La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sólo es comparable en el país con las ocurridas en Acteal, Aguas Blancas o El Charco. Allí hubo innegable responsabilidad del Estado mexicano, que ha permitido, por omisión o complicidad, que estos crímenes previsibles y prevenibles sigan ocurriendo.

Así lo denunció el coordinador del Comité del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Camilo Pérez Bustillo, durante la conferencia de prensa a que convocaron este viernes colectivos pro derechos humanos.

Aunque el gobierno y varios medios informativos han querido mostrar los hechos como acción delictiva, se puede hablar también de que hay responsabilidad estatal por omisión, acción, complicidad y colusión en diversos grados, señaló Pérez en entrevista con este diario.

Hay un clima de vulnerabilización, de victimización de los migrantes en tránsito por México, todo muy bien fundamentado en informes de Amnistía Internacional, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, las casas de apoyo a migrantes, el obispo Raúl Vera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, etcétera, expresó el activista.

La matanza en Tamaulipas era totalmente previsible y prevenible, afirmó, y en el derecho penal internacional es igualmente grave cometer un crimen de lesa humanidad como éste –que puede ser considerado genocidio–, que no haber hecho lo suficiente para evitarlo.

Por ello, subrayó Pérez, estamos hablando potencialmente de un crimen de Estado, cometido además contra personas vulnerables que estaban ejerciendo su derecho al libre tránsito, lo cual es otra agravante del delito. Bajo estas circunstancias el Estado es criminal, aunque los disparos los haya hecho la delincuencia organizada, añadió.

“Un antecedente de esto es Acteal, Aguas Blancas o El Charco, porque son crímenes colectivos, como los feminicidios de Ciudad Juárez. Es de esas dimensiones. Además estamos hablando de Tamaulipas, la región más militarizada del país.

“En Acteal decíamos: ‘¿Cómo es posible que ocurriera la masacre a 500 metros de un puesto de policía y del Ejército y que no se percataran?’ Lo mismo podemos decir aquí: ¿es creíble que no se percataran de lo que estaba ocurriendo en el rancho de San Fernando? No es creíble”, afirmó Pérez.