no de los pilares de todo estado de derecho es el respeto a la ley por parte de la sociedad en su conjunto. Esto incluye a los órganos que la crean y a los que son responsables de su aplicación, sobre los que recae la grave responsabilidad de garantizar su estricta observancia, elemento toral para la existencia del orden social.
¿Qué sucede cuando la dependencia que es responsable de la aplicación de la ley no lo hace, e incluso con sus acciones y omisiones coadyuva a su incumplimiento, contribuyendo con ello a poner en riesgo la vida humana y propiciando el acelerado deterioro ambiental y de los ecosistemas?
Desde que se planteó el proyecto para instalar una planta regasificadora de gas natural licuado de la empresa Sempra Energy en Ensenada, Baja California, han tenido lugar irregularidades y situaciones que reflejan hasta qué punto los intereses económicos geoestratégicos de la trasnacional afectan el desempeño de las instituciones mexicanas.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la empresa, inicialmente de manera condicionada, el proyecto para la construcción de la regasificadora. Una de las condiciones fue que contara con una zona intermedia de amortiguamiento, por su proximidad a centros de población y la creación de nuevos asentamientos en la zona. A la fecha y ya operando la empresa, no cumple con esta condicionante inicial.
¿Por qué si se condicionó, finalmente se autorizó el proyecto, aun cuando Sempra no cumple con esta y otras disposiciones ambientales?
Entre las múltiples anomalías, los daños a los ecosistemas se iniciaron con el desmonte y nivelación de los terrenos en los que se asentó la planta, lo cual afectó la biodiversidad de la zona, incluyendo a las aves costeras; continuaron con el dragado, la construcción de los diques rompeolas, muelles y otras estructuras, cuyos impactos causaron serios trastornos al hábitat del fondo del mar y a la calidad del agua en donde viven una gran cantidad de especies de flora y fauna marinos; y continúan con la operación de la planta, al ser vertidos millones de litros de agua enfriada en 8 grados centígrados menor a la del mar; además de salmueras y aguas residuales y contaminadas con cloro, biocidas y alguicidas; situación grave, al encontrarse en Baja California reservas de la biosfera y áreas protegidas que constituyen verdaderos santuarios de diversas especies únicas, residentes y migratorias, como la ballena gris, el atún de aleta azul y el delfín nariz de botella; y varias especies de tortugas, hoy amenazadas por la operación de Sempra.
¿Por qué se permitió la instalación de la empresa, supuestamente productora de gas para energía limpia
, cuando en el gas natural licuado predomina el metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente que al quemarse contribuye en 21 veces más al calentamiento global del planeta que la misma masa de bióxido de carbono (CO2)?
¿Por qué se autorizó este proyecto industrial aun cuando la zona estaba destinada a ser el corredor costero turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren)? ¿Por qué se permitió en forma irresponsable la ampliación de las instalaciones si aún no se evalúa el daño ambiental que está causando la operación de la planta y el acceso de grandes metaneros a una zona antes turística, pesquera y ecológica?
¿Dónde está la Semarnat, que es la dependencia que por ley, cuando hay infracciones graves, puede disponer que se proceda a la suspensión, revocación o cancelación de la concesión; y puede ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública?
Las respuestas a estas preguntas orillan a pensar en que funcionarios de la Semarnat cumplen órdenes de más arriba
y prefieren conservar la chamba que cumplir con su deber; o son cómplices y están coludidos y no han resistido los cañonazos
que en tiempos de Obregón eran de 50 mil pesos –de aquellos–. El que existan este tipo de funcionarios es tener el enemigo en casa.
Hasta ahora, en el caso de Sempra, la autoridad ambiental ha procedido como si estuviera hermanada con la empresa. Más que hermanada, pareciera que sus intereses, que debieran ser los de la nación, están unidos corporalmente con los de la trasnacional y le garantizan impunidad.
Para bien del estado de derecho, es necesario que quienes toman las decisiones en este país volteen hacia Baja California y rectifiquen. Es vital para la vida institucional que se observen los principios constitucionales y se cumplan las leyes y reglamentos en materia ambiental, para garantizar la sustentabilidad de las siguientes generaciones. La autorización de la planta no fue un asunto de Estado, sino de colusión de oscuros intereses que no han dudado en convertir a Baja California en el sótano de máquinas de Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva.
En las últimas semanas la Secretaría de Turismo del gobierno del estado ha confirmado mediante sus propias investigaciones que la instalación de la Terminal de Gas Natural Licuado de Ensenada violenta las normas legales y los planes aprobados por las instancias estatales. Por ello, si ya el propio gobierno del estado ha demostrado la ilegalidad de la instalación de Sempra, ¿qué le falta para cerrar dicha bomba de tiempo?
