San José, 26 de agosto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una audiencia del ciudadano ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor contra Panamá, que sentará un precedente para ayudar a resguardar los derechos de los migrantes sin papeles cuando se emita en seis meses el fallo del juicio.

Ésta es la primera causa sobre derechos de los inmigrantes indocumentados que debe resolver la CIDH, con sede en San José, que cobra relevancia esta semana luego de que en un ejido de Tamaulipas se encontraron 72 cadáveres de presuntos migrantes de Centro y Sudamérica ejecutados por la organización criminal Los Zetas.

Vélez Loor fue detenido en 2002 y condenado a dos años de prisión por entrar sin visa a Panamá mientras intentaba llegar a Estados Unidos. Fue recluido en una prisión de la isla Palma y en el penal capitalino de La Joyita, donde alega sufrió malos tratos incluida una herida en la cabeza.

Vélez aseguró que no se le permitió contactar a su familia, ni al consulado de Ecuador. Busca una reparación moral y el pago del tratamiento médico por las secuelas de la herida sufrida en la cárcel.

Panamá reconoció este jueves una aceptación parcial de responsabilidad internacional y aceptó resarcirlo de la manera que lo dictamine la CIDH, aunque negó que Vélez haya sido torturado por uniformados panameños.

Iana Quadri de Ballard, representante del Estado panameño, admitió que no se le concedió a Vélez Loor el tiempo ni los medios para preparar su defensa. No se le proporcionó abogado de oficio y que fue condenado a prisión por el director nacional de Migración y no por un tribunal.

María Silvia Guillén, representante de la CIDH, comentó que el caso de Vélez es importante porque hoy las Américas se abocan a la necesidad de leyes de migración respetuosas de los derechos humanos, más allá de punitivas.

La CIDH y los abogados de Vélez, que pertenecen a la organización no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aseguran que el fallo sentará un precedente ahora que Arizona puso en vigor una ley que criminaliza a los indocumentados.