas. Esa es una realidad que todos conocemos y que a todos nos preocupa y también ocupa.

Luego justificó el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, señalando que el objetivo fue contener esta ola delictiva mientras las instituciones empezamos a modificarnos y al mismo tiempo, los mexicanos todos, empezáramos a construir un andamiaje diferente que permitiera dar una respuesta eficaz a la manera en que se nos ha presentado el fenómeno delincuencial.

Chávez hizo un llamado para que los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto analicen el papel que juegan en esta lucha, ya que, dijo, se requiere la participación de todos, porque es claro que si seguimos haciendo lo mismo, no podemos obtener resultados diferentes; cada uno tiene que asumir el papel que le toca dentro de su esfera de acción para construir un México más sólido, más firme y más seguro.

Entre los acuerdos alcanzados por procuradores y magistrados destaca el exhorto realizado a los congresos estatales para que expidan leyes de extinción que aumenten la capacidad institucional y debiliten las estructuras criminales; asimismo, solicitar al Congreso de la Unión un presupuesto de 4 mil millones de pesos para la instrumentación de la nueva legislación en materia penal, y la solicitud al Senado para que se apruebe ya la Ley de Justicia Penal para Menores.