Monterrey, NL, 25 de agosto. La inseguridad ha frenado proyectos de inversión y arriesga el crecimiento económico del estado como no hicieron la crisis ni el huracán Álex, afirmó Juan Ernesto Sandoval, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monterrey.

A su vez, el director de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Mario Garza, exigió al presidente Felipe Calderón aumentar de inmediato el número de militares y policías.

Lylia Palacios, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alerta sobre una economía fallida, pues la violencia ha pasado la factura a la actividad productiva al ahuyentar la inversión. Por ejemplo, los narcobloqueos causan a la industria incuantificables pérdidas de horas-hombre.

Existe la percepción de que transitar es inseguro, admitió la delegada estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fanny Arellanes Cervantes. Añadió que la crisis también afecta a las industrias automovilística –que ha reforzado sus medidas para evitar el robo de vehículos– y restaurantera.

El propio gobierno federal impuso a la Secretaría de Desarrollo Social y a otras dependencias nuevos lineamientos de seguridad, extensivos a otras entidades convulsionadas por la violencia, como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, a fin de resguardar a su personal y atender a beneficiarios de los programas Oportunidades y 70 y Más. Las sedes, rutas y fechas de entrega de los subsidios cambiaron, y en municipios es necesaria la custodia de militares.

Hasta los hospitales de Monterrey se han vuelto blanco de la delincuencia: los médicos son víctimas constantes de extorsiones, intimidaciones y secuestros, en muchos casos para revelar datos de sus colegas.

La mayoría de los secuestros en el área metropolitana son cometidos o apoyados por policías municipales, dijo en julio Aldo Fasci Zuazua, presidente de la Red Ciudadana y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con base en el trabajo de un grupo de denuncia anónima que recabó 400 casos en tres meses, casi todos de médicos.

Luis Carlos Treviño Berchelmann, quien hoy está al frente de la dependencia, le exigió denunciar a los agentes implicados; y el secretario de Salud, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, dijo: No hay notificación formal sobre riesgos de seguridad para los médicos.

La lucha contra el crimen prácticamente quedó en manos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, y aunque en mayo el gobierno estatal creó un grupo especial de reacción inmediata, hasta ahora sus logros son la captura de cinco presuntos delincuentes y un halcón (vigía), el rescate de un rehén, la confiscación de siete vehículos y el desmantelamiento de una casa de seguridad, según la prensa local.

Otra iniciativa de la administración del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue adquirir armas de alto poder para los policías adiestrados por el Ejército que aprueben exámenes de confianza.

Además está en curso una limpia de corporaciones policiacas. Hasta mediados de agosto se había despedido a unos 400 elementos. Asimismo Medina firmó un convenio con el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, a fin de unir a más de 100 organizaciones contra la delincuencia y permitir que los ciudadanos participen en la evaluación y diseño de tareas conjuntas.

El Congreso estatal aprobó castigar la entrega de información al crimen organizado e impuso penas hasta de 15 años de prisión y multas hasta de 400 salarios mínimos a quien espíe para la delincuencia.

Los alcaldes intentan colaborar, pero los municipios conurbados no pueden movilizar de inmediato a sus policías para enfrentar los bloqueos, y en los rurales ni siquiera estás completas las corporaciones policiacas.

Hasta julio habían sido destituidos 300 agentes de Monterrey y el alcalde Fernando Larrazábal ofreció un bono de 20 por ciento del sueldo en vales a los elementos que bajen hasta en 15 por ciento la incidencia delictiva en sus sectores; elevó a 12 mil pesos el salario de los policías rasos y ordenó usar sistemas de localización satelital para identificar a las patrullas que ignoren las llamadas en caso de narcobloqueos.

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, creó un grupo rudo contra la delincuencia organizada, y a los seis meses de que éste empezó a operar informó de cero levantones, extorsiones y venta de drogas, pero en abril pasado debió disolverlo porque la Marina detuvo a uno de sus comandantes, Francisco Martínez Cárdenas, hijo del ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez.