uando el mercado sustituye a la asamblea, la política deja de existir. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en el mundo. En algunos países y regiones el fenómeno es más acentuado. A México y, de manera particular, a Nuevo León hay que inscribirlos entre ellos.

La violencia ha cobrado una víctima más en la persona de Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal de Santiago, territorio convertido por la elite empresarial y política de Monterrey en uno de sus suburbios. Por de pronto su ejecución ha sido atribuida al crimen organizado. Pero hoy los ajustes de cuentas mercantiles, personales y políticos pueden saldarse eliminando físicamente a competidores, deudores, rivales familiares o sentimentales y adversarios burocráticos mediante el terrible expediente implantado por los cárteles que se disputan áreas de actividad ilícita y en gran medida impune. Y que así se confundan.

A esa violencia se le ha respondido con acciones interesadas, no con verdaderas políticas de Estado que apunten a su solución. Cuarenta y ocho horas después de que fue secuestrado el alcalde Cavazos Leal, los organismos empresariales de Nuevo León publicaron un desplegado en el que pedían al gobierno federal enviar de inmediato a Nuevo León tres batallones adicionales del Ejército y uno de la Marina; al gobierno estatal limpiar a marchas forzadas los cuerpos de seguridad locales; a los gobiernos municipales apoyar el acuerdo que haga posible el establecimiento del mando único de las fuerzas policiacas, y a todos los ciudadanos a continuar denunciando, comprometiéndose estos organismos a garantizar que la denuncia se mantenga segura y anónima. Cualquier semejanza con la política fallida de Calderón es mera concordancia.

El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, ante el asesinato del presidente municipal de Santiago, no tomó otra medida que pedir al Ejecutivo federal aumentar significativamente el número de activos militares y federales en la entidad. Una concordancia que ya no resulta tan explicable; menos aún cuando Acción Nacional, llamándolo ridículo por sus iniciativas, desde marzo viene pidiendo un referéndum sobre su mandato. No marches, mejor márchate, decía una manta colocada en lugar por demás visible. Ahora otras siguen el mismo tono: Él sí dio la vida, en referencia a uno de los reclames de campaña de Medina de la Cruz que se comprometía a dar la vida por Nuevo León.

El gobierno estatal pareciera no tener otros interlocutores que los empresarios, a pesar de la lluvia de críticas y presiones de que lo hacen objeto, como si él fuera el único responsable de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Sujeto a la visión y decisiones del sector social cuyo interés fundamental es el mercado, el de Nuevo León pierde autonomía y deja de atenerse a la política. La política es fruto de la asamblea y de la necesaria participación plural de la sociedad que en ella delibera libremente y en pie de igualdad para llegar a ciertos acuerdos orientados hacia el bien de la comunidad. Ante lo fallido de su política, Felipe Calderón, aunque sin modificar sus ideas preconcebidas, apenas ha empezado a entender esta práctica. Los empresarios y el gobierno de Nuevo León siguen un camino inspirado en la única medida que conoce el soliloquio del poder económico-burocrático: la intervención de la fuerza.

La lógica de la alianza gobierno-empresarios en el estado no ha producido, como lo mostró fehacientemente el huracán Álex, sino una sociedad construida con base en las deformaciones ligadas a un fin único: el lucro. Ni siquiera la destrucción y la tragedia del meteoro hicieron cambiar la opinión que el propio gobernador había externado: vamos a tener que redireccionar muchos de nuestros presupuestos, replantear los planes que tenemos para poder sacar esto adelante.

¿Qué significa redireccionar? Lo que el propio mandatario estatal se planteó: seguramente los recursos del Fonden no van a ser suficientes para hacer todo. No son suficientes los recursos, pero el gobernador se comprometió a construir la infraestructura necesaria para acceder a un nuevo estadio, mediante la concesión a la trasnacional Heineken-Femsa de 25 hectáreas por 60 años (más de lo que un autor puede mantener los derechos de alguna obra suya en su ámbito patrimonial) de un área verde necesaria para el oxígeno metropolitano. El costo de esa infraestructura equivale a la reconstrucción o rehabilitación de varias decenas de puentes y las avenidas Constitución y Morones Prieto, que son de importancia vertebral en la vialidad de varios municipios del área metropolitana de Monterrey. Por esta razón y otras de orden urbano y ecológico, el gobierno de Nuevo León ha encontrado oposición racional en los ciudadanos preocupados por su ciudad. Pero no ha considerado su causa. El lucro de la minoría de la minoría se ha impuesto sobre la política.

En esas circunstancias es comprensible que los empresarios, que invierten en la gestación, desarrollo y despliegue del crimen organizado por muy diversas vías, se permitan exigir el combate a esa misma violencia con grandes efectivos del Ejército y la Armada de México. Saben que no darán resultados de mayor alcance, como ha quedado demostrado a lo largo del gobierno que ayudaron a ensillar –con calzador– en la Presidencia de la República.

Hasta ahora, la ciudadanía no se ha enterado de que los empresarios se hayan opuesto a la existencia de los lugares donde el crimen organizado se reproduce naturalmente: casinos (Monterrey tiene el mayor número en todo el país) o prostíbulos abiertos o disfrazados (Nuevo León ocupa el segundo lugar en el país en trata de personas); tampoco de que señalen que muchos de sus colegas laven dinero en una miríada de establecimientos comerciales, de servicios, de especulación inmobiliaria, etcétera. Menos aún de que se hayan pronunciado por una mejor distribución del ingreso, por una mejor y más amplia cobertura de la educación pública, por el aumento de áreas verdes, políticas éstas que contribuyen a disminuir la criminalidad.

El hecho es que los empresarios organizados de Nuevo León no tienen autoridad para exigir nada cuando ellos no se han corresponsabilizado en combatir la causa de los efectos que piden erradicar. El drama es que no hay gobierno que los induzca a ello.