Casi cuatro años después de que Felipe Calderón lanzó una ofensiva encabezada por militares contra el narcotráfico, los cárteles meten más droga en Estados Unidos, amasan fortunas mayores y extienden con tal salvajismo su dominio en su país, que porciones de éste se encuentran de hecho sin autoridades.

Los grupos también expanden sus ambiciones más allá del tráfico de drogas, transformándose en imperios criminales involucrados en tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y contrabando de artículos tales como devedés piratas.

Sin arredrarse ante los 80 mil efectivos militares y de la Policía Federal lanzados en su contra, hombres armados atacan con frecuencia a las fuerzas mexicanas en campo abierto. Los Zetas lo hicieron en el norte de México esta primavera, bloqueando cuarteles militares. En junio un grupo que se cree ligado a La Familia emboscó a policías federales en Michoacán y dio muerte a 12 a la luz de la mañana.

Desde diciembre de 2006, cuando Calderón anunció la ofensiva, han perecido más de 28 mil personas. La mayoría, según las autoridades, han sido traficantes y asociados. Pero los civiles inocentes representan una proporción creciente.

Miles de millones de dólares se han gastado en el esfuerzo antinarcóticos, con el entusiasta respaldo de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Calderón y su gabinete afirman que una razón de que el avance sea tan dificultoso es que el problema se dejó crecer demasiado. Prevén que la violencia disminuirá hacia fines de este año.

Sin embargo, informes de inteligencia y entrevistas con autoridades mexicanas y estadunidenses a lo largo de los seis meses pasados han dejado claro que ha fallado el esfuerzo por desmantelar las redes o reducir en forma significativa el flujo de drogas.

El propio Calderón reconoció la amenaza hace poco, en comentarios en una conferencia sobre seguridad nacional: Esta conducta criminal es lo que ha cambiado, se ha vuelto un reto al Estado, un intento por remplazar al Estado.

Los traficantes han aumentado sus envíos de narcóticos al norte de la frontera, y se han vuelto titanes de una industria que según cálculos gana 39 mil mdd al año, casi 20% del gasto anual del gobierno. Han sacado del mercado a competidores para ganar control de los envíos de la mayoría de las drogas ilícitas en el hemisferio: mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas.

Y se han vuelto productores cada vez más importantes, a diferencia de antes, cuando las bandas mexicanas servían sobre todo de introductoras a los productores sudamericanos. Los campos de mariguana y amapola han florecido durante décadas en Sinaloa, pero ahora la producción se ha expandido desde Chihuahua hasta Oaxaca. En Michoacán se han descubierto algunos de los laboratorios de metanfetaminas más grandes del mundo.

En el tiempo que lleva Calderón en la Presidencia Los Zetas y La Familia se han convertido en consorcios. Han alterado el campo de juego al emplear métodos antes impensables, como decapitar o descuartizar a los rivales y exhibir los restos en plazas, esquinas u otros lugares públicos. Alardean de su fuerza poniendo mantas amenazadoras en puentes, colgando cadáveres o atravesando autobuses en arterias claves para detener el tránsito, acciones dirigidas cada vez más a amedrentar a la población.

Bandas con armas militares contrabandeadas desde EU o, como ha reportado The Times, heredadas de las guerras financiadas por Washington en Centroamérica, amenazan ahora o tienen sitiadas vitales ciudades industriales, como Monterrey. El 15 de julio lograron otro hito escalofriante al detonar un coche bomba contra policías federales en Ciudad Juárez, la ciudad más letal del país.

Los cárteles se han diversificado: ahora trafican con personas por sus rutas y elevan sus ingresos con plagios, extorsión y el trasiego de una amplia gama de mercaderías de contrabando, como productos de lujo falsos y animales exóticos.

En vastas regiones de Michoacán, estado natal de Calderón, grupos criminales cobran a dueños de negocios para permitirles trabajar, con lo que usurpan de hecho el papel del gobierno como recaudador de impuestos. El mismo fenómeno se observa en estados fronterizos como Tamaulipas y Coahuila.

Este año, los traficantes lograron por primera vez sabotear operaciones importantes de Pemex, principal fuente de ingresos del país. Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, reconoció ante una comisión del Congreso que el rampante secuestro de trabajadores obligó a cerrar plantas de petróleo y gas licuado en la cuenca de Burgos, una de las sedes más lucrativas de la empresa. Los traficantes llevan años robando petróleo, pero esta vez el objetivo fue detener la producción y controlar la región.

Las familias de los trabajadores secuestrados declararon a The Times que agentes del Estado, fiscales y el Ejército no han podido o no han querido ayudar; las esperanzas de que sus parientes regresen con vida son cada día más tenues.

Se puede tener una vaga idea de la propagación del caos ligado al narcotráfico en todo México al examinar la lista de sitios que el Departamento de Estado aconseja evitar a los estadunidenses. Hace dos años se les advirtió acerca de ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, pero una recomendación emitida en mayo menciona las carreteras que rodean Monterrey, tercera ciudad del país por su tamaño, así como los estados de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas en la frontera, Durango y Sinaloa en el noroeste y Michoacán en el Pacífico.

Las balaceras se han extendido hacia el famoso puerto de Acapulco. Y el alcalde de Cancún, principal destino del turismo internacional, fue detenido en mayo acusado de narcotráfico, en plena campaña para la gubernatura del estado de Quintana Roo.

Una evaluación emitida hace unos meses por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de EU señaló que los cárteles mexicanos continúan representando la mayor amenaza a Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos, con operaciones en más de 2 mil 500 ciudades de EU, son los únicos que trabajan en todas las regiones del país, afirmó. En gran medida han desplazado a los traficantes colombianos e italianos.

El cultivo y trasiego de mariguana mexicana se había duplicado de 2004 a la fecha del informe, hasta casi 23 mil 700 toneladas. La producción de heroína se había cuadruplicado hacia 2008, a unas 41.9 toneladas. Un informe del Departamento de Estado afirmó que el cultivo de amapola volvió a duplicarse entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2009, y que la producción de cannabis había llegado a su nivel más alto desde 1992.

La producción de metanfetaminas también crece, pese a los esfuerzos del gobierno por detener el flujo de químicos precursores. Su disponibilidad en EU ha alcanzado el punto más alto en cinco años.

En cambio la disponibilidad de cocaína al norte de la frontera ha disminuido. El informe estadunidense citó varias posibles explicaciones, entre ellas importantes decomisos en México. También mencionó una caída en la producción en Colombia y un flujo creciente de cocaína a otros mercados.

Colaboradores de Calderón han tomado los datos de la cocaína como indicio de que van ganando la guerra contra los traficantes.

Las tasas de decomisos de mariguana y heroína han sido con frecuencia más altos con Calderón que con sus tres predecesores, según datos oficiales. Sin embargo, en algunos casos el registro de este gobierno no es mejor, y las comparaciones son aún menos favorables al ajustarse al crecimiento del mercado de drogas.

Las fuerzas mexicanas capturaron 74.2 toneladas de cocaína en los primeros dos años del actual gobierno. De no ser por un decomiso sin precedente de 25.9 toneladas en Manzanillo en noviembre de 2007, el total sería casi igual al monto confiscado en periodos similares con Vicente Fox y de Ernesto Zedillo a mediados de la década de 1990, y mucho menos de las 98.6 toneladas incautadas con Carlos Salinas en 1989 y 1990.

Sólo dos capos del más alto nivel han perecido: Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Las autoridades arrestan ahora más sospechosos, casi 78 mil desde el principio de la era de Calderón hasta enero pasado. De ellos, casi 90% eran vendedores callejeros, vigilantes y otros ayudantes de bajo nivel. Pero sólo a 2% se les consignó y procesó por un delito, según cifras oficiales. Los demás permanecen en la cárcel preventiva o fueron liberados.

La distribución de arrestos ha sido dispar. Menos de mil de las 53 mil detenciones ligadas al narcotráfico estudiadas en un reporte de Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado y profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, eran de colaboradores del cártel de Sinaloa, el más antiguo y poderoso.

Estos datos han llevado a muchas personas en México a concluir que el gobierno de Calderón trata con lenidad a los traficantes de Sinaloa, cuyo líder es el fugitivo más buscado en el país, el multimillonario Joaquín El Chapo Guzmán. El motivo, según se argumenta, es reducir la violencia al permitir que un grupo resulte vencedor. Calderón ha negado con vehemencia que exista favoritismo. En fechas recientes, funcionarios han enfrentado las acusaciones destacando el deceso de Coronel, figura de alto nivel en el cártel sinaloense, el 29 de julio.

Es inevitable un aumento de la violencia

Por ahora, advierte Guillermo Valdés, jefe de la agencia nacional de inteligencia, los mexicanos tendrán que aceptar que un aumento de la violencia es inevitable.

“Hemos avanzado en el despliegue de fuerzas y en reducir la capacidad operativa del crimen organizado –afirmó en una rara aparición pública este mes–. Pero no hemos logrado el objetivo de restablecer las condiciones normales de vida en regiones afectadas por el crimen organizado.”

Funcionarios e instituciones siguen amenazados, en particular alcaldes de ciudades pequeñas y poco protegidas, miembros de cabildos y jefes policiacos.

Un día después de que Calderón publicó la defensa de su estrategia contra el crimen, residentes de Nayarit estaban al borde del pánico. Balaceras recientes habían dejado más de 30 muertos y circulaban rumores en Internet de que las escuelas eran blanco de ataques.

En otros tiempos esa amenaza hubiera resultado ridícula. Ya no. El gobernador, Ney González Sánchez, canceló el año escolar tres semanas antes de la fecha oficial para evitar la sicosis pública.

Fuente: EIU

Traducción de textos: Jorge Anaya